Los niños que mueren a manos de la policía en Río de Janeiro

Tan solo en Río de Janeiro, 12 niños fueron asesinados a tiros durante el año 2020. El pasado 4 de diciembre se alcanzó este número con el doble asesinato de las niñas Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, con siete años, y Emilly Victoria Silva dos Santos, con cuatro. Eran primas y jugaban en la puerta de su casa en Barro Vermelho, una comunidad de Duque de Caxias, un municipio de la región metropolitana de Brasil. Todos estos niños son negros, viven en barrios periféricos y son víctimas de una política de seguridad pública que lleva a los agentes de policía, especialmente a los de la Policía Militar de Río, a la confrontación directa en zonas pobres y densamente pobladas. “Es una continuidad de muertes, de destrucción que no se puede llamar de otra manera que no sea de un proyecto genocida, una política de muerte”, argumenta la educadora Monica Cunha, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Río (Alerj), así como la madre de un adolescente llamado Rafael, que fue asesinado hace 14 años por agentes de seguridad.

A Emilly le dispararon en la cabeza y a Rebecca en el pecho. La autoría de los disparos fue atribuida a la policía militar, según señala la abuela y otros familiares. La corporación dijo que los agentes estaban en las cercanías cuando fueron atacados por los criminales, pero que no hicieron los disparos. Luego, admitió haber abierto un procedimiento interno para investigar el caso junto con la policía civil.

Como sucede en los casos en que niños y adolescentes son víctimas fatales de disparos, toda una política de seguridad y un ciclo de impunidad en las operaciones policiales pasaron a primer plano. Estudios e informes indican que más del 90% de los “autos de la resistencia” —como son llamadas las muertes cometidas por agentes del Estado durante una operación— terminan archivándose o incluso sin investigación. De los 12 casos de niños muertos a tiros este año en Río, solo se completó una investigación, y esto fue posible porque el autor fue detenido en el acto.

Necesidad de presión

Sin embargo, hay casos que se convierten en símbolos de la violencia policial racista y de una política de seguridad fallida, según insisten los expertos y activistas de derechos humanos. Es el caso de João Pedro Mattos Pinto, de 14 años, asesinado durante una operación conjunta de la Policía Civil y Federal en el Complexo do Salgueiro, favela localizada en el municipio de São Gonçalo, el pasado 18 de mayo de 2020. O el de la niña, Ágatha Félix, de ocho años, asesinada el pasado septiembre, con un disparo de fusil en la espalda, durante una acción de la policía en la favela Complexo do Alemão. “Para que un caso siga adelante, se necesita mucha presión. Y cuanta más presión pongamos sobre él, sin dejar que los medios de comunicación y los organismos públicos se olviden del caso, más rápido será su trámite”, explica Cunha.

Una presión que Bruna da Silva, madre de Marcos Vinicius, un adolescente de 14 años, asesinado en Río, el 20 de junio de 2018, durante una operación de policía en la favela Complexo da Maré, nunca dejó de ejercer. Cada vez que va a hablar de su hijo, lleva la camiseta de la escuela que él usaba cuando le dispararon y que está ensangrentada. Las sospechas recaen sobre la policía del Core (Coordinación de Recursos Especiales), un grupo de operaciones especiales de la Policía Civil de Río, que realizaba una redada en ese momento. “Para nosotros es triste, vemos a estos niños ser asesinados a manos de aquellos que deberían protegernos. El que mata a estos niños es el que debe acogerlos”, se lamenta Silva.

Cuenta que, en septiembre estuvo en la Fiscalía y que la investigación indica que se irá a presentar una denuncia. Aun así, señala que el año que viene cumplirá tres años desde que su hijo, que “tenía prisa por crecer y ser el proveedor de la familia”, fue asesinado. “No habrá paz para esta madre hasta que alguien sea responsable. Alguien tiene que rendir cuentas, ser el responsable. Quiero ver al Core en el lugar de los culpables”, afirma.

En esa ocasión, la policía civil trató como sospechoso a Marcos Vinícius y a otras seis personas muertas en la operación, que incluyó vuelos bajos de helicópteros. También explicó de la incautación de armas, fusiles y sustancias ilícitas. Un informe interno que salió a la luz pública mostró que la corporación había considerado la acción como un éxito. Sin embargo, desde entonces, la de comisaría de homicidios en Río ha estado investigando la muerte de Vinícius junto con la Fiscalía.

