Declaración completa de Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad

Señores Comisionados:

Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco que me hayan recibido. Saben el valor que le doy a su trabajo. La verdad, por difícil que sea, es la base de la reconciliación.

Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia como ministro de Defensa entre los años 2006 y 2009 en los temas que tocan los puntos de su mandato, sobre todo el primero.

1. “Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.”

y el último:

2. “Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.”

Les quiero compartir mi verdad –como yo vi las cosas– sobre los problemas que enfrentamos y las medidas que tomamos en el Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos en general, y en particular cómo investigamos y detuvimos esa macabra modalidad conocida como falsos positivos, que tanto daño les hicieron a miles de familias inocentes y a nuestras propias Fuerzas Armadas, para vergüenza nacional.

Como han pasado casi quince años desde el inicio de esta historia, me tomé el trabajo de consultar a los principales protagonistas para refrescar la memoria, corroborar detalles y complementar el recuento. Pero esta, repito, es mi verdad.

Esta no es una historia fácil de entender, no solo porque es inconcebible que hombres de nuestro Ejército Nacional hayan cometido o tolerado estos hechos –yo mismo tardé un buen tiempo en aceptarlo–, sino porque se dieron en paralelo dos fenómenos absolutamente contradictorios: una notable mejoría general del comportamiento de nuestras tropas en el terreno, gracias en buena parte a su entrenamiento en derechos humanos, al que me referiré más adelante; y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales.

*

Cuando llegué al Ministerio de Defensa el 20 de julio del 2006, compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las Farc. Donde teníamos una diferencia era en el cómo. Si bien el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas.

En mi caso, por toda la experiencia y la información acumulada, y tal vez por mi manera de ver las cosas, consideraba más viable y conveniente, más rápido y menos costoso, una derrota estratégica –debilitarlos psicológica y militarmente– y llevarlos a una mesa de negociación. Pretender aniquilar a las Farc era un imposible categórico moral y militar. Recuerdo haber hablado sobre esto años atrás en muchas ocasiones con el expresidente López Michelsen. “Hay que derrotarlos para negociar”, decía López. Pero Uribe era el presidente y yo su subalterno.

Por otro lado, no reconocer el conflicto armado, en lo que Uribe era tan claro como obstinado, paradójicamente dificultaba su estrategia pues este desconocimiento significaba, al menos en teoría, que no se podían aplicar las leyes de la guerra (sobre los bombardeos, por ejemplo) que permite el Derecho Internacional Humanitario en caso de conflictos armados. Pero eso aparentemente no importaba. Los narcoterroristas son mejores enemigos –suenan más peligrosos– que los guerrilleros.

El lenguaje y la caracterización –o satanización– del enemigo siempre ha sido importante en las guerras. El doble mensaje creaba, sin embargo, cierta confusión en las Fuerzas Armadas porque aplicaban el DIH de acuerdo con su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo, y jefe del Estado, no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país. Para mí esa duda no existía y así se lo reiteramos a las tropas: hay que aplicar el DIH y respetar los derechos humanos. Y punto.

La estrategia de Uribe no era incompatible, por lo menos en el corto plazo, con los objetivos de llevar a las Farc a reconocer que nunca se iban a tomar el poder por las armas, porque el balance de poder militar se había inclinado a favor del Estado, y persuadir a los máximos cabecillas de que les convenía más negociar que continuar la guerra, incluso desde el punto de vista personal. Estas eran dos condiciones que yo había identificado como necesarias para tener una negociación exitosa. Para eso se requería mantener la presión militar, por supuesto, y en eso todos estábamos de acuerdo.

Esa presión la mantuvimos a todo vapor. Sin embargo, para ser más efectivos teníamos también que actuar en otros dos frentes simultáneamente: 1) mejorar sustancialmente la inteligencia y 2) fortalecer la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas –su activo más importante– a través de una política de derechos humanos ambiciosa, vinculante y eficaz. Sobre estos dos frentes me propuse trabajar con toda determinación desde que asumí el ministerio.

El país conoce lo que se hizo para mejorar la inteligencia y los resultados obtenidos casi que de inmediato. Comenzaron por primera vez a caer cabecilla tras cabecilla. Alias JJ en el Pacífico, el negro Acacio en los Llanos Orientales, Martín Caballero en los Montes de María, para solo mencionar algunos que cayeron en el 2007. En solo el mes de marzo del 2008, murieron tres miembros del secretariado, tres de siete: ni más ni menos que el comandante Tirofijo, de muerte natural; Iván Ríos, asesinado por su escolta para cobrar la recompensa, y Raúl Reyes, que cayó en la operación Fénix, donde se obtuvo de sus computadores una información valiosísima sobre todo el funcionamiento de las Farc.

Unos meses más tarde se realizó la famosa operación Jaque, donde se rescataron en la mitad de la selva los quince secuestrados más importantes para las Farc, entre ellos Ingrid Betancur y tres norteamericanos, sin derramar una sola gota de sangre. Para muchos analistas, este conjunto de golpes, sumados a los que se dieron al comienzo de mi gobierno, fue un punto de inflexión.

Derechos Humanos

Lo que el país conoce menos es el trabajo que al mismo tiempo se hizo para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente su efectividad, a través de una ambiciosa y bien planeada política de derechos humanos.

Nuestro objetivo era asegurar que el esfuerzo de seguridad –que finalmente tenía como propósito proteger los derechos de las personas, ante todo el derecho a la vida y la integridad personal– se hiciera con estricto apego a las normas y con el apoyo de la ciudadanía. La política de derechos humanos tenía por eso una doble función: cumplir con la ley y ganarnos el apoyo de la población.

La política comenzaba con el discurso, con el mensaje que le enviábamos directamente a nuestros hombres y mujeres. Por eso, el general Freddy Padilla de León, como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, y yo, como ministro de Defensa, insistimos una y otra vez en que el centro de gravedad de nuestras fuerzas era su legitimidad.

Así se lo dijo el general Padilla a sus hombres cuando asumió el mando de las Fuerzas Militares el 16 de agosto de 2006:

Seremos, acaso, el primer ejército que en la historia gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra constitución y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido. Los resultados nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, la Justicia nos justificará ante el mundo y ante la posteridad. Será mil veces preferible un revés momentáneo que soportar para siempre una indignidad. Nunca se ganó una guerra perdiendo el respaldo popular.

A los cien días de asumir el cargo (el 15 de noviembre de 2006) yo mismo les dije a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas que los derechos humanos estarían en el centro de nuestra acción, y anuncié unas primeras medidas:

El nuevo plan de guerra tiene un alcance más amplio del puramente militar, pues hará énfasis particular en la acción integral del Estado en las zonas a donde llegue la fuerza pública y en la protección y respeto de los derechos humanos… hemos dispuesto que 7 coroneles se desempeñen como inspectores delegados de las siete divisiones del Ejército, con la misión de examinar y evaluar permanentemente, in situ, la gestión de las unidades operativas y tácticas. Ellos no dependen del comandante de división sino del inspector general del Ejército, y asesorarán a los comandantes sobre aspectos administrativos, disciplinarios y de derechos humanos.

De ahí en adelante insistimos una y otra vez en la conexión entre protección de derechos, legitimidad y efectividad. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2007 dije en la Escuela de Suboficiales:

Somos una fuerza pública legítima porque respetamos los derechos humanos, porque aplicamos el Derecho Internacional Humanitario, porque nos ganamos con nuestras acciones y nuestra actitud el respeto, la solidaridad y la gratitud del pueblo colombiano. Solo con legitimidad moral y un obrar impecable podemos vencer a los violentos, a los terroristas y narcotraficantes que se burlan de los principios humanitarios y pisotean sin piedad los derechos más básicos de sus compatriotas.

¡En eso nos diferenciamos! ¡Ahí radica la legitimidad de nuestra fuerza y de nuestras acciones! Ustedes, señores sargentos mayores, jefes técnicos y técnicos jefes de nuestras Fuerzas Militares, tienen que ser faros de legitimidad y enseñar con su ejemplo y su palabra a las nuevas generaciones.

