Las protestas en Cuba desencadenan una bronca política en España

Las multitudinarias movilizaciones del pasado domingo en Cuba, las mayores de las últimas décadas, han desencadenado una bronca política en España, donde los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) han acusado de “tibieza” al Ejecutivo por no condenar con contundencia la represión de las protestas y no tachar de “dictadura” al régimen de La Habana.

La nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó calificar de dictadura a Cuba, pese a las repetidas preguntas de los periodistas, y se limitó a responder que “no hay ninguna duda de cuál es la posición de España respecto a la defensa de los sistemas políticos democráticos: España es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Esa es la posición de España”. Horas antes, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal había dicho que “Cuba no es una dictadura”.

Ya por la noche, entrevistado en Telecinco, el presidente Pedro Sánchez declaró que “es evidente que [Cuba] no es una democracia”, pero añadió que debe ser la sociedad cubana “sin injerencias” la que decida su camino y la comunidad internacional “ayudar” en ese proceso. El jefe del Gobierno español calificó de “improcedentes” la represión de las protestas y la detención de periodistas y youtubers, por lo que pidió que se respete el derecho de manifestación y se libere a la colaboradora del diario Abc detenida. Subrayó que hay “múltiples factores” tras las protestas; entre ellos, los “efectos devastadores” de la pandemia sobre la economía de la isla, una situación ante la cual los países avanzados deben ser “extraordinariamente solidarios”.

Para la oposición de derechas, la crisis cubana es una oportunidad de explotar las contradicciones en el seno del Gobierno entre un PSOE, alineado con la socialdemocracia europea, y Unidas Podemos, que mantiene lazos con el régimen castrista. Fuentes diplomáticas sostienen, sin embargo, que “el papel de la diplomacia no consiste en poner etiquetas a otros gobiernos, sino en empujarlos a actuar en sentido favorable a tus principios o intereses”.

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La portavoz del Gobierno recalca la defensa del derecho a manifestación en Cuba

A primera hora de este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores pedía a las autoridades cubanas que “respeten” el derecho fundamental de todos sus ciudadanos a manifestarse “libre y pacíficamente”. En un breve comunicado ―en línea con las declaraciones realizadas por el Alto Representante de la UE, Josep Borrell―, el Gobierno español expresaba su “preocupación” por las graves carestías a las que se enfrenta la población, detonante de las protestas, y se comprometía a estudiar “formas de ayuda para aliviar la situación”, igual que se ha hecho con otros países iberoamericanos.

El departamento que desde este lunes dirige el diplomático José Manuel Albares aseguraba seguir “con mucho interés y muy de cerca la situación” en Cuba, que atribuía a una serie de factores (como la pandemia y la caída del turismo) entre los que no citaba el embargo estadounidense (al que las autoridades de la isla culpan de sus problemas económicos), y aconsejaba, como salida a la crisis, “incrementar el ritmo de las reformas”.

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Pese a este comunicado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, denunció horas después “el silencio de Sánchez” ante la represión del régimen cubano y le pidió que lo condene “de forma inmediata”, sin dejar que Podemos marque la política exterior de España. “Ese comunicado [en alusión al de Exteriores] no condena expresamente la dictadura cubana”, subrayó García Egea, quien pidió “claridad y contundencia” y no un silencio que, a su juicio, “indulta a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes”. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, denunció que “hay una parte del Gobierno de España [en alusión a los ministros de Podemos] que está apoyando al régimen cubano”. Ya el lunes, el líder del PP, Pablo Casado, calificó de “preocupantes” las noticias de Cuba y pidió al Gobierno que diera la cara”. El PP propondrá en ayuntamientos y parlamentos autonómicos la aprobación de declaraciones institucionales “exigiendo a la dictadura comunista el fin de la represión”.

También Ciudadanos instó al Gobierno a que condene “sin ningún matiz” la “dictadura comunista” cubana y apoye las protestas; y criticó la “tibieza” de Sánchez para “no enfadar a su socio de Podemos”. “No sea pusilánime o melifluo a la hora de condenar abiertamente cualquier medida de represión en contra de los derechos y libertades en Cuba, nuestro país hermano”, le pidió su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, al nuevo ministro Albares.

Por su parte Vox –que, como el PP, llevará la crisis cubana a la Asamblea madrileña– presentó una proposición no de ley en la que pide que el Congreso condene “la represión y la limitación de la libertad de expresión en Cuba”. No está previsto que la iniciativa se debata hasta septiembre, cuando se abra el nuevo periodo de sesiones. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, exigió “la puesta en marcha de gestiones diplomáticas para lograr el fin de la represión” y sugirió la adopción de medidas comerciales que, matizó, podrían ser “coercitivas” o de “estímulo”. La política comercial, en todo caso, es competencia de la Comisión Europea.

En una línea muy diferente, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal aseguró que “Cuba no es una dictadura”, aunque admitió que su Gobierno debe permitir “cualquier tipo de manifestación, como en cualquier otro país”. Por su parte, el secretario general del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, señaló el lunes en un mensaje a través de las redes sociales: “Cuba está aguantando el más duro bloqueo de la historia, medida contraria al derecho internacional que impide llegada de alimentos, material sanitario y recursos financieros. La más eficaz ayuda humanitaria es cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y levantar ya el bloqueo”.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pidieron la liberación de la periodista independiente y colaboradora del diario Abc en La Habana Camila Acosta, detenida cuando salía el lunes de su domicilio, e instaron al Gobierno a que “se interese por su situación y exija al Ejecutivo cubano que la ponga en libertad de manera inmediata, cese en su hostigamiento a los periodistas y respete la labor que realizan”. En un tuit publicado a última hora de la mañana, el ministro Albares sumó una nueva exigencia a las autoridades cubanas: la “liberación inmediata” de Camila Acosta.

Unas 200 personas se concentraron el lunes por la tarde ante la Embajada cubana en Madrid para reclamar una Cuba “libre de comunistas” y la libertad de los presos políticos. A la manifestación se unieron la presidenta regional de Vox, Rocío Monasterio, de origen cubano, y el secretario general del partido ultra, Javier Ortega Smith.

Al grito de “Abajo la dictadura” o “Patria y vida”, los cubanos se echaron el domingo a las calles para protestar contra la mezcla explosiva de la ausencia de alimentos y la falta de vacunas contra la covid. La crisis económica que sufre la isla desde hace años se ha visto agravada por la pandemia, que ha golpeado muy fuerte al sector turístico. Las protestas, las mayores de la isla desde el maleconazo de 1994 durante el llamado Periodo Especial —tras la caída de la URSS, cuando cientos de cubanos salieron a protestar por la precaria situación en vísperas del estallido de la crisis de los balseros—, se vieron amplificadas y llegaron a miles de ciudadanos gracias a las redes sociales.

Las protestas han sido duramente reprimidas por el Gobierno, que llamó a los revolucionarios a combatir las manifestaciones en las calles, donde ha habido más de un centenar de detenidos. En la línea oficial castrista, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, culpó a Washington de las protestas por el embargo decretado por este país, que se agravó durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021). El ahora presidente estadounidense, Joe Biden, dio el lunes un espaldarazo a los manifestantes en su primera declaración sobre las protestas contra el régimen castrista en las que pidió a La Habana que atienda las demandas de la población. “Estamos con el pueblo cubano y su llamada alta y clara de libertad y alivio” ante los estragos de la pandemia y “las décadas de represión y sufrimiento económico a las que se han visto sujetos por parte del régimen autoritario cubano”.