La guerra de las sanciones queda declarada

Unos meses antes de que la pandemia confinase al mundo, numerosos mensajes de ciudadanos iraníes llegaron a la redacción de EL PAÍS expresando su frustración ante la imposibilidad de abrir o desbloquear una cuenta bancaria en entidades financieras españolas. Trabajadores, estudiantes, investigadores... decenas de iraníes que se habían trasladado a España de forma legal denunciaban la imposibilidad de hacer frente a sus recibos o incluso manejar sus ingresos. Esto obligaba a muchos a viajar desde su país a ciudades como Madrid y Barcelona con grandes cantidades de dinero en metálico. Algunos lo sabían, otros quizá no, pero eran el último eslabón y lo siguen siendo del gran castigo impuesto por Estados Unidos a Irán a causa de su programa nuclear; eran objeto de las temidas sanciones perseguidas por la OFAC, siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.

En septiembre, el informe del centro de análisis CIDOB Sanciones internacionales: sus ‘otros’ efectos decía que “las sanciones internacionales han venido adquiriendo una creciente importancia como instrumento político” desde la Guerra Fría. Así ha sido hasta convertirse en los últimos años en munición fundamental y casi única en crisis entre países o bloques. Y Bielorrusia es un buen ejemplo. El pasado 24 de junio, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra el régimen de Alexandr Lukashenko, destinadas esta vez a asfixiar su economía. De un modo algo inusual, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, admitía lo siguiente acerca de las consecuencias de estas medidas: “Lo sentimos, va a afectar a la economía y a la población”. Las sanciones están dirigidas a sectores estratégicos de las exportaciones bielorrusas como los derivados del petróleo, del tabaco y los fertilizantes de potasio, con lo que, en efecto, afectarán indirectamente a los ciudadanos bielorrusos.

La UE y EE UU son, junto a la ONU, los principales sancionadores en el actual orden mundial. De nuevo en la OFAC, sirva de ejemplo, echando un vistazo a su listado de sanciones se encuentran solo este año actualizaciones de medidas de castigo contra Irán, Venezuela, Corea del Norte, Congo, Nicaragua, Yemen, Rusia... Pero quizá el cambio, como apunta Clara Portela, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia y una de las autoras del reporte de CIDOB, se está produciendo en el seno de la Unión Europea. Bielorrusia de nuevo es una buena muestra. Tras años en los que se apostó por sanciones dirigidas a individuos vinculados al régimen a través de la elaboración de una lista negra, ahora se ha pasado a una “acción mucho más contundente”. El motivo: el secuestro y desvío a Minsk el pasado 23 de mayo del vuelo de la aerolínea Ryanair en el que viajaban el reportero disidente bielorruso Roman Protasevich y su compañera, la ciudadana rusa Sofia Sapega, que fueron detenidos.

“Lo de Ryanair”, continúa Portela en una conversación telefónica, “pasa a ser una cuestión de seguridad para la Unión Europea. Es decir, mientras reprimas a los tuyos, puedes esperar una lista negra, pero si tocas un transporte civil con ciudadanos comunitarios, la respuesta es más contundente”. Como lo fue contra Rusia y su servicio de inteligencia en enero de 2019 tras envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido. Se había llevado a cabo un ataque en territorio aún por entonces comunitario. De nuevo, la seguridad en riesgo.

Hay otra novedad que se consolida en las sanciones contra el régimen de Lukashenko. Bruselas ha impuesto sus castigos en coordinación con Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Y no es la primera vez. El 22 de marzo, este mismo cuarteto anunció medidas contra dirigentes y entidades chinas vinculadas a la represión de la minoría uigur en la región autónoma de Xinjiang. Pekín contestó sancionando a su vez a una decena de políticos y cuatro organizaciones europeas. Pero no se ha quedado ahí. El pasado 11 de junio, China aprobó una ley general contra las sanciones extranjeras. A grandes rasgos, los individuos o empresas que cumplan con las medidas adoptadas por Washington y Bruselas podrían convertirse ahora en objeto de castigo, esta vez de Pekín.

Portela incluiría en esta nueva alianza internacional a países como Australia, Nueva Zelanda y Japón. “En lo que se refiere a sanciones financieras [en el caso de Xinjiang se incluía la congelación de activos], cuando una persona queda excluida de los mercados de estos países, queda aislada”, explica la profesora de la Universidad de Valencia. Así se sienten muchos de los ciudadanos iraníes que salen de su país. Las entidades financieras que como en España tienen cierta exposición en el mercado estadounidense evitan asumir el riesgo de tener clientes de nacionalidad iraní ante el posible castigo que le puede infligir la OFAC desde Washington.

La coalición no declarada de países sancionadores, dirigida por Bruselas, Washington y Londres, tiene razón de ser desde que Rusia, objeto de una pila de sanciones internacionales en 2014 por el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea, redujera al mínimo su apoyo a cualquier medida de castigo planteada en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene capacidad de veto. “Solo en casos de extrema gravedad”, señala Portela, “Rusia ha consentido y se ha abstenido en la votación”.

Las sanciones son el nuevo rey del tablero internacional. Hacia delante y hacia atrás. Tras años de castigos, dos de los países más señalados por aquellos erigidos en autoridad -origen de las sanciones-, Venezuela e Irán, están cerca, aparentemente, de ser perdonados. El pasado 25 de junio, Borrell y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, firmaron una carta en la que abrían una puerta a levantar el régimen sancionador contra el Gobierno de Nicolás Maduro. “Estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación amplia”, decía el escrito. En ese diálogo, lento, celebrado en Viena, se encuentra también Irán para que EE UU vuelva al pacto de 2015 sobre su programa nuclear -limita el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales-, que rompió Donald Trump tres años después.

¿Aprendieron la lección? “Las sanciones”, continúa Portela, “no se imponen con la expectativa de que el dirigente de turno cambie su política, haga elecciones o llame a la puerta en son de paz. Los destinatarios no son los sancionados, sino todos los demás. Cualquier Estado que quiera poner en marcha un programa nuclear solo tiene que mirar hacia Irán o Corea del Norte”.