Ese mensaje de la legitimidad como centro de gravedad permeó la institución y se convirtió en doctrina formal en directivas internas sobre legitimidad que el general Padilla de León enviaba desde el Comando General de las Fuerzas Militares a todos sus comandantes, como en esta de enero de 2007:

El centro de gravedad estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia es la legitimidad. El centro de gravedad operacional y táctico es la recuperación del control territorial y la protección de la población y sus recursos.

El Ejército de Colombia, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea tienen su mayor fortaleza en la calidad moral de sus hombres y ésta se multiplica con el apoyo de un pueblo que cree en la legitimidad de sus acciones y en la confianza depositada en sus líderes.

Al mismo tiempo, debemos ejercer un eficiente poder disciplinario para sancionar a aquellos hombres que desconocen el cumplimiento de su tarea y asumen actuaciones y actitudes que no están acordes con la doctrina impartida por las Fuerzas Militares.

O en esta directiva de marzo de 2008:

La legitimidad se construye con todas y cada una de las actuaciones del personal civil y militar, sea en el ámbito de la administración de recursos asignados, o en desarrollo de operaciones militares, planeadas y ejecutadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico imperante.

(...) Bien sabido es que la legitimidad implica la capacidad de ser obedecido sin necesidad de acudir a la utilización indiscriminada e irracional de la violencia. Por ende, la legitimidad representa la razón de ser de la autoridad que delega el Estado en sus Fuerzas Armadas… Como lo he expresado en reiteradas oportunidades, la conveniencia del actuar ético descansa en dos razones de orden pragmático: de una parte, se preserva la legitimidad del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas, en los ámbitos interno y externo de la nación; y, por otra, a largo plazo, se logrará la paz al derrotar a los enemigos del orden constitucional.

A lo largo y ancho del país en cada división, en cada brigada, en cada batallón, repetí una y otra vez ese mismo mensaje: “Hay que combatir con un fusil en la mano y la Constitución en la otra. Nunca podemos olvidar que el respeto por la ley y los derechos humanos es lo que nos diferencia y nos da superioridad moral sobre el enemigo al que tenemos que vencer y vamos a vencer”.

*

En paralelo con el discurso de legitimidad a nuestros hombres, trabajamos en acciones concretas hacia una nueva política efectiva de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. El Ministerio de Defensa ya venía desarrollando un trabajo en esa materia, y había contado con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para intensificar la enseñanza del DIH. Sin duda, había avances: ya existían pistas de entrenamiento, y el ministerio había producido documentos importantes (por ejemplo, sobre la responsabilidad del comandante). Pero hacía falta una política integral, y mucho más compromiso y liderazgo para colocar este tema en el centro de nuestras prioridades y para asegurar que se actuara en consecuencia.

Fue así como encargué al viceministro Sergio Jaramillo para que liderara un equipo de expertos civiles, militares y policías, para producir dicha política de derechos humanos, que fuera en adelante el norte de las Fuerzas Armadas en este tema fundamental.

Una de nuestras primeras medidas fue elevar la oficina de derechos humanos, que hasta entonces había sido un apéndice de la Dirección de Asuntos Internacionales, a nivel de dirección del ministerio, y de poner al frente al coronel Juan Carlos Gómez de la Fuerza Área, un oficial excepcional que tenía ya un recorrido importante como asesor jurídico y en derechos humanos de la Fuerza Aérea y el ministerio. La tarea y el compromiso del coronel Gómez con los derechos humanos y el DIH fueron sobresalientes, y merecieron y merecen todo mi reconocimiento. Nuestro objetivo era no solo asegurar la conducción estratégica de todo el aparato de protección de los derechos humanos en la fuerza pública, sino enviar un mensaje institucional sobre la importancia que este tema tenía para el Ministerio de Defensa.

Luego nos dimos a la tarea de formular e implementar la Política Integral de Derechos Humanos, tratando de articular todos los esfuerzos –los que ya estaban en marcha con los que aún no– y de identificar los vacíos y las debilidades del sistema. Tomamos la decisión estratégica de trabajar de la mano con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para hacer los correctivos necesarios y afinar el sistema. Esa decisión no gustó mucho porque a estos organismos se les miraba con prevención y recelo. Más adelante me referiré a esta cooperación, pero quiero insistir en que esta política de “puertas abiertas”, de trabajar con la comunidad internacional, de permitir que nos vigilaran y nos criticaran, fue definitiva para la construcción de la política y para afrontar la crisis de las ejecuciones extrajudiciales.

Buscamos cooperación además del Gobierno británico, que envió una misión de su ejército para estudiar, entre otras cosas, cómo el entrenamiento y los ciclos operacionales (el tiempo que los soldados permanecían sin descanso en operaciones, y el tiempo de recuperación y reentrenamiento) podría estar teniendo un impacto en materia de derechos humanos. A otros países también les pedimos ayuda: Estados Unidos por supuesto, España y hasta Corea del Sur.

Con todos estos elementos, que alimentaron directamente la construcción del documento, lanzamos en enero de 2008 la Política Integral de Derechos Humanos y DIH, que definimos como “la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la fuerza pública en el desarrollo de las operaciones”. Así de sencillo. Queríamos que fuera lo más práctica y eficaz posible, y por eso en su presentación dije:

Hay un proverbio chino que dice: “oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo”. Ahí está el quid del asunto: hay que hacer para entender. Y ahí nació la idea de esta política integral, en buscar la integración plena de los derechos humanos y el DIH a la instrucción táctica y a la lógica operacional. Con más razón cuando los derechos humanos y el DIH son la columna vertebral de nuestros esfuerzos, porque lo que estamos haciendo es precisamente eso: recuperando la vigencia de la ley en todo el territorio. Y el respeto por los derechos humanos y el DIH es nuestro seguro de que estamos operando dentro de la ley.

La política tenía estos elementos, que resumo de manera sucinta, de acuerdo con cada componente:

1. Instrucción

1.1. Modelo Único Pedagógico: En 2008 iniciamos el Modelo Único Pedagógico, que distribuye en seis niveles la formación curricular en DDHH y DIH, para todos los miembros de la fuerza pública, sin importar el rango.

1.2. Capacitación coyuntural: Capacitación extracurricular adicional a los cursos en DDHH y DIH. Entre 2006 y 2008 la capacitación coyuntural se incrementó en un 95%. El Ministerio de Defensa llevó a cabo 22 talleres especializados sobre Política Integral de DDHH y Derecho Operacional en distintas unidades militares y policiales, haciendo énfasis en la importancia de la regulación del uso de la fuerza.

1.3. Pistas de derechos humanos: para integrar el conocimiento teórico en DDHH y DIH con el entrenamiento práctico, se expandieron las pistas de DDHH a más de 35 en los Centros de Instrucción.

1.4. Grupo de Entrenamiento por Escenarios Regionales: En 2008 se creó el primer Grupo de Entrenamiento por Escenarios Regionales - GEPER, para establecer centros de instrucción que combinaran el entrenamiento práctico con distintos escenarios operacionales. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no era lo mismo desplegar la tropa en La Guajira que en el Cauca donde había problemáticas muy diferentes.

2. Disciplina

2.1. Oficina de Doctrina y Asesoría Jurídica (ODA): En febrero de 2008 se creó esta oficina para brindar asesoría jurídica a todos los comandantes en el terreno y desarrollar un derecho operacional propio, que articulara las obligaciones en DDHH y DIH a las operaciones.

2.2. Manual de Derecho Operacional: El Ministerio de Defensa y el Comando General publicaron el primer Manual de Derecho Operacional, que por primera vez aplicaba de manera ordenada todas las normas nacionales e internacionales de DDHH y DIH al planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones.

2.3. Asesores jurídicos operacionales (AJO): Estos asesores son abogados militares que brindan asesoría jurídica para la planeación, ejecución y evaluación de las operaciones. En 2008, teníamos ya 54 en las diferentes unidades.

2.4. Inspectores delegados: Desde el 2007, como ya se mencionó, se designaron 7 Inspectores delegados en cada una de las divisiones del Ejército para hacer seguimiento directo a las presuntas violaciones de DDHH e infracciones al DIH.

