Una iniciativa ciudadana para prohibir las importaciones de los asentamientos israelíes avanza en la UE

La Unión Europea ha dado luz verde al lanzamiento de una iniciativa ciudadana que busca prohibir las importaciones desde los asentamientos israelíes en territorio ocupado palestino. Un centenar de organizaciones de la sociedad civil han emprendido una campaña para la recogida de al menos un millón de firmas en los 27 Estados de la UE. Su objetivo es que la propuesta popular que promueven desde esta semana lleve a la Comisión a aprobar una legislación que vete el comercio con entidades declaradas ilegales, según el derecho internacional. De promulgarse esta normativa —una posibilidad incierta ante la patente división entre los países europeos sobre la política de Israel en los territorios palestinos— será de aplicación también en casos como el Sáhara Occidental o las zonas de Ucrania bajo control de Rusia (Crimea y el Donbás).

El lunes se publicó en la web oficial de la Unión la iniciativa ciudadana europea Garantizar la conformidad de la política comercial común con los tratados de la UE y con el derecho internacional, que impulsa desde hace tres años la coalición Stop trade with the sttelments (Alto al comercio con los asentamientos). La Comisión Europea rechazó al principio la propuesta al considerar que implicaba la imposición de sanciones. El Tribunal de Justicia de la UE le enmendó la plana poco después y estableció que la iniciativa solo conllevaba medidas comerciales genéricas. El Ejecutivo comunitario se vio obligado a registrarla en septiembre del año pasado y admitir, de paso, su competencia para regular las importaciones desde asentamientos considerados ilegales.

Israel conquistó por las armas en 1967 los Altos del Golán (meseta siria que se anexionó en 1981), la franja de Gaza (que evacuó en 2005), Jerusalén Este (anexionado en 1980 y donde viven más de 200.000 israelíes) y Cisjordania, que califica de “territorio en disputa”, sobre el que la Autoridad Palestina ejerce control parcial en apenas un tercio de su superficie, y habitado por unos 450.000 colonos en más de dos centenares de asentamientos.

En el fallido plan presentado hace dos años por el entonces presidente de EE UU, Donald Trump, Israel recibió el visto bueno para incorporar a su soberanía hasta un 30% de Cisjordania (todos los asentamientos y el valle del Jordán). La posición de la comunidad internacional, sin embargo, apenas ha variado en el último medio siglo. Como reiteró por última vez en 2016 la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, “el establecimiento de los asentamientos no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional”.

“Las colonias arrebatan ilícitamente tierras y recursos de la población local”, asegura Bruno Stagno, director de defensa legal de Human Rights Watch, una de las ONG que encabeza la iniciativa ciudadana europea. “Ningún país debe ser autorizado a comerciar con bienes derivados de la usurpación, el desplazamiento forzoso y la discriminación”, sostiene Stagno en un comunicado de la organización.

Para prosperar, la propuesta deberá sumar un mínimo de un millón de firmas recogidas en al menos siete países de la Unión. Por ejemplo, en España se tendrá que superar el listón de las 41.595 rúbricas, revisadas y validadas por la Comisión, antes de que pueda aspirar a incorporarse a la legislación europea. En la información ofrecida en la página web de la campaña se precisa su alcance: “Esta ley se aplicará a territorios ocupados en cualquier lugar, entre ellos los palestinos y los asentamientos israelíes ilegales que incluyen. La norma también servirá para enviar una poderosa señal en todo el mundo de que la UE no va a recompensar las agresiones territoriales con beneficios comerciales”.

“Somos conscientes de que vamos a tener que afrontar muchos obstáculos políticos, y que tendremos que hacer grandes esfuerzos para incluir el proyecto legal en la agenda oficial de la UE”, reconoce en Jerusalén la politóloga Ines Abdel Razek, directora de defensa legal del Instituto de Diplomacia Pública Palestina, otra de las organizaciones que promueve la iniciativa ciudadana. La presencia de países como Hungría, estrechamente alineados con los intereses de Israel, anticipa una difícil tramitación de la propuesta popular. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos.

“Los Estados miembros no acatan la normativa sobre etiquetado”, recuerda Abdel Razek, exasesora de la Unión por el Mediterráneo, sobre la obligación impuesta por la UE de identificar a partir de 2015 el origen de los bienes importados desde los territorios ocupados palestinos. Vino, dátiles y cosméticos con tierras del mar Muerto son los principales productos de las colonias israelíes en los comercios de la Unión. “Ya no resulta suficiente para que la política comercial europea cumpla realmente con el derecho internacional”, argumenta la analista palestina. Un estudio de Middle East Project publicado este mismo mes refleja que solo el 10% de los vinos procedentes de bodegas en asentamientos de Cisjordania o los Altos del Golán cumple con esa obligación, que fue refrendada en 2019 por la justicia de la UE.

Después de que Airbnb diera marcha atrás en 2019 a su decisión de dejar de ofrecer en la plataforma digital alojamientos turísticos en los asentamientos de Cisjordania, el fabricante de helados Ben & Jerry’s, también estadounidense, anunció en 2021 la exclusión de la venta de sus productos a las colonias judías. La economía ha abierto un nuevo frente en el conflicto palestino-israelí, marcado por más de medio siglo de ocupación.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia Tom Moerenhout es el principal responsable de la última iniciativa ciudadana, de acuerdo con la información ofrecida en la web oficial de la UE. Este experto en legislación económica internacional advierte de que “Europa ha sido inconsistente en su sometimiento al Estado de derecho (...) y ahora la Comisión tiene que admitir su capacidad de dictar normas para detener el tráfico comercial con los asentamientos ilegales”, según un comunicado de la campaña. La amplitud de la definición de los objetivos hace extensible la propuesta legislativa popular a los territorios ocupados por Rusia en la región de Transdniéster, en Moldavia, o en Crimea y el Donbás, en Ucrania.

La iniciativa legal ciudadana recién lanzada también será de aplicación a la excolonia española del Sáhara Occidental, que en su mayor parte se halla bajo control marroquí desde 1975. El pasado mes de septiembre, el Tribunal General de la UE ordenó anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Rabat y Bruselas al fallar sobre los recursos presentados por el Frente Polisario. A falta de una resolución final, la justicia europea dictamina que esos acuerdos económicos afectaban a un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos y en su firma no se tuvo en cuenta el consentimiento del pueblo saharaui.

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