Human Rights Watch advierte de que el Gobierno debilita la protección de los líderes sociales en Colombia

La reacción del Gobierno de Iván Duque ante el incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales en Colombia durante sus más de tres años de mandato ha sido lenta e insuficiente. Human Rights Watch (HRW) ha señalado en el pasado que los programas gubernamentales para prevenir esos asesinatos tienen deficiencias y que, sin medidas eficaces, es probable que más defensores de derechos humanos sean asesinados y sus comunidades queden indefensas. Ahora, advierte que un nuevo decreto del Ejecutivo debilita la protección de las personas en riesgo.

El panorama es alarmante. Aunque el acuerdo de paz que sellaron el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años incluye iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos, esos crímenes aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon el vacío que dejaron los rebeldes y comenzaron a disputarse el control de los territorios y las economías ilegales. Solo en lo que va de este año, 130 líderes sociales han sido asesinados a lo largo y ancho de Colombia, uno cada tres días, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. También ha sido por dos años consecutivos el país donde han asesinado más ambientalistas, 65 solo en 2020, de acuerdo con la ONG Global Witness.

En ese contexto, el Gobierno colombiano aprobó a finales de septiembre un decreto para modificar los mecanismos de protección para personas en riesgo. Por ser un asunto aparentemente técnico, las consecuencias de esa medida han pasado desapercibidas. Pero el análisis de HRW advierte que limita la información para tomar decisiones sobre a quién proteger, socava la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce las medidas de protección colectiva. “El efecto más grave es que en Colombia, que es el país de América Latina donde más líderes sociales han asesinado en los últimos años, va a haber más líderes amenazados sin protección debido a esta decisión”, señala Juan Pappier, investigador senior de HRW.

El Gobierno de Duque ha hecho una implementación muy pobre de todos los mecanismos que hay en Colombia para proteger líderes sociales, el único que realmente estaba implementando era la Unidad Nacional de Protección (UNP), explica el investigador. Eso había sobrecargado a la UNP, de manera que el Ejecutivo busca reformarla para, en teoría, hacerla más eficiente. “En realidad lo que están haciendo es que las decisiones que se toman dentro de la UNP sobre a quién proteger y a quien no, y cómo hacerlo, se van a tomar con peor información. Se va a traducir en malas decisiones”, subraya Pappier.

Antes, se tomaban con información de varias entidades del Estado, algunas con presencia sobre el terreno, y se podían discutir con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Pero el decreto elimina el Grupo de Valoración Preliminar, y eso lleva a que ahora el principal peso para decidir quien recibe protección recae en los analistas de la UNP, que suelen haber pertenecido a la policía o al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en muchos casos operan desde Bogotá con una visión más limitada y a menudo carecen de información detallada sobre los riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia. Esto podría agilizar las decisiones de la UNP, pero también impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país.

Los reparos al decreto no acaban allí. La medida también establece por primera vez una vigencia de un año para las medidas de protección colectiva de la UNP, cuyo propósito debe ser modificar las condiciones de desprotección más allá de un plazo fijo. Además, aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo. “Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos, sin duda hacen falta reformas a los mecanismos de protección, pero este decreto en lugar de fortalecerlos constituye un retroceso”, valora Pappier en un llamado a derogarlo.

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