El Congreso holandés pide a la Comisión de Venecia que investigue el escándalo de las ayudas familiares

El Congreso de los Países Bajos aprobó este martes una moción para solicitar que la Comisión de Venecia investigue los fallos registrados en el escándalo sobre las ayudas a las familias que acabó tumbando al Gobierno de centro de derecha el pasado 15 de enero. En concreto, la Cámara quiere saber qué sucedió con la protección de datos y cómo se aplicó la ley que dio lugar a las acusaciones contra miles de familias.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, -especializado en Derecho Constitucional, la protección de los derechos humanos y la mejora de las instituciones democráticas-, y la Cámara holandesa quiere que analice en qué situación se encuentran sus ciudadanos a este respecto. El escándalo que tumbó al Gobierno presidido por Mark Rutte desveló que los cerca de 30.000 padres, buena parte de ellos de origen inmigrante, que fueron acusados erróneamente por la Agencia Tributaria de fraude en la percepción de ayudas para el cuidado de los hijos entre 2014 y 2019 y en muchos casos tuvieron que endeudarse para devolver las cuantías, sufrieron la discriminación añadida de ver expuesta su procedencia. Una práctica considerada ilegal en el país desde 2014.

La Comisión de Venecia hace propuestas legislativas que suelen ser asumidas por los países afectados. Así ha sucedido con dictámenes relativos al respeto del estado de Derecho en varios países, desde Albania a México, y de Sudáfrica a Polonia. Al Congreso holandés le parece bien que analice la situación de la protección legal de los ciudadanos, en especial ante las leyes administrativas, porque la comisión parlamentaria que estudió el escándalo de los subsidios familiares criticó al Gobierno y al Parlamento, “por aplicar de manera implacable las normas, sin atender a los preceptos que protegen a la ciudadanía”. Y también “por redactar leyes que no hacen justicia a las situaciones personales”. En la misma sesión del martes, la Cámara holandesa aprobó la creación de una comisión estatal que estudie el funcionamiento del ordenamiento jurídico para evitar casos similares.

El diputado democristiano Pieter Omtzigt, que ha presentado a la Cámara la moción para que interviniera la Comisión de Venecia, atendió en 2017 la llamada de la abogada Eva González Pérez, de origen español. Ella destapó el escándalo de las ayudas familiares, y el diputado ha interrogado al Gobierno sobre el caso en las sesiones de control. Omtzigt confía en que la petición se incluya en la próxima sesión plenaria de la Comisión de Venecia, prevista para el 18 de marzo. A su juicio, este órgano es el lugar adecuado para abordar la cuestión “porque en este escándalo ha fallado el Ejecutivo y los tribunales, es decir, tenemos un problema con el imperio de la ley”. En su opinión, no hay nada vergonzoso en acudir a la Comisión, requerida en otras ocasiones por Francia o Bélgica. “Lo que avergüenza es lo ocurrido con miles de familias desprotegidas”, asegura González, en conversación telefónica. La Agencia Tributaria anulaba las ayudas, a veces por un simple error administrativo guardando a su vez la relación del origen de los padres.

Al presentar la dimisión en bloque de su Gobierno, a dos meses de las elecciones, el ahora primer ministro en funciones, Mark Rutte, aseguró que todas las familias serían compensadas con una suma que asciende a 30.000 euros para cada una. Poco después, Hacienda acordó que las deudas contraídas por los progenitores con entidades oficiales para devolver las ayudas serían condonadas, pero siguen en vigor los préstamos solicitados a entidades privadas. En estos momentos, los acreedores, ya sean bancos, compañías de electricidad o inmobiliarias, se niegan a perdonarlas, de modo que la indemnización puede acabar en sus manos. Ante el tira y afloja administrativo que se avecina, el Congreso aprobó también el martes una moción en virtud de la cual insta al Gobierno a que asuma los descubiertos particulares de los padres, y reforme el sistema de subsidios.