La salida de la directora de los parques naturales de Colombia desata los temores de los ambientalistas

La gestión de los recursos naturales en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, vuelve a estar en el centro del debate público. El sorpresivo relevo de Julia Miranda, reconocida por su labor de conservación en los 16 años que ha estado al frente de los Parques Nacionales Naturales, se ha convertido tan pronto se conoció la noticia en un nuevo punto de fricción para el Gobierno de Iván Duque. El anuncio de que el nuevo ministro de Ambiente, Carlos Correa, decidió aceptar la renuncia protocolaria que había presentado la funcionaria cuando el presidente lo nombró el pasado octubre ha desatado la molestía de los ambientalistas y despertado temores sobre el futuro de las áreas protegidas.

Miranda, abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en derecho ambiental del Externado, dirigió la secretaría de Medio Ambiente de Bogotá antes de que el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) la nombrara al frente del Sistema de Parques Nacionales Naturales, más de medio centenar de áreas protegidas que representan el 12 por ciento del territorio del país. Durante su gestión bajo tres presidentes distintos –Uribe, los dos mandatos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y los más de dos años que lleva Duque–, se crearon una decena de nuevas áreas protegidas y el Gobierno Santos duplicó la extensión de Chiribiquete hasta 4,3 millones de héctares. Con sus emblemáticos tepuyes salpicados por pinturas rupestres, el mayor parque de Colombia, y uno de los más grandes del planeta, ha estado constantemente asediado por la deforestación que amenaza la Amazonía.

En sendas entrevistas, Miranda dejó claro este miércoles que no quería dejar el cargo, y presentó su renuncia solo para cumplir con el protocolo habitual. El único desencuentro público que precedió su salida ocurrió con Uribe, mentor político de Duque y fundador del Centro Democrático, el partido de Gobierno. El uribismo, el movimiento político creado en torno al expresidente, ha aireado su inconformismo con las restricciones a la inversión en infraestructura en los parques nacionales, y en particular con la resistencia de Miranda al desarrollo hotelero en el Parque Tayrona, en el Caribe colombiano.

“No puede ser que el presidente Duque dice que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden el desarrollo de infraestructura turística en Tayrona”, reclamó Uribe en mayo de 2019 en un video que se ha hecho viral esta semana. Sin embargo, Miranda ha dicho que no atribuye su salida a esas tensiones. Una sentencia de la semana pasada del Consejo de Estado “establece que lo prioritario es el cuidado del parque, la conservación de ese bosque seco tropical y que no se pueden hacer proyectos que vayan a alterar esa área protegida”, destacó la saliente directora en una entrevista con La W Radio. “De manera que esa diferencia ya quedó zanjada”, concluyó.

Las suspicacías de los ambientalistas se acrecentaron cuando, tras conocerse la salida de Miranda, se anunció que su reemplazo será el arquitecto Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá, un cargo que no implica una experiencia significativa en asuntos ambientales. Sus críticos asocian su currículo más al cemento –mediante la construcción de parques urbanos durante las alcaldías de Enrique Peñalosa– que a la conservación o la sostenibilidad.

“Durante 60 años la dirección de Parques Nacionales Naturales estuvo a cargo de reconocidos expertos en medio ambiente, que en todos los casos tuvieron gran éxito. ¿Por qué y para qué el nuevo ministro del ambiente Carlos Correa rompió tan virtuosa tradición?”, se preguntó Manuel Rodríguez, la primera persona en ocupar el Ministerio de Medio Ambiente cuando fue creado en los años noventa. Incluso llegó a calificar el nombramiento como “un irrespeto con la exitosa tradición de Parques Nacionales que tanto ha costado construir. Es una vergüenza”.

El Ejecutivo intentó atajar las críticas. “Lo que buscamos como Gobierno es que los colombianos y el mundo entero quiera y proteja nuestros Parques Nacionales, para ello los tienen que conocer, recorrer y respetar. Orlando Molano tiene la experiencia para lograr ese propósito en beneficio de nuestros tesoros naturales”, reaccionó en redes sociales Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y portavoz de oficio en distintos frentes. Su mensaje, lejos de apaciguar las aguas, exacerbó los cuestionamientos ante lo que muchos perciben como una amenaza en un Gobierno que en varios momentos ha sido ambiguo frente a su política ambiental.

La polémica en torno a la gestión de las reservas naturales aterriza además en un clima político caldeado. Con un Ejecutivo que ha logrado instalar a la cabeza de los organismos de control a personas muy cercanas al presidente Duque o al uribismo, sus designaciones a lo largo del último año han reavivado intensas discusiones sobre el equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, los méritos de los funcionarios o la independencia de distintas entidades.

Una larga serie de nombramientos o postulaciones ha provocado controversia. Cada caso es diferente, pero varios coinciden en que diversas voces han cuestionado las credenciales de los funcionarios en el campo en que deben desempeñarse. Los ejemplos abundan. La ministra de Ciencia, Mabel Torres, ha enfrentado las críticas de la comunidad científica por haber impulsado un bebedizo contra el cáncer sin pruebas ni evidencia. Francisco Barbosa, íntimo amigo de Duque desde que fueron compañeros en la Universidad Sergio Arboleda, fue elegido fiscal sin historial previo en derecho penal. Carlos Camargo, otro abogado de su alma mater, llegó a la Defensoría del Pueblo sin antecedentes importantes en defensa de los derechos humanos. Y Paola Meneses, compañera de colegio de Duque, fue escogida la semana pasada como magistrada de la Corte Constitucional sin ser experta en derecho constitucional.