2.5. Reforma a la Justicia Penal Militar: En el 2007 designamos por primera vez a un civil en la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar: a Luz Marina Gil, una mujer de mucha experiencia y conocimiento a la que también quiero hacerle un reconocimiento porque le tocó muy duro. Luz Marina incrementó el entrenamiento de los jueces en DDHH y DIH y expidió directivas para que casos de violaciones pasaran a la justicia ordinaria. En la Revista de la Justicia Penal Militar No. 7 de enero-junio de 2007, escribimos: “…se requiere que, en caso de dudas sobre la competencia de cualquier proceso, los jueces penales militares contribuyan a establecer con la mayor claridad si éste corresponde a la justicia castrense o a la justicia ordinaria, en cuya situación deberán prestar todo el apoyo necesario a las autoridades correspondientes”.

Luz Marina también promovió la creación de unidades especiales de investigación y la coordinación con la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal para el impulso y agilización de conceptos y peritajes con el fin de avanzar en los procesos que dependían de estas pruebas. Este proceso encontró mucha resistencia, y aún más la reforma del código penal de la Justicia Penal Militar que trataba de aclarar que las violaciones a los DDHH no eran competencia de la jurisdicción, en cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional. A pesar de la oposición, yo le di mi absoluto respaldo. Todo esto le valió a Luz Marina un merecido reconocimiento internacional.

3. Defensa

3.1. Defensa judicial y disciplinaria de los miembros de la fuerza pública: En 2008 se expidió la Ley 1224 que fija un procedimiento para atender la defensa judicial y disciplinaria de los miembros de la fuerza pública por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio.

3.2. Nuevos convenios para garantizar el derecho de defensa de la fuerza pública: Hicimos un convenio con la Cámara de Asuntos Legales de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) para formular herramientas de transición que permitan garantizar el derecho de defensa de los miembros de la fuerza pública.

4. Atención

4.1. Afrodescendientes: En 2007, el ministerio publicó la Directiva 7 para fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los derechos humanos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ya existían directivas dirigidas a la protección de los pueblos indígenas que yo reforcé a raíz de una visita y conversación con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

5. Cooperación

5.1. Cooperación con la Fiscalía General de la Nación: Se fortaleció la colaboración con la Fiscalía sobre la base del convenio con el ministerio de 2006, donde se prevé el acompañamiento de miembros del CTI.

5.2. Cooperación con el CICR y Naciones Unidas: Se realizaron sendos talleres con el CICR de lecciones aprendidas y análisis de casos actuales de presuntas violaciones a los DDHH o infracciones al DIH; y se estrechó la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con visitas a las unidades del Ejército para discutir casos, participar en comités especiales del Ministerio, etc.

5.3. Cooperación con la Embajada de Estados Unidos: En 2008, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional apoyó un programa de difusión de la Política Integral de DDHH entre la sociedad civil.

Después de más de un año de intenso trabajo, reflexión y debate, finalmente publicamos la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el 22 de enero de 2008. Invitamos a la Oficina de la Alta Comisionada a que la comentara ante un público que incluía al cuerpo diplomático y a las ONG. La ONU nos dijo que esto no tenía precedentes y la describió como un “hito en el continente”.

*

Todo este entrenamiento en derechos humanos y DIH dio resultados más rápido de lo esperado, que para mí eran evidentes. Nuestras fuerzas habían asimilado el cambio de doctrina: ya no era el número cadáveres lo más importante sino el número de desmovilizados y capturados, en lo que yo tanto había insistido. Los partes de los oficiales –por lo menos los que me daban a mí en diferentes regiones– ya no comenzaban con el número de bajas sino con el número de desmovilizados. Y más tarde inclusive me sorprendió que muchos oficiales y suboficiales reportaban –sacando pecho– el número de guerrilleros heridos que habían trasladado al hospital después de los combates. Respetar los derechos humanos implicaba respetar también los de los adversarios.

Esta sensibilidad se notaba también entre los oficiales superiores. En la planeación de la operación Jaque, para dar otro ejemplo concreto, fueron nuestros oficiales quienes propusieron no atacar a los guerrilleros que quedarían en los alrededores del helicóptero cuando éste despegara con los secuestrados. “La operación sin derramar una gota de sangre nos dará más legitimidad y será mucho más desmoralizante para la guerrilla”, me aconsejaron. Así se dispuso, y así fue.

Las señales que recibíamos de los expertos que nos asesoraban eran alentadoras. Un coronel español nos dijo en un taller del CICR: “Yo nunca he visto una fuerza aérea que aplique con tanto rigor el DIH como la Fuerza Aérea Colombiana”. Cosas similares nos dijeron también los oficiales británicos que trabajaron con el Ejército.

Sin embargo, la opinión más importante para nosotros era la opinión de la población en las zonas de conflicto. Más de una vez, en privado, humildes campesinos resaltaron los cambios notorios en el comportamiento del Ejército en medio de las operaciones. La misma prensa resaltaba los cambios positivos en la doctrina, como escribió la revista Semana en noviembre de 2007 (“La Encrucijada Militar”):

Pero quizás en el fondo de todo hay un asunto puramente estratégico: la doctrina militar cambió. Durante la Guerra Fría se creía que la población era a la guerrilla como el agua era al pez. Y que lo que había que hacer era quitarle el agua al pez. Ese pensamiento hizo que todos los países donde había insurgencia se llenaran de escuadrones de la muerte. Colombia no fue la excepción. Posiblemente los militares sólo seguían a pie juntillas lo que los manuales y los asesores de la época les decían.

La nueva doctrina… es que hay que combinar muy bien las campañas militares con los aspectos económicos y políticos, pues el objetivo, más allá de derrotar al enemigo –que suelen ser el terrorismo y las mafias–, es asegurar la lealtad de los ciudadanos. Porque el punto de partida es que son guerras que se libran en países democráticos, y no en Estados colapsados, como en el pasado. Y donde la principal arma es la comunicación.

Este tipo de estrategia no requiere militares ‘troperos’ como los del pasado, que medían sus éxitos por las bajas que daban sus batallones, sino oficiales mucho más pensantes, que comprendan la realidad social y política en la que se mueven.

“La legitimidad es el centro de gravedad de la guerra. El pueblo quiere unas fuerzas militares victoriosas, pero transparentes. No queremos repetir la historia de naciones que al tiempo que obtuvieron la victoria, destruyeron sus ejércitos”, dice Padilla de León.

En medio de todos estos avances, comenzaba a llegar información que alertaba sobre la posible existencia paralela de un fenómeno impensable: los llamados “falsos positivos”.

II

LOS FALSOS POSITIVOS

Volvamos atrás. Al poco tiempo de haber asumido el ministerio comencé a escuchar historias sobre sobre posibles actuaciones irregulares que, cuando fueron evidenciadas, se empezaron a conocer con el nombre de “falsos positivos”. Es importante primero aclarar de qué estamos hablando. Como ustedes saben, los términos jurídicos son “homicidio en persona protegida” en el marco del DIH, y “ejecuciones extrajudiciales” en el marco de los derechos humanos. Tristemente, en Colombia en el contexto del conflicto se dieron de tiempo atrás homicidios de este tipo, como una forma de guerra sucia, si se quiere, por parte de algunos de nuestros hombres para salir del enemigo –o de quien consideraban el enemigo– por fuera del marco de la ley.

Lo que no habíamos conocido era la aún más execrable práctica que terminó denominándose por la prensa como “falsos positivos” y que consistía en presentar como resultados operacionales la muerte de civiles sin conexión alguna con el conflicto. Los falsos positivos son entonces una parte –aún más deplorable– de un fenómeno más amplio y más antiguo: las denominadas ejecuciones extrajudiciales.

Con el paso del tiempo y en un proceso gradual, esta práctica llegó al extremo de terminar con la vida de personas venidas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operacionales, para ser luego reportados como “caídos en combate”. Los asesinaban lejos de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la población local. Luego eran enterrados como “NN” en un cementerio local, mientras que se introducía alguna referencia en un informe de inteligencia para justificar la muerte de un “combatiente” y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto.

