Una inquilina vio un resplandor ambarino parpadeando a través de la ventana de su dormitorio. Otro ocupante, quien despertó apenas pasada la medianoche a causa del griterío, puso la mano en la pared y la sintió caliente.

Un costado del edificio de apartamentos donde vivían estaba envuelto en llamas. Agarraron a sus hijos y bajaron huyendo por escaleras oscuras.

“Había tanto humo que sentimos que nos ahogábamos”, relató Lucía Mateo Pérez. En cuestión de minutos, la habitación donde su hijo pequeño había dormido se convirtió en un horno.

Mientras el fuego devoraba las paredes de tablilla de la vieja pensión, las llamaradas saltaron al edificio de al lado, incinerando el techo. Una alarma general convocó a todas las estaciones de bomberos a combatir el fuego en New Bedford, una ciudad litoral en la costa sur de Massachusetts.

El incendio del 19 de abril en la avenida Acushnet puso en evidencia las dificultades de una comunidad muy unida de inmigrantes durante la pandemia. La mayoría de los inquilinos de dos edificios que quedaron destruidos eran inmigrantes mayas de las tierras altas de Guatemala, muchos de ellos trabajadores de las plantas empacadoras de mariscos de la ciudad portuaria. Dos hombres murieron y 40 personas fueron desplazadas de los apartamentos atestados, de acuerdo con los bomberos.

Aunque la economía de la ciudad está en recuperación, muchas familias inmigrantes subsisten a duras penas en New Bedford. Las perspectivas futuras de estos trabajadores, quienes demostraron ser una fuerza laboral necesaria y resiliente para la industria local de mariscos durante la crisis, están estrechamente vinculadas al vasto proyecto de ley de política social del presidente Joe Biden, el cual ronda los 2 billones de dólares y se debate ahora en el Senado. Debido a que muchos de los inmigrantes son indocumentados, fueron excluidos de la mayor parte de la ayuda federal por el coronavirus.

Los inmigrantes no fueron incluidos en miles de dólares de pagos indispensables para ellos, a pesar de que estaban trabajando en una industria alimentaria esencial y pagando impuestos. Como consecuencia, esta ayuda no llegó a un grupo especialmente vulnerable de estadounidenses: sus hijos, la mayoría de los cuales son ciudadanos porque nacieron en los Estados Unidos.

El amplio proyecto de ley que la Cámara de Representantes aprobó el 19 de noviembre incluye 700.000 millones de dólares en asistencia para familias trabajadoras, de los cuales 200.000 millones son para pagos directos a través de créditos tributarios. Biden dijo que uno de sus objetivos es reducir la pobreza infantil a la mitad.

Que el presidente estadounidense alcance esa meta o no, podría depender de lugares como New Bedford, considerado por funcionarios de la ciudad como el puerto pesquero comercial más grande de los Estados Unidos y la capital de la vieira del mundo. Según los académicos, si el Congreso aprueba la propuesta sin ampliar el acceso para los inmigrantes, alrededor de 4.9 millones de familias de estatus mixto —es decir, las que incluyen jefes de familia indocumentados y niños ciudadanos estadounidenses— podrían quedar excluidas de la ayuda otra vez.

Hasta 1.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses de las familias de ingresos más bajos —o sea, uno de cada cinco niños que viven en la pobreza— quedarían fuera del afán de Biden de ayudar a los pobres más jóvenes, según una investigación de Roberto Suro y Hannah Findling de la Universidad del Sur de California. Estas familias enfrentan una penosa brecha de ingresos en comparación con aquellas con ciudadanos estadounidenses como jefes de familia que se mantuvieron a flote con la ayuda de pagos federales directos durante los tiempos de escasez de la covid-19.

Los trabajadores de la industria pesquera llegan antes del amanecer a las plantas que bordean la costa, poniéndose guantes y batas plásticas sobre capas dobles de suéteres para contrarrestar el frío helado. Los hombres levantan las cajas de vieiras, bacalao, lenguado y eglefino. Las mujeres trabajan de pie en las líneas de producción, blandiendo cuchillos afilados y pequeñas pinzas. Con sus manos expertas, limpian, deshuesan y filetean los pescados, hora tras hora, y clasifican y miden vieiras, cuidando de que no se les pase ninguna en mal estado.