Lentitud de las investigaciones

Como coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, es Monica Cunha quien recibe a los familiares de las víctimas de los operativos policiales y los encamina tanto para atención psicológica como para la Fiscalía, además de contactar con la Comisión de Derechos Humanos de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil). Según el fiscal Fábio Amado, coordinador del Núcleo de Derechos Humanos de la Fiscalía de Río, esto son los primeros pasos para que los casos sean llevados a la justicia, el organismo actúa en más de 400 casos de víctimas de violencia institucional, es decir, cuando hay un policía o cualquier otro funcionario público involucrado en la muerte.

Amado recalca que hay tres posibles esferas de responsabilidad: la esfera administrativa, en la que un agente de policía puede ser considerado responsable de manera disciplinaria e institucional, y puede ser expulsado de la corporación; la esfera civil, en la que se intenta hacer responsable al Estado por lo ocurrido y, en consecuencia, la garantía de indemnización, pensión vitalicia, atención psicológica, reembolso de gastos funerarios, entre otros derechos; y la esfera penal, de mayor visibilidad, en la que un agente puede ser juzgado por el Jurado Popular por asesinato y ser condenado a prisión.

“Llama la atención que nunca hubo responsabilidad de la cadena de mando o del superior del oficial de seguridad. La responsabilidad penal se limita a la punta, al oficial que realizó la acción. Pero la política de seguridad está completamente distorsionada y es profundamente ineficaz, lo que conduce a un alto índice de letalidad de las personas y a la muerte de muchos agentes de policía”, argumenta el fiscal.

En Río, el órgano encargado de investigar y presentar denuncias en los casos en que están implicados agentes de policía es el Grupo de Acción Especializado en Seguridad Pública (Gaesp) del Ministerio Público. La creación de esta rama se considera un logro de los familiares de las víctimas en el Estado y su actuación se considera positiva. Según Amado, la rendición de cuentas de la cadena de mando y de las autoridades superiores —que también podría producirse en los casos de improbidad administrativa— debe partir precisamente de una denuncia del Ministerio Público. Algo que nunca ha ocurrido hasta ahora, según él. EL PAÍS se puso en contacto con el organismo, pero no recibió respuesta. “Es sorprendente que tengamos más de 1.800 muertes el año pasado cometidas por agentes de seguridad. Hay casi cinco muertes por día [y más de un tercio de todas las muertes violentas cometidas en el Estado]. Es inaceptable, es pornográfico, y la propia sociedad termina perturbada por tantas muertes”.

También señala que una investigación de asesinato es lenta por naturaleza. El sistema de justicia es lento, las herramientas de investigación de la Policía Civil son precarias. Una investigación que dura dos años y medio puede considerarse “rápida”. Como ejemplo, menciona la masacre de Costa Barros, barrio de la zona norte de Río, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2015. Cinco jóvenes dentro de un coche fueron asesinados con más de cien tiros por policías militares, que fueron arrestados al año siguiente. Los juicios tuvieron lugar en 2019 y en septiembre de este año y los policías fueron finalmente condenados. Todavía hay posibilidad de apelación.

El Supremo Tribunal Federal (STF) restringió las operaciones en las favelas de Río durante la pandemia del coronavirus, lo que hizo que las cifras de letalidad de la policía, así como otros indicadores delictivos, se desplomaran en junio, julio y agosto. Los índices subieron de nuevo en septiembre y, especialmente, en octubre. “Estamos en un año de pandemia y aun así no se ha dejado de matar. Y todavía está esa restricción del Supremo Tribunal que no se respeta. Rebeca y Emilly fueron asesinadas en un Estado que tiene una determinación del STF que prohíbe este tipo de operaciones”, lamenta Cunha, para quien las sucesivas muertes de niños y adolescentes en las periferias denuncian el racismo en el país. “Brasil siempre ha sido racista, pero hoy, con todos estos gestores en el poder, hacen todo esto sin ningún problema. No dejamos de reclamar, pero se las arreglan para superar mucho más nuestra resistencia. Hemos llegado a un punto que es el racismo en último grado”.