Esto lo vine a entender tiempo después. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo. Además, en mi paso por el periodismo había aprendido sobre la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha –que eran una realidad–, y estos relatos, que por entonces no venían acompañados de evidencia que los soportaran, parecían encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo, era consciente de que la verdad es siempre una gran víctima de la guerra.

Yo también me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones. Al fin y al cabo, yo había pertenecido a las Fuerzas Militares y había conocido de primera mano la integridad y los valores con los que formaban a sus oficiales. Sentía por ellas –y sigo sintiendo– mucha admiración y gratitud. Eso eran inventos y manipulaciones, pensaba para mis adentros.

Mi lamentable estado de negación comenzó a ver la luz de la verdad por dos flancos. Por un lado, comencé a darme cuenta de las consecuencias que estaba produciendo la presión que existía sobre las fuerzas para producir bajas. En muchas de las visitas que hacíamos con el presidente Uribe a las guarniciones salía a relucir el número de bajas –casi siempre de primero– como uno de los indicadores más importantes en los informes y partes que nos daban los comandantes de turno.

La verdad, eso en ese momento no me parecía tan descabellado: al fin y al cabo estábamos en una guerra. Hasta que me abrió los ojos –vaya paradoja– un gran general ya retirado, veterano de la guerra de Corea, que mi padre apreciaba y admiraba de veras, y yo también: el general Álvaro Valencia Tovar. Resulta que el general Valencia me fue a visitar para decirme que le parecía muy bien la importancia que le queríamos dar a los derechos humanos. “No hay nada más importante para un ejército que su legitimidad”, me repitió varias veces. Y me dijo dos cosas que para mí fueron muy, pero muy importantes.

La primera, que no considerara a las Farc como enemigos sino como adversarios porque los enemigos se eliminan, se destruyen, mientras que a los adversarios hay es que vencerlos, derrotarlos. Esa tesis la planteó luego en la presentación de su libro Mis Adversarios Guerrilleros. Me dijo también que la palabra enemigo tenía una connotación de odio incompatible con el honor militar. Y agregó, con su profundo carácter humanista: los guerrilleros son también colombianos, seres humanos como usted y como yo; somos hijos de una misma nación y vamos a tener que convivir con ellos tarde o temprano pues este conflicto solo se acaba en una mesa de negociación. Lo segundo que me dijo –muy premonitorio– es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, como sucedió en Vietnam.

El otro factor que me llevó a quitarme el velo para ver la realidad y a investigar, denunciar y actuar en este delicado asunto fue la información que comencé a recibir de varias fuentes creíbles. A principios de 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarme de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos. Y tengo que darle todo el crédito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo, quien también, después de obtener mucha información por su lado, comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Sergio se apoyó en un gran equipo donde quiero destacar a tres funcionarias: Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Goebertus. Muy diferente –pero comprensible, dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar– la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación.

*

En 2007 comenzamos a actuar en forma contra los falsos positivos (usaré esa expresión con la aclaración antes mencionada). Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno. Cosa que prácticamente no había ocurrido en el pasado, salvo en el caso del memorando de entendimiento que firmó el ministro Camilo Ospina con la Fiscalía en junio de 2006.

Pero no nos limitamos a expedir directivas. En enero de 2007, cuando tuvimos conocimiento de graves denuncias sobre la conducta de un oficial, el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, lo relevamos de su cargo y dejamos las denuncias en manos de las autoridades competentes. En el comunicado público del 26 de enero de 2007, que yo mismo leí ante los periodistas en la base militar de Tolemaida, dejamos claro que eran absolutamente inaceptables muertes en combate por fuera del marco legal, y las fuera de combate, así como los vínculos con organizaciones al margen de la ley:

El Ministerio de Defensa reafirma su política de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos y con cualquier vínculo de miembros de la fuerza pública con organizaciones al margen de la ley.

Reiteramos que aquellas bajas que no sean el resultado de operaciones de la fuerza pública son absolutamente inaceptables: la política del ministerio, de las Fuerzas Militares y de la Policía es una política de estricto apego a la ley y de consolidación del control territorial.

El ministerio no permitirá que la posible conducta criminal de unos manche el nombre de los miles de hombres y mujeres de la fuerza pública que día a día ponen en juego su vida para garantizar la seguridad de todos los colombianos. La responsabilidad penal es de los individuos, no de las instituciones.

El ministerio actuará en derecho, en este y en cualquier caso, para que quienes hayan cometido actos delictivos sean investigados por la justicia, con el respeto al debido proceso.

Era la primera vez que desde el ministerio se reconocía públicamente el problema. Por primera vez, salíamos de la negación. Y luego nos enteramos de que los paramilitares colaboraban con miembros de las Fuerzas Militares para producir estos “falsos positivos”.

Las denuncias sobre irregularidades en algunas de las muertes presentadas como bajas en combate comenzaron a crecer. Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho. Con el viceministro Jaramillo y con Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, nos propusimos investigar a fondo qué era lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión.

Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones e instituciones que tenían algún conocimiento del problema. Con la Fiscalía y la Procuraduría, naturalmente. Pero especialmente, como ya mencioné, con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La propia oficina de la Vicepresidencia que trataba de centralizar la información tenía datos parciales e información fragmentada. A estas entidades les dije que nuestros objetivos eran los mismos y que teníamos que trabajar en forma coordinada. Con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla –que fue determinante para esta política–, lo mismo que con el director de la Policía, general Óscar Naranjo, hicimos lo propio, y todos se comprometieron con esta tarea.

El CICR continuó proporcionándonos –como es su sana costumbre, de manera confidencial– informes muy valiosos sobre homicidios en persona protegida. Y la Oficina de la Alta Comisionada reaccionó muy rápido ante nuestra solicitud, entregándonos dos informes de casos específicos, con pelos y señales, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Le pedí al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos los casos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas. La Oficina realizó una serie de visitas en tres rondas para revisar casos, que vale la pena enumerar:

Primera ronda:

- 20 de junio de 2007, I División en Santa Marta;

- 27 de junio de 2007, V División en Bogotá;

- 6 y 7 de julio de 2007, VII División en Medellín;

- 12 de julio de 2007, VI División en Florencia;

- 24 de julio de 2007, II División en Bucaramanga;

- 2 de agosto de 2007, IV División en Villavicencio;

- 14 de agosto de 2007, III División en Cali.

Segunda ronda:

- 4 de diciembre de 2007, I División;

- 6 de diciembre de 2007, VII División;

- 7 de diciembre de 2007, III División;

- 11 de diciembre de 2007, II División;

- 14 de diciembre de 2007, IV División;

- 18 de diciembre de 2007, VI División;

Tercera ronda (en la que participó el Programa Presidencial de Derechos Humanos):

- 11 de abril de 2008, II División;

- 16 de abril de 2008, I División;

- 21 de abril de 2008, III División;

- 12 de junio de 2008, IV División;

- 30 de julio de 2008, VI División;

- 8 de agosto de 2008, V División;

- 22 de agosto de 2008, VII División.

Algo así nunca se había hecho.

Más de 100 casos fueron discutidos en estas rondas. Muchos oficiales entendieron que el problema era serio, y que la Oficina tenía buena información para respaldar los casos. No se trataba de una “guerra jurídica”.

*

El mismo día que lanzamos las visitas, el 6 de junio de 2007, expedí la Directiva 10. El propósito de la directiva era hacer un diagnóstico de estos casos, apoyar las investigaciones judiciales para esclarecerlos y tomar medidas para su prevención.

Con antelación, el viceministro Jaramillo había citado el 23 de mayo de 2007 al director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y al director de Derechos Humanos del Ministerio para documentar los casos que se estaban denunciando, fortalecer la comunicación interinstitucional para tomar medidas inmediatas ante cada nuevo caso, adoptar medidas de prevención más efectivas a través de una directiva ministerial y crear un mecanismo o comité de seguimiento a denuncias. La directiva debía concientizar a los comandantes de la necesidad de regular el uso de la fuerza ante la nueva estrategia de los grupos armados ilegales, insistir en la observancia del DIH, en especial los principios de distinción y proporcionalidad, e insistir en la responsabilidad de los comandantes y el control sobre la tropa.