Los trabajadores hablan con orgullo de los mariscos que empacan para las mesas estadounidenses. En los primeros días de la pandemia en 2020, las autoridades federales designaron a las plantas de mariscos como industrias esenciales, y estas permanecieron abiertas mientras otros negocios tuvieron que cerrar. No obstante, se dio una creciente preocupación entre los funcionarios de salud pues los trabajadores se resistían a informar a sus lugares de trabajo si se sentían enfermos.

En abril, con la propagación del virus y los cierres de restaurantes por todas partes, las plantas de mariscos también cerraron, a veces durante semanas. Los trabajadores no autorizados, que no son elegibles para el seguro de desempleo, agotaron rápidamente sus fondos. Hicieron fila en los bancos de alimentos, pasaron días a base de cereal de desayuno y sándwiches y se atrasaron en el pago del alquiler.

Las familias con problemas de dinero se metieron de dos en dos y de tres en tres en destartalados apartamentos de madera donde se han albergado generaciones de inmigrantes que trabajan en la industria pesquera. El hacinamiento se intensificó a medida que los niños en edad escolar se quedaban atrapados en casa todo el día con las clases en línea.

Tan pronto como las plantas de mariscos reabrieron, los trabajadores inmigrantes volvieron a sus puestos.

El incendio de la avenida Acushnet fue provocado accidentalmente por “materiales de fumar” —probablemente una colilla de cigarrillo— arrojados desde una ventana superior al callejón entre los dos edificios, dijo Scott Kruger, jefe de bomberos.

Cuando se declaró la pandemia en marzo de 2020, los miembros del Centro de Desarrollo Económico Comunitario (CEDC) crearon un grupo de WhatsApp con más de 200 inmigrantes en New Bedford. El grupo se convirtió en un espacio donde la comunidad intercambiaba información y ofrecía apoyo. Corinn Williams, la directora ejecutiva del centro, compartió estos textos con The Marshall Project. Los números telefónicos han sido removidos. Las respuestas del CEDC son las que aparecen en color naranja.

De acuerdo con los oficiales de bomberos, las alarmas de incendio del edificio del lado sur habían expirado o parecían haber sido desactivadas. Los inquilinos del tercer piso dijeron que corrieron hacia la salida de emergencia, pero la encontraron bloqueada por un sofá y un escritorio. Una familia con una madre embarazada se escapó por una ventana trasera, saltando sobre las llamas hacia un rellano contiguo.

Después de luchar hasta el amanecer para contener las brasas persistentes, los bomberos encontraron en el piso superior a los dos hombres que perdieron la vida. Ese edificio quedó calcinado y el otro fue declarado en ruinas y demolido.

Para Lucía Mateo Pérez, el incendio fue perturbador. Según dijo, cuando ella tenía seis años los soldados del Gobierno guatemalteco vinieron a capturar a su padre, un activista que defendía los derechos de los agricultores mayas en la provincia montañosa de Quiché. Al no encontrarlo, incendiaron la casa de la familia y prendieron fuego al cabello de Mateo con un fósforo. Ella quedó parcialmente calva a causa de esa quemadura de la infancia.

Esta vez, ella mide el daño en términos de las horas de trabajo remunerado que tuvo que hacer para comprar cada artículo que perdió.

“Trabajamos muy duro para establecernos”, comentó Mateo. “Teníamos nuestras cosas, un sofá, una mesa, una computadora, zapatos, ropa de bebé. Nos quedamos sin nada”. En su momento, ella fue una trabajadora indocumentada de la industria pesquera, pero le aprobaron la solicitud de asilo en 2019, justo antes de la pandemia. Debido a su estatus legal, habla con su nombre completo sin temor a ser deportada.

