La comunidad internacional compromete más de 1.500 millones de dólares para los países que acogen migrantes venezolanos
Canadá toma el testigo de España en una conferencia de donantes que recauda fondos para atender a más de cinco millones de desplazados
El impacto del masivo éxodo venezolano en los países de Latinoamérica se ha visto exacerbado por los estragos sin freno de la pandemia, lo que agrava la precaria situación de más de cinco millones de migrantes dispersos por la región. Dirigentes de más de 40 países y organizaciones internaciones –en representación tanto de donantes como de lugares de acogida–, unieron fuerzas este jueves en una conferencia en la que Canadá tomó el testigo de España y la Unión Europea para impulsar una nueva movilización de recursos para atender a esa diáspora. El evento, que aporta algo de oxígeno a los Gobiernos latinoamericanos, sumó compromisos por más de 1.500 millones de dólares, de los cuales 954 millones corresponden a subsidios y otros 600 millones a préstamos.
Más de 5,6 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años empujados por una profunda crisis política, social y económica. La prolongada emergencia migratoria ha dejado de ser una novedad, pero aún enfrenta crecientes necesidades humanitarias. Desde hace más de un año, el coronavirus ha expuesto la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados en países como Colombia, Perú o Ecuador, entre muchos otros, que lidian con la crisis sanitaria –y fiscal– justo cuando deben amortiguar el impacto de ese flujo masivo. Las medidas de confinamiento en muchos casos les impidió a los recién llegados, sumidos en la informalidad, ganarse la vida en las comunidades donde habían encontrado refugio.
“Nos reunimos hoy para lograr mayor apoyo en la respuesta a una crisis que a pesar de su magnitud ha pasado desapercibida. La pandemia de la covid-19 llamó tanto la atención y los recursos del mundo, que eclipsó dicha crisis”, a pesar de que los migrantes están entre los más golpeados, dijo al inicio de la conferencia Karina Gould, la ministra canadiense de Desarrollo Internacional, que ejerció de anfitriona. “Hemos visto iniciativas audaces y ambiciosas de los países de acogida (…) sin embargo, el flujo es enorme, necesitan nuestro apoyo para esos esfuerzos”. Canadá relevó a España y la UE, que hace un año organizaron otra conferencia de donantes que se selló con compromisos por más de 2.500 millones de euros.
La presencia más significativa fue la de Estados Unidos, que anunció casi 400 millones de dólares (unos 330 millones de euros) para paliar la situación. Por mucho la mayor partida de los países que fueron interviniendo uno a uno por videoconferencia, con algunas críticas al régimen de Nicolás Maduro y llamados a una salida dialogada que permita restablecer la democracia. “La Unión Europea promete mantener su asistencia para aliviar la crisis expandida y el sufrimiento humano en Venezuela y la región”, señaló Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria. La comisión europea prometió 137 millones de euros (163 millones de dólares), de los cuales 82 se dedicaran a iniciativas humanitarias, con especial atención a mujeres y niños vulnerables. Canadá aportó cerca de 100 millones de dólares.
“Los países de acogida de la región, y sus ciudadanos, están dando una lección que será recordada como un gran episodio de solidaridad internacional”, dijo la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “Para que esta migración sea verdaderamente una oportunidad que no deja a nadie atrás se necesitan políticas públicas, y la políticas públicas necesitan recursos”, añadió al anunciar que España aportará otros 50 millones de euros (cerca de 60 millones de dólares) en los próximos tres años, que se suman a los 50 millones anunciados el año pasado –de los cuales el 72% ya está ejecutado o en vías de ejecución–. El compromiso español entre 2020 y 2024 se sitúa en 100 millones de euros.
Los migrantes venezolanos “deben incluirse en todos los esfuerzos de vacunación si queremos mitigar el impacto de la pandemia”, subrayó el secretario general de la ONU, António Guterres. El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi —que en 2016 sucedió precisamente a Guterres al frente del organismo—, coincidió en reconocer el “esfuerzo admirable” de los países receptores. Grandi conmemora este fin de semana el día del refugiado con una visita a Colombia, donde ya acompañó en febrero al presidente Iván Duque cuando anunció un elogiado estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos. Colombia, que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, es el principal destino con 1,8 millones de migrantes, más de la mitad de ellos indocumentados.
Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria en medio de enormes esfuerzos fiscales. Cuando llegó el turno de los países receptores, Duque, uno de los tres presidentes de la región andina que participó, anunció como parte de ese esfuerzo de regularización una primera entrega de tarjetas con reconocimiento biométrico para diciembre, y se propuso alcanzar la meta del 100% de migrantes registrados en agosto de 2022. “Esta mesa de donantes tiene que ser también una oportunidad para destacar que este reto migratorio necesita recursos, desembolsos y agilidad administrativa”, declaró. Mientras en la crisis de Siria se han destinado más de 3.000 dólares por migrante, esa cifra se reduce a unos 300 dólares en el caso de los venezolanos, subrayó el mandatario.
Cerca de dos millones de venezolanos más han ingresado a Ecuador, la mayor parte en tránsito a otros países. Para mayo, permanecían en Ecuador más de 430.000 ciudadanos venezolanos, y se calcula que para finales de año habrán ingresado otros 182.000, recordó el presidente Guillermo Lasso, quien acaba de asumir el cargo el mes pasado. Sin dar demasiados detalles anunció un nuevo proceso de regularización que deberá complementarse con estrategias de integración económica para acceder al mercado laboral. “Lo haremos con decisión, y en el marco de nuestras capacidades”, prometió. “El acceso universal a las vacunas con base en la cooperación y solidaridad es un imperativo”, advirtió.
Francisco Sagasti, el presidente interino de Perú, reiteró su compromiso para atender a más de un millón de venezolanos en su territorio. Sin embargo, el país es el más reciente foco de preocupación. Pedro Castillo, el candidato de izquierda populista que sacó más votos en las reñidas elecciones del mes pasado, dijo en campaña que los inmigrantes que cometan delitos deben ser expulsados del país en 72 horas, un discurso que hace temer futuros brotes de xenofobia.
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