La Directiva 10 creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos. El comité estaba integrado por el ministro de Defensa: el viceministro para Políticas y Asuntos Internacionales; el comandante general de las Fuerzas Militares; los comandantes del Ejército y la Armada; el director general de la Policía; los inspectores del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía; la directora de la Justicia Penal Militar, y los coordinadores de derechos humanos del Ministerio de Defensa, del Comando General y de cada una de las Fuerzas Militares.

Además –y esto es muy importante–, eran invitados permanentes la Fiscalía, la Procuraduría, el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja y Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

Citábamos a Bogotá, sobre la base de las informaciones que nos proporcionaban el CICR y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, a los oficiales y suboficiales involucrados en los casos denunciados –los que tenían un respaldo creíble o al menos probable– a explicar en detalle lo que había ocurrido frente al comité.

La creación del comité fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad: al lado de casos claramente inexplicables que ameritaban una investigación judicial en profundidad encontrábamos también algunos hechos de la guerra que parecían lícitos y objeto de falsas denuncias. Recuerdo uno de la Brigada Móvil 5 en Arauca, donde lo que claramente había sido una emboscada legítima fue denunciado como un falso positivo. Lo importante es que el comité, ante todo, envió una señal política a las Fuerzas Militares sobre la importancia que el ministerio le otorgaba a este delicado asunto.

La Directiva 10 fue considerada por especialistas como el más importante acto administrativo de reconocimiento de la vigencia del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento interno dictado hasta ese momento por el Ministerio de Defensa Nacional. Se apoyaron las investigaciones judiciales y se movilizó al sector Defensa –a todo nivel– para optimizar la integración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la doctrina operacional.

De especial importancia fue la insistencia en atacar estrictamente objetivos militares: objetivos que otorgaban una ventaja militar, de acuerdo a la necesidad militar.

*

Con todo, fue necesario reforzar esta directiva cinco meses más tarde con la Directiva 19, que fue expedida el 2 de noviembre de 2007. La directiva contiene instrucciones puntuales no solo para el comandante general de las Fuerzas Militares, como es habitual, sino también para los comandantes de las unidades militares y para la Dirección de la Justicia Penal Militar, con el fin de apoyar las investigaciones judiciales.

La directiva advirtió que el incumplimiento de las órdenes impartidas en las directivas 10 y 19 de 2007 constituía falta disciplinaria grave, según lo previsto en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares; reiteró y precisó que las Fuerzas Militares debían cumplir su misión y orientar todas sus actuaciones bajo los principios de legalidad, distinción y proporcionalidad. En particular, la Directiva 19 insistió en que es deber de los miembros de las Fuerzas Militares “cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario… las leyes, los decretos… los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias… y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.”

A estas directivas les hicimos seguimiento en el Acuerdo de Comandantes, así como en las reuniones del Comité Interinstitucional. Más tarde expedimos también la Directiva Permanente No. 25 de 2008, “Implementación de un sistema de recepción de quejas por hechos que presuntamente involucren responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública”.

Todas estas directivas generaron sendos actos administrativos por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, con el propósito, entre otras cosas, de:

- Regular el uso legítimo de la fuerza en la conducción y ejecución de operaciones;

- Difundir y darle cumplimiento la Directiva 10 de 2007 y reiterar las normas que se deben observar en casos de privación de la libertad y trato a los capturados;

- Emitir un plan de acción para implementar las recomendaciones del estudio sobre el sistema de enseñanza de derechos humanos y del Derecho Internacional del Conflicto Armado;

- Modificar la medición de los resultados operacionales, privilegiando las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y éstas a su vez sobre las muertes en combate;

- Reiterar las obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida;

- Promover un grupo de trabajo interinstitucional para centralizar el universo de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en infracciones al DIH;

- Fortalecer las políticas del Comando General en materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el marco de las operaciones militares a nivel táctico, operacional y estratégico.

*

En varias oportunidades, y lo reitero porque es muy importante, yo había señalado que la nueva doctrina era privilegiar los desmovilizados, en segundo lugar quedaban las capturas, y en tercer lugar las bajas. Expliqué que desde la perspectiva de la estrategia de la guerra esto traía ventajas porque los muertos para el enemigo se convierten en víctimas, en héroes, y en cambio los desmovilizados lo desmoralizan, lo confunden, aparte de que nos pueden suministrar información valiosa. Además, desde un punto de vista de la ética y la moral, son vidas humanas que se preservan. Esta orden quedó plasmada en la Directiva 300-28 de noviembre de 2007 del Comando General, que ordena:

- Privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de éstas a su vez sobre las muertes en combate, y dar mayor valoración a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas.

- Modificar la medición de los resultados operacionales ante el cambio de estrategia de los grupos armados ilegales, en la medida en que ahora actúan de civil y en grupos pequeños.

Hicimos, además, una gran campaña de publicidad estimulando la desmovilización de los guerrilleros, con muy buenos resultados.

El comandante general de las Fuerzas Militares visitó todas las divisiones del Ejército para hablar de derechos humanos con sus hombres y en particular de la Directiva 300-28. Los resultados del 2008 demuestran que la orden se cumplió: mientras que se desmovilizaron 3.461 integrantes de grupos armados ilegales en 2008, se capturaron 2.485 y fueron abatidos en combate 1.184.

Tomamos toda una serie de medidas –adicionales a las descritas en la primera sección– dirigidas directamente a enfrentar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales:

- Nuevos criterios para otorgar medallas, como la Directiva 142 de 2008: las desmovilizaciones y las capturas de integrantes de los grupos armados ilegales o delincuenciales se incorporaron como criterios fundamentales para el otorgamiento de la medalla al valor y de la medalla de orden público.

- Capacitación en procedimientos a seguir en casos de muertes en combate: el Comando del Ejército emitió una serie de instrucciones sobre procedimientos frente a muertes en combate que fueron difundidas a todos los niveles en cada una de las unidades del Ejército Nacional.

- Seminarios sobre caracterización de hechos: seminarios dirigidos a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y los operadores jurídicos disciplinarios sobre la caracterización de hechos violatorios de los DDHH.

- Curso de derecho operacional: Para agilizar el estudio de la competencia que asume la Fiscalía, se realizó en 2007 un curso de derecho operacional dirigido a Fiscales.

- Pista práctica para primer respondiente: En el 2008, el Centro de Estudios Militares empezó a implementar las pistas de primer respondiente: campos de práctica operacional en los que, al tiempo que se entrena militarmente, se imparte capacitación práctica a miembros de las Fuerzas Militares como autoridad primer respondiente con el fin de preservar la escena de los hechos luego de un combate.

- Remisión de casos a la justicia ordinaria: los funcionarios de la Justicia Penal Militar recibieron capacitación especializada sobre caracterización de los hechos para asegurar que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos se remitan a la justicia ordinaria a través de procedimientos claros y expeditos. Entre 2005 y 2008, se remitieron 304 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

No sobra mencionar que se revocó la Disposición No. 29 de 2005 y se derogó el Decreto 1400 de 2006, que habían sido interpretados como incentivos para producir bajas.

*

Todas estas medidas estaban comenzando a surtir efecto. Sin embargo, no era fácil para nosotros, como ya dije, saber con absoluta certeza qué era lo que estaba pasando en el terreno.

Eso cambió en una reunión que organizaron el viceministerio y las Naciones Unidas con un soldado que había sido víctima de un falso positivo: nada menos que el de su padre. El general Padilla y yo fuimos a entrevistarnos personalmente y de manera confidencial con el soldado en las oficinas de la ONU.

El 8 de julio de 2008 había muerto en circunstancias muy extrañas en una sencilla casa elevada, cerca de Yondó, en jurisdicción del batallón Cimitarra, un hombre de edad llamado Aicardo Ortiz. La ONU había confirmado que se trataba de un falso positivo, porque a su oficina en Bogotá el hijo de la víctima fue a denunciar el hecho. Se trataba precisamente de este soldado, con el que nos entrevistamos, quien además había sido testigo directo de otros asesinatos cometidos por el batallón “Calibío”. A su padre de 67 años lo había matado el batallón y lo había reportado como guerrillero muerto en combate.