“Hasta el día de hoy seguimos luchando contra ese incendio”, dijo. Durante la pandemia, los alquileres se han disparado y los propietarios piden 1,400 dólares al mes por apretujadas trampas mortales. Ahora ella vive en un espacio con cuatro pequeñas habitaciones que alberga a siete adultos y tres niños, en condiciones más hacinadas que antes.

Ella quiere algo mejor para su hijo estadounidense, nacido en Massachusetts, que tiene cuatro años. “Nunca tuve una infancia de jugar con muñecas ni bloques de Lego”, dijo. “No quiero que mi hijo pase por la terrible discriminación que yo tuve que vivir”.

Para T. S., una trabajadora guatemalteca indocumentada de la industria pesquera, las pérdidas más dolorosas que ocasionó el incendio fueron los utensilios de cocina que usaba para preparar sus famosos tacos, el juguete de Mickey Mouse de su hijo de cuatro años y la computadora portátil de la escuela de su hijo mayor, que tiene 13 años. Ambos niños son ciudadanos estadounidenses.

Grupos de inmigrantes locales contribuyeron con donaciones de alimentos y ropa, mientras que la Cruz Roja y el Ejército de Salvación ofrecieron alojamientos de emergencia. Pero cuando la caridad se agotó, T. S. dijo que nunca pensó en buscar ayuda del Gobierno.

“Como no tenemos papeles, no podemos simplemente ir a pedir ningún tipo de ayuda”, comentó T. S., quien pidió que su nombre no se publicara debido a su estatus migratorio. “Gracias a Dios volví a trabajar”.

El impacto del incendio se extendió más allá de los sobrevivientes y afectó a docenas de familias en New Bedford. El siniestro destruyó las oficinas del Centro de Desarrollo Económico Comunitario, una organización de asistencia a inmigrantes y un centro comunitario de larga data que se ubicaba en uno de los edificios arrasados. Corinn Williams, la directora ejecutiva, observó con pena desde el otro lado de la calle mientras las llamas y el agua destruían expedientes llenos de registros demográficos de familias a las que habían ayudado durante dos décadas. Entre los documentos perdidos había montones de declaraciones de impuestos que su personal había preparado recientemente.

Ya sea que tengan documentos legales o no, muchos trabajadores inmigrantes presentan declaraciones de impuestos anuales.

Para mantener una mano de obra flexible y de bajo costo en una industria estacional, las plantas de mariscos emplean a pocos empacadores de forma directa. En su lugar utilizan agencias de personal temporal que contratan trabajadores y los envían a las empresas en función de la demanda. Las agencias de personal generalmente pagan el salario mínimo y proporcionan menos beneficios.

Es un secreto a voces en el puerto marítimo que las agencias de personal son menos rigurosas para verificar los documentos de identidad de los inmigrantes y confirmar si tienen permisos de trabajo.

Las agencias pagan a los trabajadores con cheques semanales y les hacen las deducciones regulares por el seguro de desempleo, el seguro social, Medicare y otros impuestos.

Los trabajadores de la industria pesquera dicen que están claramente divididos en dos clases de obreros. En un nivel privilegiado están aquellos que tienen un número de seguro social válido o un sócial, como le dicen en español. Los inmigrantes con estatus legal, como una green card —tarjeta de residencia permanente—, y los solicitantes de asilo que han obtenido permisos de trabajo reciben números de seguro social que indican que están legalmente autorizados para trabajar.

Luego están los trabajadores indocumentados que no tienen un sócial. Aún así, ellos pueden presentar sus declaraciones de impuestos usando un identificador creado por las autoridades tributarias del IRS, llamado número de identificación personal del contribuyente o ITIN, por sus siglas en inglés.

Algunos trabajadores indocumentados presentan declaraciones de impuestos con la esperanza de recibir reembolsos muy necesarios. Otros dicen que quieren cumplir con sus obligaciones para estar listos en caso de que el Gobierno les dé la oportunidad de legalizar su situación migratoria algún día. El IRS ha informado que los declarantes que usan un número de contribuyente pagan más de 9.000 millones de dólares anuales en impuestos sobre la nómina.

