El militar israelí que exigía sexo a mujeres palestinas a cambio de permisos de trabajo

La acosó sexualmente, la violó y la obligó a fregar el suelo antes de acceder a concederle un permiso de trabajo en Israel. El caso del militar que exigía favores sexuales a mujeres palestinas a cambio de las preciadas autorizaciones laborales y de entrada en territorio israelí ha salido a la luz tras más de cuatro años de batalla legal librada por Yedioth Ahronoth. El diario de mayor circulación en la prensa hebrea logró el miércoles que el Tribunal Militar de Apelaciones levantara parcialmente el secreto impuesto sobre el sumario que desembocó, a comienzos de 2017, en la condena de un comandante a 11 años de cárcel por violación y abusos sexuales. Desde entonces, la mordaza de la censura militar que rige sobre los medios de comunicación en Israel había impedido conocer detalles que ahora se hacen públicos. La justicia castrense había esgrimido hasta ahora la necesidad de “preservar la seguridad nacional” para imponer la ley del silencio.

Los hechos se produjeron entre 2013 y 2015, cuando el oficial encausado y condenado ejercía como responsable de la concesión de permisos de trabajo y entrada en Israel en la Administración Civil del Ministerio de Defensa, el órgano que gestiona las relaciones con los ciudadanos de los territorios palestinos, ocupados desde 1967. Conseguir una autorización laboral en Israel –concedida en la actualidad a unos 130.000 trabajadores de Cisjordania y a otros 10.000 de la franja de Gaza– puede cambiar el destino de una familia palestina al multiplicar varias veces sus ingresos. El comandante, cuya identidad no ha sido hecha pública, era quien decía la última palabra. Durante años abusó de ese poder para obtener favores sexuales.

Fue formalmente acusado de “graves delitos sexuales” a comienzos de 2016, pero los medios israelíes no pudieron informar del caso, según el relato difundido por el portal informativo digital Times of Israel. Un año después, la prensa también tuvo que silenciar su condena por un tribunal castrense a 11 años de prisión, que acarreó además la fulminante expulsión de la carrera militar.

El comandante fue hallado culpable de haber violado en dos ocasiones a una mujer palestina, después de haberla acosado repetidamente y de proponerle incluso que mantuviera relaciones con otros hombres. La amenazó con retirarle el permiso de trabajo si revelaba que la había forzado sexualmente. Una grabación de audio obtenida por la víctima fue determinante para establecer la condena.

Fue además sentenciado por exigir favores sexuales, al menos en tres ocasiones, a otra mujer palestina a cambio de facilitarle la autorización laboral. El tribunal militar no consideró que existiera violación, pese al abuso de poder ejercido por el comandante, porque la víctima no rechazó explícitamente las relaciones sexuales.

Otro cargo separado desvelado ahora por la justicia castrense agravó la sentencia final. Fue también declarado culpable de haber acosado múltiples veces a un hombre palestino para que accediera a tener sexo con él.

El oficial rechazó todas las acusaciones presentadas en su contra y recurrió ante el Tribunal Militar de Apelaciones, que ahora ha ratificado la condena, con la única salvedad de sustituir la pena de expulsión del Ejército por la de degradación a la condición de soldado raso. En la práctica, el reo ya había dejado de formar parte de las Fuerzas Armadas. “No cabe ninguna duda de que la opinión pública tiene derecho a conocer los detalles de este caso a causa de sus graves implicaciones”, rezaba la resolución del tribunal, presidido por el general Doron Piles, por la que levantaba también, a petición de Yedioth Ahronoth, el secreto sobre el sumario.

La verdad sobre el caso del oficial israelí que exigía favores sexuales a mujeres palestinas a cambio de permisos de trabajo sigue siendo, empero, incompleta. A pesar de tratarse de una de las mayores condenas impuestas a un jefe militar en Israel, el nombre y la imagen del condenado, así como otras circunstancias del sumario no determinadas, permanecen aún bajo secreto judicial.

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