Eso motivó al soldado a describirnos no solo lo ocurrido con su padre, sino la manera de operar del batallón Calibío. Por ejemplo, el uso del llamado “kit de legalizaciones” para sembrar evidencia a las víctimas. El general Padilla, que había sido subcomandante la Brigada XIV y conocía la región, le hizo muchas preguntas, a las que el soldado respondió con precisión. Por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos con toda nitidez la realidad de los falsos positivos.

Luego de esta reunión ordené que vinieran inmediatamente a Bogotá los comandantes de la Brigada XIV y del Batallón Calibío a dar explicaciones. Después de escucharlos, nos quedó claro que las explicaciones de los oficiales sobre la muerte de este señor no eran creíbles.

Este caso fue dos meses más tarde estudiado in situ por la Comisión Suárez, a la que me referiré más adelante, y los comandantes de la región fueron separados de las filas. Y todo se fue aclarando y agravando cuando un mes y medio más tarde apareció la noticia sobre los casos de Soacha. Ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONG enemigas del Ejército.

Soacha

El caso de Soacha nos acabó de poner los pelos de punta.

A mediados de septiembre de 2008 Carlos Franco, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, que formaba parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, asistió a una reunión de la comisión en la Defensoría del Pueblo, en la que el Instituto de Medicina Legal dijo que había encontrado muertas en Ocaña a unas personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en Soacha desde febrero.

Carlos llamó a la Fiscalía en Ocaña y preguntó de qué habían muerto esas personas. Se pusieron a averiguar y al cabo de un par de horas le dijeron que todas aparecían muertas en combate con el Ejército. Luego llamó a Cimitarra y pasó lo mismo: aparecían como muertos en combate. Entonces comparó las fechas en que había sido denunciada la desaparición (esa información estaba en el sistema de cruce de información de la comisión) y se dio cuenta de que todos aparecían muertos uno o dos días después de que se habían dado por desaparecidos, pero en otro lugar.

En ese momento me llamó directamente por el conmutador de la Presidencia y me dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”. Se rebasó la copa, me dije a mí mismo, y hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público. Se produjo un comunicado diciendo que tenemos una información muy preocupante de unos desaparecidos de Soacha que aparecieron como “NN” caídos en combate en Ocaña, reportados por el Ejército, y que estamos investigando. Mi experiencia de periodista me había enseñado que si hacíamos eso público podía surgir más información que nos ayudara a resolver semejante situación.

Desde hacía semanas los medios informaban sobre jóvenes desaparecidos en Soacha y se especulaba sobre los posibles responsables. Fue con ese comunicado que el país supo por primera vez, de manera oficial, que las desapariciones estaban ligadas al Ejército Nacional. Se confirmaba entonces el que se convertiría en el caso emblemático de los falsos positivos. Muchachos habían sido reclutados en Soacha para un supuesto trabajo rápido y lucrativo, y luego transportados hasta Norte de Santander para ser ultimados y presentados como “positivos” por el Ejército. Así de macabro. Algo inconcebible y profundamente inhumano. Gracias a todo el trabajo que ya habíamos hecho, lo pudimos enfrentar con decisión. Recuerdo que Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, me llamó a ratificar que eso estaba sucediendo.

Produjimos con el general Freddy Padilla un comunicado solicitando a la Fiscalía General de la Nación que diera prioridad a la investigación sobre la desaparición y muerte de estas personas. Lo mismo le ordené a la Inspección del Ejército. Al mismo tiempo, ofrecí toda la colaboración del ministerio para que las investigaciones se produjeran con la máxima celeridad, esclareciendo el accionar de la fuerza pública.

Luego convoqué una reunión en mi despacho, a la que asistieron el vicepresidente de la República, los altos mandos de la fuerza pública, el fiscal general, el defensor del pueblo y el viceprocurador, entre otros altos funcionarios. Se establecieron canales expeditos de colaboración con la investigación de la Fiscalía, que se comprometió a conformar un grupo especial de trabajo, coordinado por su Unidad de Derechos Humanos, para investigar los graves hechos.

Pero ante hechos de esa gravedad estas medidas eran insuficientes: teníamos que innovar y tomar nosotros mismos las riendas del problema. El viceministro Jaramillo y el general Padilla me propusieron que creáramos una comisión de investigación de carácter administrativo, encabezada por el mayor general Carlos Arturo Suárez, que estaba al mando de la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas. La idea no era suplantar las investigaciones penales de la Fiscalía –lo que por supuesto no nos correspondía– sino hacer una inspección rápida y eficaz en terreno para establecer de primera mano todas las irregularidades. Con la información que ya teníamos sobre ejecuciones extrajudiciales y “NN” era muy probable que íbamos a encontrar irregularidades en las órdenes de operaciones, o en los informes de inteligencia, o en el registro de las armas, etc., como en efecto ocurrió.

Inmediatamente di la orden de crear la comisión. Al equipo de oficiales que acompañarían al general Suárez añadimos a dos civiles muy conocedores de este tema.

El 3 de octubre de 2008 creamos formalmente la comisión con la resolución 4342. Los resultados de su gestión debían presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a su constitución, consignados en un informe analítico que contuviera como mínimo:

1. El análisis de la inteligencia y del planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares sobre las que recaen las denuncias, incluyendo logística y armamento;

2. El análisis de los niveles y secuencias de la cadena de mando que intervino en las operaciones y misiones;

3. El análisis de los controles disciplinarios (inspectores delegados, asesores jurídicos operacionales, responsabilidades primer respondiente, asesores jurídicos operacionales);

4. Las recomendaciones en materia de doctrina y táctica operacional derivadas del análisis;

*

La comisión inició una serie de visitas a las unidades en terreno para investigar casos específicos. Estos son algunos ejemplos:

I. El Caso de Aicardo Ortiz:

- La comisión se instaló el día 6 de octubre de 2008 en Puerto Berrío, Antioquia, en las instalaciones de la Brigada XIV del Ejército Nacional, precisamente en el Batallón Calibío y de inmediato comenzó su investigación.

- Testigos señalaron que entre las 5 y 6 de la mañana del 8 de julio de 2008, algunos soldados llamaron a la puerta de la casa del señor Aicardo. Éste abrió y luego cerró, pero los soldados empujaron la puerta, entraron, le dispararon y luego arrastraron el cuerpo afuera de la casa y le pusieron una granada, un revólver y un radio de comunicaciones.

- Los testigos dijeron que conocían al señor Aicardo hacía más de quince años como un trabajador que levantaba cercas y corrales, que debía tener más de 60 años de edad y que nunca lo vieron portando armas o radios de comunicaciones.

- Un grupo de vecinos de Puerto Matilde dijo que sólo después de 24 horas las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. Indicaron que hablaron con el teniente al mando de la tropa cuando sucedieron los hechos y que éste no pudo ofrecer una explicación coherente de lo ocurrido.

- Habitantes de la zona dijeron que desde hacía mucho tiempo por esa región no habían visto guerrilleros, que los conocían bien porque portaban brazaletes rojos. Declararon que tampoco tenían conocimiento de campos minados y que en el sitio en donde la información de inteligencia refiere que había un campo minado era la ruta que ellos usaban a diario para bajar leña e inclusive transitaban por allí con sus hijos menores.

- El Batallón Calibío le dijo a la comisión que el día 8 de julio de 2008 en desarrollo de una operación táctica sus tropas dieron muerte a Aicardo Antonio Ortiz, alias “El Murciélago”, presunto miembro de la compañía mixta REM (comisión alias “Arelis”) de las Farc. Al disparar en contra de la tropa, ésta respondió. También reportó el material de guerra incautado.

- La comisión estableció todas las incoherencias y contradicciones en esta versión. No se encontraron los registros de inteligencia técnica y humana. Tampoco documentos del archivo de fuentes, hojas de vida de informantes o constancia alguna del origen de la supuesta información de inteligencia que respaldara la supuesta operación contra un líder guerrillero.