Sin embargo, los inmigrantes que presentan declaraciones de impuestos usando un número de contribuyente quedan descalificados de la mayoría de los programas federales, aun si sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Durante la pandemia, cuando el IRS se convirtió en la agencia líder para distribuir fondos de ayuda, el impacto de las exclusiones fue severo.

“Eran dos mundos diferentes”, dijo Joselyn Feliciano, una especialista en impuestos del Centro de Desarrollo Económico Comunitario. “Por un lado están los que tienen número de seguro social, que están bien, que se quedan en casa, que la pasan bien. Y por otro lado están los trabajadores de la industria pesquera levantándose, yendo a las fábricas, poniéndose en peligro, enfermándose, viendo sus horas de trabajo reducidas”.

Como los inmigrantes indocumentados no eran elegibles para el seguro de desempleo, también perdieron las bonificaciones federales por coronavirus durante la pandemia. Aparte de los beneficios regulares, los trabajadores sin empleo elegibles recibieron 600 dólares adicionales por semana en 2020 y 300 dólares por semana en 2021.

Los inmigrantes que presentan declaraciones de impuestos con un número de contribuyente no pueden reclamar el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, que beneficia a las familias de bajos ingresos. Durante la pandemia, una familia de cuatro personas elegible para dicho crédito podía recibir hasta 5,980 dólares al año en ayuda federal.

Las familias de esos declarantes también fueron descalificadas de las dos primeras rondas de pagos de estímulo económico. En la tercera ronda, que ocurrió en marzo, los hijos con números de seguro social podían recibir pagos como dependientes. Las familias de cuatro personas elegibles para las tres rondas de estímulo económico recibieron hasta 11.400 dólares.

Como ejemplo, tómese el caso de una familia de cuatro personas con dos niños ciudadanos estadounidenses y un ingreso anual de 24,000 dólares, que es el que declaran muchos inmigrantes que trabajan en la industria de los mariscos. Durante el transcurso de la pandemia, suponiendo que las dos personas que sostienen a la familia recibieron ocho semanas de seguro de desempleo, la diferencia en ayuda federal recibida por una familia donde ambos padres eran ciudadanos y otra donde ambos eran inmigrantes indocumentados fue de al menos 35,470 dólares, según un análisis realizado para The Marshall Project por el Instituto de Tributación y Política Económica, el ITEP, una organización sin fines de lucro ni filiación partidaria que estudia la política tributaria. Esa cifra es considerablemente más alta que lo que gana la mayoría de los trabajadores de la industria pesquera en un año.

Algunas familias inmigrantes que eran elegibles nunca recibieron pagos. Los retrasos burocráticos relacionados con la covid y los obstáculos tecnológicos en el IRS fueron demasiado para los inmigrantes cuyo idioma principal es el quiché.

La comunidad trató de arreglárselas con la ayuda mutua. El centro comunitario de Williams no perdió tiempo en reabrir y operó en una abarrotada aula escolar prestada para que el personal pudiera reconstruir expedientes, reenviar declaraciones de impuestos y reanudar la conexión entre los inmigrantes y los programas locales. Las iglesias, los grupos de trabajadores y las organizaciones de inmigrantes contribuyeron con alimentos, asistencia de alquiler y computadoras portátiles para los niños que recibían clases en el hogar.

Para reponer los ingresos perdidos, la gente cocinaba recetas populares de sus países de origen para venderlas de boca en boca o por Facebook. Aprovechando el conocimiento agrícola de sus vidas anteriores, los inmigrantes encontraron parcelas de tierra en los linderos de la ciudad para cultivar tomates, calabazas y hierba mora guatemalteca para vender en la ciudad. Las casas se convirtieron en talleres textiles donde los inmigrantes cosían bolsos y chaquetas para niños para venderlas a mayoristas.

