El Congreso de Honduras rechaza destituir al presidente tras ser vinculado con el crimen organizado en EE UU

Fiscales generales estadounidenses acusan a Juan Orlando Hernández de haber aceptado sobornos de narcotraficantes. El mandatario califica las acusaciones de “ridículas” y como “calumnias”

Manifestación en Tegucigalpa el lunes exigiendo la destitución del presidente Juan Orlando Hernández.
Manifestación en Tegucigalpa el lunes exigiendo la destitución del presidente Juan Orlando Hernández.ORLANDO SIERRA (AFP)

El Congreso de Honduras rechazó este lunes abrir un juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, a quien fiscales federales de Estados Unidos han acusado de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su campaña presidencial. En las acusaciones se señala a Hernández de dar protección a líderes “narcos” e incluso publican una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.

La moción para iniciar un proceso de destitución contra Hernández fue presentada el 14 de enero por los diputados opositores Luis Redondo, Jorge Cálix y David Armando Reyes, quienes han alegado que el mandatario cometió “actuaciones contrarias a la Constitución de la República”, además de estar “vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes que se judicializan en Estados Unidos, que lesionan el interés nacional e internacional”.

Los opositores también acusan a Hernández de haberse reelegido pasando por encima de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial. Hernández —cuyo segundo mandato concluye el próximo año— logró que el Tribunal Electoral aprobara en diciembre de 2016 su candidatura. El presidente ha forjado un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Se trata de las mismas ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009.

Para iniciar un juicio político contra el mandatario la ley hondureña establece que se requiere el apoyo de tres cuartas partes de los legisladores, es decir 96 votos a favor de los 128 que conforman el Congreso. En la sesión del lunes, una mayoría de votos oficialistas rechazó la moción, por lo que Hernández podrá terminar su mandato sin contratiempos. El presidente se presentó en el Congreso y se pronunció sobre las acusaciones de los fiscales de Estados Unidos, que calificó como “calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes, a los que hemos capturado y otros que se han entregado. Tienen únicamente el fin de venganza”.

El 8 de enero fiscales federales de Estados Unidos presentaron ante el Distrito Sur de Nueva York unas mociones en las que acusan a Hernandez de haber aceptado sobornos de narcotraficantes. En los documentos no se nombra directamente al político, sino que se refieren a él como conspirador número 4 (CC-4), pero se hace referencia a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano y exdiputado, Juan Antonio “Tony” Hernández, hallado culpable de narcotráfico por un jurado de Nueva York en octubre de 2019. La lectura de la sentencia contra “Torny” Hernández estaba prevista para este miércoles, pero la defensa del expolítico hondureño ha pedido al juez del caso que la retrase. Se trata del octavo aplazamiento solicitado a la justicia estadounidense.

Desde que fue declarado culpable su hermano, el presidente ha sido fuertemente cuestionado en Honduras y a nivel internacional y las mociones presentadas a inicios de enero por los fiscales en Nueva York aumentan las dudas del compromiso del mandatario con la lucha contra el crimen organizado. En esas mociones se vincula a Hernández con Geovanny Fuentes Ramírez, quien fue detenido en marzo de 2020 en Miami acusado por narcotráfico. Los documentos afirman que Fuentes Ramírez pagó a Hernández, entonces presidente del Congreso, fuertes sumas de dinero a cambio de protección, lo que incluía el uso de las Fuerzas Armadas para proteger un laboratorio de cocaína y el envío de la droga a Estados Unidos. En uno de los alegatos más fuertes de estas mociones, adelantas por France Presse, se cita al presidente afirmando pretendía que la DEA pensara que combatía al crimen organizado en su país, pero que en realidad “metería drogas delante de las narices de los gringos”. El lunes, durante su comparecencia en el Congreso, Hernández zanjó: “No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi Gobierno, cueste lo que cueste”.

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Sobre la firma

Carlos Salinas Maldonado

Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente.

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