II. El Batallón Rafael Reyes y los jóvenes de Soacha:

- En octubre de 2008 la comisión también visitó al Batallón de Infantería No. 41, General Rafael Reyes, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército. Se trataba de reconstruir la misión táctica del 5 de marzo de 2008 en la que habían muerto Eduardo Garzón y Daniel Pesca, quienes habían desaparecido en Soacha dos días antes de ser asesinados, presuntamente en el marco de una operación militar en el municipio de Cimitarra, Santander.

- La comisión encontró que existía un acta de pago de información a un supuesto informante por datos suministrados apenas dos días antes. Se refería a la “posible ubicación” de tres integrantes de bandas al servicio del narcotráfico. Así de gaseosas eran las informaciones que sustentan casi todos los casos. La referencia a Bacrim también es relevante, puesto que se tenía mucho menos conocimiento de sus integrantes y no existía nada que se pareciera a un orden de batalla de las Farc.

- La comisión encontró todo tipo de incoherencias y contradicciones tanto en la planeación de la operación como en su ejecución, al punto que uno de los muertos todavía tenía ropas de civil debajo del camuflado que le habían puesto.

III. La Brigada Móvil 15 y los jóvenes de Soacha:

- La comisión visitó la Brigada Móvil 15 el 14 de octubre de 2008 en Ocaña, con el fin de verificar la situación operacional alrededor de la muerte de Julio César Mesa y Jonathan Orlando Soto. Su muerte se dio en el marco de una misión táctica el día 27 de enero de 2008. Habían desaparecido de Soacha dos días antes y fueron presentados como bajas en combate en una zona rural de Ocaña.

La comisión también revisó, entre otras:

- La misión táctica que terminó en las muertes de Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez y Andrés Palacios, igualmente desaparecidos en Soacha y presentados como bajas de un supuesto combate ocurrido el 24 de agosto de 2008, en la vereda Papamito de Ocaña;

- La misión táctica que terminó en la muerte de Diego Armando Marín, Daniel Alexander Martínez y un “NN” el 12 de febrero de 2008, en El Carmen, Norte de Santander. Los tres fueron presentados como dados de baja en combate en una maniobra de emboscada a través de un movimiento motorizado desde el municipio de Ocaña.

- La misión táctica en la que murieron Fair Leonardo Porras (el 12 de enero de 2008) y Joaquín Castro Vásquez y Elkin Gustavo Verano (el 15 de enero) y Julián Oviedo (el 23 de febrero), desaparecidos del municipio de Soacha días antes.

En todos los casos relacionados con los desaparecidos de Soacha, la comisión detectó graves vacíos e irregularidades, como ya había sucedido en las otras unidades. La inteligencia consistía en informantes casuales que manejaba un suboficial y que no circulaba por las instancias formales. Tampoco se llevaba un registro de fuentes, ni era posible identificar la información por la que se pagaba o a qué informante correspondía. Las mismas irregularidades se presentaban en las órdenes de operaciones, en la supervisión de los armerillos, etc., etc.

*

Cuando la comisión encabezada por el general Suárez concluyó sus visitas de campo, me presentó un resumen del informe, tal y como se lo había exigido. Al terminar de escuchar el informe quedé estupefacto. Tal vez nunca había sentido con tanta fuerza una combinación de ira e intenso dolor con tan profunda tristeza. Ya no podíamos seguir investigando. Era imperativo tomar decisiones. Decidí que el presidente Uribe tenía que conocer esta información, no sin antes pensar en qué medidas drásticas podíamos tomar para frenar en seco esta macabra práctica. No podíamos acusar y destituir a los responsables por falsos positivos sin respetarles el debido proceso, pero sí podíamos usar la facultad discrecional para sacar a todos los que de una forma u otra habían contribuido o permitido estos escabrosos hechos.

Las pruebas de negligencia por parte de los comandantes de esas unidades ante la evidencia de procedimientos que rompían con la doctrina y la instrucción en todos los aspectos –en operaciones, en inteligencia, en logística– era tan fuerte, y el cúmulo de resultados operacionales irregulares tan aterrador, que decidimos que había que separar a 20 oficiales y 7 suboficiales de las filas, incluyendo a tres generales y cuatro coroneles, por fallas ocurridas bajo su mando. (Trece oficiales más salieron en noviembre y otros once en enero de 2009).

Esta decisión había que planteársela al presidente prácticamente como un hecho cumplido. Yo me acordaba de cuando en la Policía, después de descubrir un escándalo de chuzadas ilegales a una periodista y al presidente de la Corte Constitucional, sugerí al general Naranjo como director por encima de 11 generales más antiguos que acabaron saliendo de la institución. El presidente no quería, pero al final accedió a la designación del general Naranjo porque no se le dejó alternativa. Y creo que no nos equivocamos. En esta oportunidad había que hacer algo parecido.

Salimos para Presidencia con el general Padilla, el viceministro Jaramillo y la comisión. El general Suárez y su equipo le hicieron la presentación al presidente Uribe en el salón Obregón. Fue un momento de gran tensión. Al final el viceministro y la comisión salieron y nos quedamos el presidente Uribe, el general Padilla y yo. Le dijimos lo que a nuestro juicio había que hacer. Accedió.

El anuncio lo hizo el mismo presidente Uribe en una rueda de prensa en la mañana del día siguiente, el 28 de octubre. El general Padilla leyó los nombres de los oficiales. Dejamos claro que al retirar a estos 20 oficiales y 7 suboficiales no les estábamos atribuyendo responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones. Eso sólo podía determinarlo la justicia. Pero otra cosa es la responsabilidad del mando.

El ejercicio del mando es la esencia de la misión de un oficial. Eran tan protuberantes las irregularidades que encontramos en el terreno, y tan graves la fallas en el ejercicio del mando, que no podíamos dejar de tomar decisiones si queríamos preservar la integridad del Ejército Nacional.

Al comandante del Ejército no le quedó otra alternativa que renunciar.

La decisión retumbó por todas las unidades de las Fuerzas Militares. Las ejecuciones extrajudiciales, gracias a Dios, cayeron de manera dramática, como lo consignaron las diferentes instancias de supervisión y control.

Cada vez que recuerdo todo esto se me revuelve el corazón. ¡Hasta dónde nos llevó esta maldita guerra! También soy padre de hijos más o menos de la misma edad. Tal vez por eso no pude dejar de pensar en las familias de esos jóvenes asesinados de manera tan infame. Todavía las llevo como una espina en mi corazón.

A nadie le cabía en la cabeza que algo así estuviera ocurriendo en nuestras filas, pero ocurrió. También pienso en el terrible daño para el Ejército y en todos sus hombres y mujeres, la inmensa mayoría, que nada tuvieron que ver con esto, pero vieron su esfuerzo y su reputación empañadas por un sector no despreciable que había caído en estas conductas desquiciadas. Todo esto me estimuló a redoblar los esfuerzos para humanizar la guerra y, ojalá, acabarla.

Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento al mayor general Carlos Arturo Suárez, quien encabezó la comisión. El general Suárez no hizo más que insistir con todo rigor y determinación –no por casualidad en el Ejército lo llamaban “la Machaca”– en la observancia de los valores militares en los que fue formado. Llamó las cosas por su nombre y defendió su institución. Tristemente, en años posteriores tuvo que cargar con el terrible peso de la estigmatización por parte de aquellos en sus propias filas que no podían –o no querían– creer que todo esto fue verdad. Honor a un gran soldado.

Debo decir que el capítulo de los falsos positivos es uno de los momentos más dolorosos que he tenido en mi vida pública, y es una mancha indeleble en el honor de un Ejército que tiene sobrados motivos para vanagloriarse pero que también debe tener la entereza para reconocer la verdad y pedir perdón. Es una de las formas para resarcir el daño.

*

Ante hechos de semejante gravedad no podíamos dejar de tomar nuevas medidas, además del retiro de los oficiales. Una de las primeras fue designar al general Suárez como nuevo inspector del Ejército. Y se ordenó la salida de 10 miembros del Ejército más, que están dentro de los que ya mencioné. Habían pertenecido al batallón de La Popa, donde se habían presentado graves denuncias de falsos positivos.

En noviembre de 2008 anunciamos una serie de medidas, conocidas como “las 15 medidas”, con dos propósitos: extraer las lecciones que nos dejaba la comisión del general Suárez para tomar los correctivos de forma inmediata, y acelerar y fortalecer la implementación de las medidas anunciadas en la Política Integral de Derechos Humanos y DIH.