Pero para T. S. y otros trabajadores de la industria pesquera, la solución elemental fue seguir recibiendo los cheques de pago. Siendo una mujer alegre cuya devota fe católica eleva su espíritu, T. S. dio gracias al cielo todos los días por su trabajo. Ella lleva más de cuatro años en el mismo puesto y con la misma empresa como trabajadora temporal de una agencia de personal.

Según dijo, de las dos docenas de compañeros de la línea de empaque de vieiras donde trabaja, ella fue la única que no se enfermó de covid-19 cuando el virus se propagó el año pasado. Cuando las casas pesqueras reabrieron después del cierre, el Gobierno municipal y las compañías de mariscos tomaron medidas para mejorar los protocolos sanitarios en las plantas y ella se sintió más segura. T. S. comentó que ahora la mayoría de sus compañeros de trabajo están vacunados. Pero la compañía ya no proporciona mascarillas, por lo que ella debe comprar las suyas.

La escasez de mano de obra ha venido causando un incremento salarial en Massachusetts, pero no para los trabajadores de la industria pesquera, cuyos ingresos por hora han mejorado únicamente cuando el Estado ha ordenado aumentos en el salario mínimo.

La producción de vieira ha subido y bajado, al igual que los ingresos de T. S. Su turno de trabajo comienza a las 6 de la mañana, pero ella nunca sabe qué tan corto o largo será cada día. “Nunca sabemos cuántas horas nos darán”, comentó.

T. S. no se queja. Los inmigrantes de New Bedford no han olvidado una redada que tuvo lugar hace más de una década. En marzo de 2007, los agentes de inmigración irrumpieron en la fábrica textil de Michael Bianco y detuvieron a más de 350 inmigrantes. Muchos fueron deportados. Las familias quedaron separadas permanentemente ya que los padres tuvieron que dejar a sus hijos atrás creciendo solos.

“En este país no somos libres”, dijo T. S. “En cualquier momento pueden venir a llevarme y mis hijos se quedarían aquí sufriendo. Si tuviera un sócial, a lo mejor sería diferente”, dijo. “Pero como no lo tengo, estoy en las manos de Dios”.

Los padres indocumentados se sienten frustrados porque sus limitaciones hacen rezagar a sus hijos, especialmente a los nacidos en los Estados Unidos. A medida que el dinero se fue acabando, los niños de familias con bajos recursos fueron llamados a colaborar. Cocinaban, limpiaban y cuidaban a sus hermanos menores mientras trataban de asistir a la escuela virtual. Los adolescentes tomaron trabajos en plantas pesqueras, conectándose desde las líneas de empaque a sus clases de secundaria por medio de teléfonos celulares.

El hijo mayor de T. S., Y. R., estaba a punto de concluir el séptimo grado de forma virtual cuando perdió su hogar en el incendio.

“Fue triste, fue deprimente, fue mucho que asimilar”, dijo Y. R., quien también pidió que su nombre no fuera publicado. Dijo que prefirió no contarle a ninguno de sus compañeros de secundaria sobre el desastre ni por qué faltó a clases durante una semana. No quería llamar la atención sobre la situación de su familia inmigrante.

“No se lo dije a nadie principalmente porque no me sentía cómodo contándoles”, explicó.

Para ayudar a superar la adversidad, Y. R. dice que se mantuvo al día con sus tareas escolares y en septiembre regresó ansiosamente al octavo grado en modo presencial. También hizo todos los quehaceres que su madre le ordenó.

“Es mi mamá”, dijo. “La ayudo en todo lo que ella necesite que yo haga”.

Una excepción significativa a las exclusiones para los contribuyentes indocumentados es el Crédito Tributario por Hijos, un programa popular que llega a más de 35 millones de hogares estadounidenses. Por ley, los contribuyentes que presentan declaraciones de impuestos con un número de identificación pueden recibir el crédito si tienen hijos que son ciudadanos o residentes legales con números de seguro social. Pero hasta la pandemia, el crédito por hijos proporcionaba poco dinero a los que ganaban menos. Los inmigrantes tenían miedo de solicitarlo.

