El aniversario más triste de Hong Kong: un año de su temida ley de seguridad nacional

En otros años, las calles del centro de Hong Kong en un 1 de julio estarían copadas por una gran marcha de protesta, la mayor del año. Decenas de miles de personas desfilarían a lo largo de sus avenidas más comerciales y de las oficinas más emblemáticas en nombre de casi cualquier causa, desde los cultivos orgánicos a los altos precios de la vivienda. Pero, sobre todo, y especialmente en los últimos años, contra el Gobierno autónomo, contra Pekín, y en favor de las libertades en el enclave. Esta vez, en cambio, ondean por las mismas calles más banderas rojas -la nacional de China, o la de la hoz y el martillo amarilla del Partido Comunista de China, que este jueves cumple 100 años- que nunca, y aquella manifestación ya parece solo cosa del pasado. Se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la temida ley de seguridad nacional.

Desde la promulgación de esa medida en la Asamblea Nacional en Pekín, el 30 de junio de 2020, han sido detenidas 117 personas por cargos contemplados en ella, de las que al menos 64 han sido acusadas formalmente. El principal periódico de oposición, el Apple Daily, ha cerrado debido a las presiones recibidas. Cerca de una cincuentena de los principales activistas y políticos prodemocracia que participaron en unas elecciones primarias informales se encuentran en la cárcel, mientras que aquellos aún en libertad han optado por mantener sus actividades y declaraciones públicas al mínimo. Miles de personas han optado por el exilio.

Sus efectos comenzaron a notarse de inmediato. Había sido aprobada con una celeridad poco habitual, para poner fin a un año de protestas masivas contra Pekín en el enclave. Las autoridades en Hong Kong habían asegurado que no tendría efectos retroactivos. Solo afectaría, declaraba entonces la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, a un número muy pequeño de personas. Pero ya el primer día de su entrada en vigor, el 1 de julio del año pasado, una decena de personas quedaron detenidas bajo aquella nueva norma; la semana pasada comenzó el juicio contra el primero de ellos, Tong Ying-kit, acusado de hacer chocar una moto contra un grupo de policías mientras hacía ondear una bandera con lemas independentistas (“liberar Hong Kong, revolución de nuestra era”, el eslogan de las manifestaciones de 2019).

“En un año, la ley de seguridad nacional ha puesto a Hong Kong en una vía rápida para convertirse en un Estado policial y ha creado una emergencia de derechos humanos para quienes viven allí”, ha declarado Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “Desde la política hasta la cultura, pasando por la educación y los medios de comunicación, la ley ha afectado a todas y cada una de las partes de la sociedad hongkonesa y ha fomentado un clima de miedo que obliga a los residentes a pensar dos veces lo que dicen, lo que tuitean y cómo viven su vida”, ha agregado.

La norma castiga con penas que pueden llegar a la cadena perpetua cuatro supuestos, todos ellos definidos en términos muy vagos: el “independentismo”, el “terrorismo”, la “subversión de los poderes del Estado” y la “confabulación con fuerzas extranjeras”. También ha limitado las protecciones que se conceden a los encausados y ha ampliado los poderes de las fuerzas de seguridad en este enclave en el que, al menos en teoría y por los acuerdos pactados con el Reino Unido antes del traspaso de la soberanía en 1997, China concede libertades inexistentes en el resto de su territorio al menos hasta 2047.

Hasta el momento, el cierre del Apple Daily en junio, tras la detención de su dueño, el millonario Jimmy Lai, y sus principales directivos, ha sido la consecuencia más visible de la ley. Aunque no la única en el terreno de la libertad de prensa: otros medios se han apresurado a eliminar de sus archivos tribunas y columnas, después de que se utilizaran como argumento contra los directivos de Apple Daily una treintena de tribunas en las que se pedía la imposición de sanciones internacionales contra Hong Kong, algo que, según los cargos, representa “confabulación con fuerzas extranjeras”. La autocensura se ha dejado notar asimismo en las redes sociales, donde han desaparecido numerosas cuentas personales o se han borrado los comentarios en ellas.

El temor entre estos ciudadanos es que el recurso a la seguridad nacional arrecie a lo largo del próximo año. Inmediatamente después del cierre de Apple Daily, el secretario de Seguridad, John Lee, quedaba ascendido a número dos del Gobierno autónomo. El jefe de policía, Chris Tang, heredaba su cargo.

Y, en declaraciones a la revista East Week, de inclinación prochina, el responsable de la Oficina de Seguridad Nacional de Pekín en Hong Kong, Zheng Yanxiong, ha apuntado que la independencia del poder judicial -uno de los pilares de las libertades en Hong Kong- puede ser la siguiente víctima. Los tribunales locales, ha declarado Zheng, reciben el permiso para funcionar de la Asamblea Nacional en Pekín. Por ende, deberán decidir los casos de acuerdo con “la voluntad nacional y los intereses nacionales” chinos, “o de otro modo perderán la premisa legal para su autorización” a funcionar, ha subrayado.