En esencia, las 15 medidas pretendían:

i. Identificar fallas en los procedimientos de inteligencia, operaciones y logística;

ii. Revisar la aplicación de la doctrina de inteligencia;

iii. Revisar la instrucción en derechos humanos de conformidad con la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Modelo Único Pedagógico (MUP);

iv. Establecer un sistema de evaluación del aprendizaje en derechos humanos;

v. Organizar talleres en todas las Divisiones sobre la responsabilidad del comandante;

vi. Crear una Comisión de Inspección Inmediata (CII) que se desplazara a lugares en donde se presentan quejas o denuncias sobre violaciones a los DDHH o al DIH;

vii. Realizar las coordinaciones necesarias para que los Inspectores Delegados dependan de la Inspección General de las Fuerzas Militares y que atiendan de manera exclusiva temas de DDHH y DIH;

viii. Organizar una estructura jerárquica para el cuerpo de asesores jurídicos operacionales;

ix. Asegurar que los asesores jurídicos operacionales dependan de direcciones de asesoría jurídico-operacional en sus fuerzas;

x. El Comando General de las Fuerzas Militares debe determinar las organizaciones armadas ilegales que deben ser enfrentadas utilizando la fuerza letal como primera opción;

xi. Perfeccionar el sistema de evaluación de las unidades militares para asegurar que sean evaluadas de acuerdo con los objetivos previstos para los tipos de operaciones según el nivel de amenaza en el área;

xii. Poner en marcha un sistema diferenciado de aplicación de Reglas de Encuentro (RDE);

xiii. Establecer una certificación en derechos humanos para los oficiales que aspiren a cursos de ascenso para coronel o general;

xiv. Fortalecer el acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de Investigación; y

xv. Establecer hasta el nivel táctico un sistema de recepción de quejas en materia de DDHH y crear un sistema de rendición pública y periódica de cuentas.

Y, en consecuencia, se tomaron otra serie de medidas importantes:

- Se creó la Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares, que facilitó la integración de los principios de los derechos humanos y del DIH en todas las actividades de las fuerzas.

- Se institucionalizó la política de revisión de las órdenes de operaciones, para asegurar que estuvieran debidamente enmarcadas en el DIH

- Se publicó el Manual de Derecho Operacional, dirigido a todos los comandantes militares hasta el nivel de unidad táctica (nivel de batallón), a los asesores jurídicos operacionales y a los operadores jurídicos, que desarrolló los parámetros para las operaciones en el marco del DIH y de los derechos humanos.

- Se expidieron las Directivas 17 y 32 de 2009, que constituyeron el producto de un trabajo de concertación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, por medio de las cuales se impusieron las Reglas de Encuentro (RDE) para las Fuerzas Militares y se implementó el sistema para su aplicación y entrenamiento.

- Se reforzó la regulación de los gastos reservados y la vigilancia del control fiscal y de resultados en la ejecución de dichos gastos por parte de la Contraloría General de la República.

- Se expidió la Directiva No. 040 del 10 de marzo de 2009 del Comando General de las Fuerzas Militares, que imparte instrucciones para la organización y funcionamiento de las Inspecciones Delegadas de la Inspección General de las Fuerzas Militares con dedicación exclusiva para los temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependientes de la Inspección General de las Fuerzas Militares.

- Se reglamentó con la Directiva 208 de 2008 el funcionamiento de la Comisión de Inspección Inmediata, la cual debe desplazarse, de forma inmediata a lugares en los cuales se presenten quejas o denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

- Se estableció una certificación en derechos humanos para todos los oficiales que aspiren a participar en el curso de ascenso al grado de coronel o general, de acuerdo con un estudio minucioso de su hoja de vida.

A mi juicio, la lección aprendida más importante de este doloroso capítulo es que ninguna guerra o contienda, por más compleja o difícil que resulte, justifica relajar los controles reglamentarios y legales y que, en cualquier doctrina militar, sin importar su carácter original o innovador, siempre debe preferirse la defensa de la vida al resultado operacional.

*

Todas estas medidas fueron efectivas. Eso es lo más importante. El descenso de las ejecuciones extrajudiciales fue abrupto y permanente.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Auto No. 033 de 2021 del 12 de febrero de 2021. Ilustración elaborada con base en información contenida en SIJUF, SPOA, CNMH, CCEEUU.

Diferentes organizaciones y expertos internacionales reconocieron las medidas y los avances. El 29 de octubre de 2008, luego del anuncio de las primeras medidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el siguiente comunicado:

“La Oficina saluda las medidas anunciadas por el Gobierno de Colombia frente al problema de las ejecuciones extrajudiciales… Concuerda con lo expresado por las más altas autoridades en el sentido de que la promoción de la seguridad se debe adelantar, en todo momento, de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional relevantes y respetando plenamente los derechos humanos… y reitera su recomendación formulada en su informe anual de 2007 al Gobierno y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de insistir en los esfuerzos para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza.

Así mismo, reconoce la importancia de que estos hechos sean investigados por la justicia ordinaria y alienta al Fiscal General de la Nación a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos para esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.”

Ocho meses más tarde, en junio de 2009, Philip Alston, el relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, visitó Colombia. Alston reconoció primero la mejoría del clima general de seguridad: “La cantidad de homicidios ha disminuido mucho y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país”. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, afirmó que su repartición geográfica indicaba que las acciones habían sido “llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”. Pero también reconoció que no se podían calificar estos hechos como una política del gobierno “o que fueron dirigidos o llevados a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa”.

Sobre todo, Alston manifestó estar “muy alentado con las medidas adoptadas” y aclaró que “sería un error menoscabar la categoría del Ejército colombiano, que es disciplinado y efectivo” y que “va por el camino correcto”. Señaló que “ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados en los últimos 6 a 9 meses” y resaltó los esfuerzos hechos desde el año 2007: “El Gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios”. Según el relator, “estas medidas demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el Gobierno para hacer frente a los homicidios pasados y para prevenir que sucedan en el futuro”.

Seis meses más tarde, la Oficina de la Alta Comisionada firmó un acuerdo con el ministerio para hacer un monitoreo formal a la implementación de las 15 medidas. Era la primera vez que la Oficina firmaba un acuerdo de monitoreo de una política pública, al menos en Colombia.

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Con estos reconocimientos no pretendo minimizar ni mucho menos la gravedad de lo que pasó en Colombia entre 2002 y 2008, cuando miembros de nuestro Ejército violaron su juramento de proteger las vidas de los colombianos e hicieron todo lo contrario: se convirtieron en sus asesinos. Hoy son muchos oficiales, suboficiales y soldados los que están respondiendo ante la justicia, y varios de ellos lo hacen ante la Jurisdicción Especial para la Paz bajo el compromiso de aportar la verdad y toda la verdad de lo que sucedió. Esa verdad es lo único que puede resarcir, de alguna manera, este horror de la vida. Eso, y la fortaleza de los principios, de la doctrina y de la instrucción que impida que algo así nunca vuelva a suceder.

No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado “la doctrina Vietnam”. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado.

Señores comisionados:

Lo anterior es un recuento de cómo investigamos, denunciamos y acabamos con los falsos positivos durante mi ministerio.

Esta es mi verdad, como la recuerdo, y respaldada por todos los documentos correspondientes. Quise ceñirme a los hechos, a la evidencia, y ser lo más objetivo posible.

Como en todo recuento histórico realizado por los protagonistas, seguramente tiene apreciaciones subjetivas. La historia nunca es objetiva. Esta comisión, cumpliendo con su misión, tendrá la oportunidad de contrastar mi verdad con otras verdades y decidir qué queda ante el balcón de la historia para que nunca más se repitan estos hechos atroces. También podrá decidir qué contribuye más a sanar las heridas y a la reconciliación, objetivo fundamental de la justicia transicional.

Por mi parte, tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era fácil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier institución toma tiempo, es difícil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas. Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró. Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las Farc, una guerra que por fortuna terminó. Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar.

Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma.

Juan Manuel Santos.