El Gobierno de Johnson retrasa los controles del Brexit para evitar el desabastecimiento de alimentos

La pandemia se ha convertido en el camuflaje y la excusa de muchos de los problemas políticos que afronta Boris Johnson. Lo demuestra la última decisión unilateral adoptada por Downing Street, anunciada este martes, por la que se retrasarán hasta medio año los controles aduaneros y sanitarios de los alimentos procedentes del continente, según se acordó en la negociación del Brexit. “Queremos que las empresas se centren en la recuperación antes que hacer frente a todas las nuevas exigencias en la frontera. Por eso hemos desarrollado un nuevo calendario más pragmático para la introducción de controles aduaneros”, ha justificado David Frost, el secretario de Estado para Asuntos de la UE.

Según el cambio de criterio anunciado, las declaraciones completas de aduanas seguirán siendo obligatorias a partir del 1 de enero de 2022, pero los controles en materia de seguridad de diversos productos alimentarios procedentes de la UE se retrasarán en su puesta en marcha. Certificados sanitarios de exportación, o controles in situ de productos sanitarios o fitosanitarios, previstos para el próximo 1 de octubre o para el 1 de enero, se retrasan hasta julio del año que viene. El Gobierno de Johnson se afana desesperadamente por reducir los problemas de desabastecimiento en supermercados y restaurantes, que comienzan a convertirse en un quebradero de cabeza político.

“Estamos viendo un incremento de la presión en la cadena de suministro global, provocado por un abanico de factores que incluye a la pandemia y al aumento de costes del transporte internacional”, ha explicado la ministra sin cartera, Penny Mordaunt, cuyo puesto simbólico de Paymaster General (Encargado del Pago de Sueldos y Pensiones Públicos) se ha convertido en una oficina de respaldo para la transición económica interna derivada del Brexit. “Todas estas presiones afectan especialmente al sector agroalimentario. Por ello, el Gobierno ha decidido retrasar algunos de los nuevos controles, especialmente los referentes a bienes sanitarios y fitosanitarios”, ha precisado Mordaunt.

La decisión, anunciada por sorpresa y en una jornada en la que los medios británicos estaban concentrados en las nuevas medidas contra el coronavirus, ha alimentado la sospecha de muchos críticos del Gobierno de Johnson, en Londres y en Bruselas, de que Downing Street no tenía aún ni de lejos preparados todos los detalles logísticos -controles físicos de aduanas y nuevo personal- a los que le obligaba su acuerdo con la UE. A finales de agosto, el Gobierno dio una alegría inesperada a todos los vecinos de Dover, en la costa sureste de Inglaterra, cuando les comunicó que el macro aparcamiento para 1.200 camiones planeado para hacer frente a los nuevos controles aduaneros del Brexit no tendría el tamaño previsto. Sería más bien un espacio modesto para acoger poco más de 100 vehículos.

Paradójicamente, es la industria británica que los campeones del Brexit prometieron defender a capa y espada frente a la “burocracia y rigidez” de Bruselas la que más se ha irritado con el retraso anunciado de los controles. La nueva Ley de Inmigración del Gobierno de Johnson restringe enormemente la posibilidad de contratación de trabajadores comunitarios con los que se contaba cada temporada: recolectores, transportistas o camareros. Hay carne, pescado o verduras de sobra para abastecer a gran parte del país, pero escasos medios para distribuir todo a tiempo. “Mientras nuestros exportadores se enfrentan a costes y trabas adicionales, sus competidores de la UE reciben la extensión de nuevos periodos de gracia otorgados por nuestro propio Gobierno, que les permita el acceso al mercado británico prácticamente sin costes”, ha denunciado Minette Batters, la presidenta del Sindicato Nacional de Ganaderos (NFU, en sus siglas en inglés). La asociación ha vuelto a recordar al Gobierno de Johnson que los actuales problemas de suministros se deben en gran medida a la escasez de mano de obra. Y reclama un Visado de 12 Meses para la Recuperación de la Covid, de carácter extraordinario, además de un esquema permanente de acceso de trabajadores temporales al mercado del Reino Unido.

“La naturaleza asimétrica de los controles aduaneros impuestos a importaciones y exportaciones va a distorsionar el mercado: coloca a muchos productores del Reino Unido en una situación de desventaja respecto a sus competidores de la UE”, ha denunciado Ian Wright, director ejecutivo de la Federación de Alimentos y Bebidas del Reino Unido. Wright se enfrentó hace escasos días al Gobierno de Johnson al advertir de que “el tiempo en que el consumidor británico estaba acostumbrado a encontrar cualquier producto en las estanterías de los supermercados había llegado a su fin”. La combinación de la pandemia y el Brexit, denunció Wright, podían convertir en “permanente” la falta de abastecimiento que se lleva viviendo semanas en el país.

El protocolo de Irlanda del Norte

No se trata de la primera decisión unilateral, en referencia a las obligaciones derivadas del Brexit, que ha tomado el Gobierno de Johnson en las últimas semanas. A finales de agosto, se prorrogó por tercera vez el plazo para imponer controles a determinados productos alimenticios y sanitarios que Gran Bretaña exporta a Irlanda del Norte, tal como exige el Protocolo negociado con Bruselas. El secretario de Estado para la UE, David Frost, tiene el mandato de tensar la cuerda y forzar una renegociación de un protocolo que costó meses de sudor y tinta sacar adelante. Fue de hecho el principal escollo para cerrar definitivamente el acuerdo del Brexit, y Bruselas ya ha advertido a Londres de que no entra en sus planes cambiar de arriba abajo el documento. A lo sumo, ha ofrecido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, pueden buscarse soluciones puntuales a los problemas creados por el protocolo. Los partidos unionistas de Irlanda del Norte han convertido el documento en un objetivo a abatir, y lo consideran la razón principal por la que ha regresado a las calles la violencia sectaria.

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