“Nos reclamaban 60.000 euros. Y nos tachaban de defraudadores”

Los sobres azules con ventanita para la dirección son los más reconocibles del servicio neerlandés de Correos: los usa la Agencia Tributaria para sus recibos y notificaciones. Suelen abrirse con un suspiro resignado y cierta curiosidad, por si hubiera cambios en la suma a cotizar. A Sibel Körkoca, de 38 años, le producen tal angustia que tiene que leerlos su marido, Hamza. Ambos de origen turco y nacidos en los Países Bajos, son padres de cinco hijos entre 15 y 3 años, pero cuando solo tenían tres, la pareja contaba con ayuda para cuidarlos.

Residentes en Tilburgo, al sur del país, hasta que el matrimonio concluía su jornada laboral —ella como asistente de farmacia y él como mecánico— se ocupaba de los niños la madre de Sibel, que es niñera profesional y su trabajo remunerado era cuidar a los nietos. En 2014, la Agencia Tributaria suprimió la ayuda familiar que recibía su hija y la vida de todos dio un vuelco. El subsidio recibido por Sibel sirve para pagar la guardería o una niñera, en este caso, a su propia madre. Cuando la ayuda les fue retirada, Sibel perdió su empleo porque tuvo que dedicarse al cuidado de sus niños, y la abuela, que era independiente, acabó en el paro y acogida por su hija.

La pareja ignoraba que el suyo formaba parte de un abultado grupo de casos sospechosos de haber cometido fraude, y no entendían unas misivas donde se exigía la devolución de unas asignaciones que les correspondían. “Nos pedían unos 60.000 euros por un periodo de cuatro años. Pensé que se trataba de un error, pero no, nos tachaban de defraudadores”. De la angustia, tuvo dos accidentes de coche, enfermó y fue hospitalizada. Al silencio administrativo se sumó la certeza de que había otros casos similares, muchos de origen inmigrante.

Clienta de Eva González Pérez, la abogada de origen español que ha destapado el escándalo, Sibel ganó su caso a Hacienda sin pasar por los tribunales y no tuvo que pagar, pero dice que el daño moral es irreparable. Los marcaron como delincuentes sin serlo, y tiene deudas privadas que no cubrirán los 30.000 euros de compensación designados para cada familia.

Evrim Uyar admite su ingenuidad cuando, al leer la notificación en la que se le informaba de que tenía que devolver 24.500 euros, pensó que no era posible que el Estado le hiciera ese daño sin más explicación. De origen turco y nacida y criada en Ámsterdam, como su pareja, Sefa, tienen dos hijos. Evrim dirige una escuela de primaria y él lleva una empresa de taxis. Contaban con ahorros y pudieron pagar, aunque tampoco habían defraudado. Era otro error más de la Agencia Tributaria, cuyo máximo responsable ha dejado el cargo “por un desem­peño defectuoso de su labor”, según Hacienda.

Cuando el juez les dio la razón, todo fueron excusas oficiales, y como su pasaporte es neerlandés, cree que sus apellidos han jugado un papel relevante en el caso. Ha intentado que sus hijos notaran lo menos posible en casa el estrés que sufrían ella y su pareja, y “claro que hay que combatir el fraude, pero no de esta manera”.

Al igual que Sibel, no le parece que el Gobierno pueda llegar a acercarse a sentir lo que ambas han padecido, y se pregunta cuál es la responsabilidad de los políticos que han dimitido y piensan presentarse a la próxima reelección, en marzo.