La represión y el aislamiento acorralan a los bielorrusos

Cuando Mikola no volvió a casa un día del pasado agosto, sus padres, Barys y Nadezhda Badalko, pasaron tres noches sin dormir. Hasta que localizaron al joven, de 18 años, en uno de los brutales centros de detención de Minsk, acusado de participar en las protestas contra Aleksandr Lukashenko que sacudían Bielorrusia. “Durante años creímos que vivíamos en un país con fallos y problemas pero seguro para nuestros hijos. No era así, nadie está a salvo de la represión”, se lamenta Barys desde un barrio a las afueras de la capital bielorrusa. Mikola estuvo preso una semana. Cuando salió, angustiado, la familia acordó que se marchara del país. No se han visto desde entonces. Ahora, los planes de la familia de reunirse están congelados. La decisión de la Unión Europea de cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas bielorrusas, sumadas a la recomendación europea a las grandes compañías aéreas para que eviten sobrevolar la exrepública soviética, merman al mínimo las opciones de salir del país.

El primer capítulo de las medidas de Bruselas contra el régimen de Lukasheko tras el insólito arresto del periodista y activista opositor Roman Protasevich, después de que Minsk forzase a aterrizar el avión en el que viajaba, aíslan al líder autoritario; pero también a los bielorrusos. Además, las opciones para entrar y salir de Bielorrusia por tierra, que ya eran escasas por las restricciones en las fronteras derivadas de la pandemia, son cada vez menores. En los últimos días, escudándose en la crisis sanitaria, Minsk ha aprobado nuevas normas que solo permiten hacerlo a quienes tengan permiso de residencia permanente en otro país.

Queda la opción de salir a tres países: Rusia, Armenia y Georgia, apunta el ambientalista Dmitri Michailovich —Michailovich es su patronímico, no su apellido, que no da por seguridad— pero los vuelos son “caros y difíciles”. “Tenemos la triste sensación de estar encerrados y de que esto se convierte en algo parecido a una jaula”, dice Dmitri, que cuenta que sus esperanzas de cambio, que florecieron con las inéditas manifestaciones del pasado agosto, cuando Lukashenko se atribuyó la victoria en las elecciones presidenciales con un 80% de los votos, se están apagando.

“La mayor parte de mis amigos se ha marchado o estaban ahorrando para hacerlo. A otros, los viajes a países de la UE nos daban aliento y otro punto de vista”, señala el ambientalista a través de la aplicación de mensajería por internet Telegram. Entre agosto y octubre del año pasado, 10.000 bielorrusos se marcharon a Polonia, 3.000 a Ucrania y alrededor de 500 a Lituania, según los últimos datos del servicio de migración del Ministerio del Interior bielorruso.

Todos los opositores de peso a Lukashenko, que lleva 27 años en el poder, están en prisión o en el exilio. Y sus métodos y maniobras actuales contra cualquier tipo de disidencia y contra los medios de comunicación independientes —clausurados o perseguidos— son “más brutales que nunca”, alerta Pavel Latushka, exministro de Cultura. Latushka, antiguo embajador en España y Francia, es miembro ahora del comité ejecutivo del opositor y perseguido Consejo de Coordinación, en el que están también la Nobel de literatura en 2015, Svetlana Alexiévich y la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya. “Estamos viendo el punto más alto de represalias [contra la oposición] durante todo el período de su reinado”, dice Latushka, que huyó a finales del verano pasado a Polonia.

Desde el inicio de las movilizaciones, las fuerzas de seguridad bielorrusas han detenido a unas 35.000 personas y ha iniciado casos penales por “extremismo” contra casi 2.500 ciudadanos. Las organizaciones de derechos civiles, que han documentado cientos de casos de violencia policial y torturas, contabilizan 450 presos políticos; entre ellos Roman Protasevich, el bloguero de 26 años cuyo arresto el pasado 23 de mayo ha sacudido el tablero geopolítico mundial y que se enfrenta a una condena de hasta 15 años de prisión.

Y con ese escenario de fondo, la nueva realidad que impone el cierre del espacio aéreo europeo a las compañías aéreas bielorrusas, incide la activista Tarsiana Hatsura, deja muy pocas opciones a quienes se ven obligados a marcharse. “Nos están convirtiendo en rehenes”, remarca. Como ella, algunos ciudadanos temen que Bielorrusia se convierta en una olla a presión en la que la situación se vuelva totalmente insostenible.

Un pulso a largo plazo

Otros, como los Badalko o como Tanya —que ha vivido la represión del régimen y que prefiere no dar su apellido por temor a represalias de los servicios secretos bielorrusos (KGB)—, ven este nuevo capítulo como un pulso a largo plazo. Esta mujer de 60 años, con una condena a sus espaldas, confía en que la prohibición a las aerolíneas, pero también las nuevas represalias contra el círculo de Lukashenko, así como las sanciones económicas que puedan poner en la diana algunos de los sectores clave para la economía del país —como la explotación de la potasa— terminen por causar profundas grietas en el régimen y su líder, que gobierna con puño de acero la pequeña república exsoviética de 9,4 millones de habitantes desde 1994. “Esas restricciones de movimientos crearán muchos problemas, pero estamos dispuestos a esperar y aguantar. Entendemos que las sanciones externas nos ayudan a socavar el régimen dictatorial, ponerlos nerviosos y cometer nuevos errores”, opina Tanya, que tenía todo preparado para viajar en breve a Barcelona.

Belavia, la aerolínea nacional, volaba a unos 20 aeropuertos europeos, desde Milán y Berlín a Roma y Viena. Todavía es pronto para valorar el impacto de las sanciones en el país, sostiene Pavel Matsukevich, analista del laboratorio de ideas bielorruso Center for New Ideas y antiguo diplomático.

Sin embargo, las pérdidas para la compañía aérea estatal serán grandes, advierte el experto Matsukevich, que desconfía del efecto real de las medidas de represalia hacia Lukashenko. “La decisión es política y el régimen la utilizará para sus objetivos y para reforzar su teoría y su mensaje de que alguien en Occidente está invadiendo la independencia de Bielorrusia”, comenta por teléfono. Y añade: “Quienes apoyan las sanciones económicas a las empresas estatales piensan que lograrán que la situación empeore y la gente vuelva a salir a la calle, pero lo dudo. Hoy las posibilidades de grandes protestas son casi nulas en un país en el que puedes ser arrestado solo por vestir de rojo y blanco; los colores de la bandera asociada a la oposición”.

La líder opositora Tijanóvskaya, que unificó la voz de la disidencia y compitió contra Lukashenko en las elecciones del pasado agosto, ha instado a la UE a intensificar las sanciones y expulsar a Bielorrusia de la Organización de Aviación Civil Internacional y de Interpol, para aumentar la presión contra Lukashenko. La opositora, que el pasado agosto huyó a Lituania después de que el KGB amenazase a su familia, ha remarcado que entiende la limitación de los vuelos como una cuestión de “seguridad para todos los europeos” tras el incidente del vuelo en el que viajaba Protasevich, forzado a tomar tierra por una supuesta amenaza de bomba, pero también ha exigido que se abran las fronteras terrestres para los bielorrusos. “No podemos permitir que el régimen convierta nuestro país en una prisión para 9 millones de personas”, ha dicho.

Con una crisis cada vez más profunda con Occidente, Lukashenko está completando su dependencia de Rusia. Esta semana, después de la visita del líder autoritario a Rusia y su reunión con el presidente Vladímir Putin, Moscú acordó liberar otro paquete de 500 millones de dólares en créditos para Minsk y aumentar el número de vuelos entre Rusia y Bielorrusia.