El presidente Biden ha convertido el Crédito Tributario por Hijos en una pieza central de sus ambiciones contra la pobreza. En el paquete de rescate por el coronavirus que promulgó en marzo, el cual ronda los 1.9 billones de dólares, el monto del crédito fue aumentado temporalmente. De manera crucial, se autorizó al IRS a pagarlo como un reembolso por adelantado, incluso a las familias de ingresos más bajos, y a hacer depósitos mensuales directamente a las cuentas bancarias sin que las familias tuvieran que solicitarlo. Una familia con dos niños elegibles menores de seis años podría recibir hasta 7,200 dólares. Actualmente, en el Congreso se debate si el plazo del aumento se ampliará y por cuánto tiempo.

Para los inmigrantes de New Bedford que presentaron declaraciones de impuestos con un número de contribuyente, los depósitos de 300 dólares por cada uno de sus hijos nacidos en Estados Unidos que aparecieron en sus cuentas bancarias en agosto parecían milagros. Las familias compraron zapatos nuevos para los estudiantes que regresaban a la escuela en modo presencial. Adquirieron medicamentos recetados que habían tenido que suspender y pagaron facturas atrasadas por el cuidado de niños enfermos. Pagaron el alquiler que debían para evitar los desahucios.

Para los sobrevivientes del incendio, el dinero sirvió para comprar una mesa o una silla.

El proyecto de ley de la red de seguridad social que fue aprobado por la Cámara de Representantes extendería el aumento del Crédito Tributario por Hijos durante un año más, a la vez que lo haría reembolsable permanentemente, hasta para las personas con menores ingresos. También ampliaría el acceso a los niños nacidos en el extranjero, revocando una prohibición impuesta en 2017 por el presidente Donald Trump sobre los jóvenes inmigrantes indocumentados que no tienen número de seguro social.

El proyecto de ley que la Cámara aprobó en noviembre también incluye un plan mucho más amplio que proporcionaría protección contra la deportación y permisos de trabajo —con sócial— por un plazo de hasta diez años para los inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante más de una década.

Los senadores demócratas tienen la esperanza de aprobar el proyecto de ley antes de que termine el año mediante un proceso denominado reconciliación, que no requeriría votos republicanos en un Senado dividido en dos partes iguales. Hasta el momento ha habido pocas discrepancias entre los demócratas sobre las disposiciones del Crédito Tributario por Hijos. Sin embargo, el plan de inmigración se enfrenta a grandes trabas procesales. Los republicanos han dicho que se opondrán unánimemente al paquete entero.

El resultado del debate tendrá un impacto directo sobre Diego G., de 13 años, un sobreviviente que únicamente pudo salvar un par de Crocs del incendio en la avenida Acushnet. Es el mayor de cuatro hermanos nacidos en Estados Unidos, incluyendo una hermanita nacida en octubre.

Su madre guatemalteca es residente legal con un sócial. Los pagos de ayuda por coronavirus que ella recibió ayudaron a la familia a sobrevivir lo peor de la pandemia sin pasar hambre. El padre vino de Guatemala hace 20 años, pero su complejo caso de inmigración está estancado y no se le ha otorgado un permiso de trabajo. Recientemente, un dolor muscular debilitante, que no fue tratado durante la pandemia, le está impidiendo trabajar en la industria pesquera. Ahora la madre de Diego tiene que quedarse en casa cuidando a la bebé, por lo que ambos padres están sin trabajo. Los ingresos de su padre hacen mucha falta.

“Es bastante difícil para mí”, mencionó Diego. “Él no puede comprarnos útiles escolares, zapatos, ropa para mí y mis hermanos”.

A Diego le preocupa que su padre no pueda proveer las cosas que él y sus hermanos necesitan, a pesar de que son ciudadanos estadounidenses como la mayoría de sus compañeros de escuela. El niño hace una pregunta elemental: “¿Cómo va a conseguir dinero para nuestra comida?”.

Este artículo se ha publicado en colaboración con The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal de Estados Unidos, y The New Bedford Light.

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