Johnson se enfrenta a la rebelión del ala dura del Partido Conservador
El rechazo de decenas de ‘tories’ al plan contra la pandemia expone la debilidad del Gobierno
El primer ministro británico, Boris Johnson, conoce muy bien los mimbres de la rebelión que ahora le toca sufrir. Viene de ese bando. Decenas de diputados conservadores le han negado el beneficio de la duda y han votado en contra de las nuevas medidas contra la pandemia. Exigen un cálculo real de los daños económicos previstos y la imposible demostración de que el remedio no será peor que la enfermedad. Son los mismos que pusieron contra las cuerdas a la ex primera ministra, Theresa May, a cambio de la promesa incierta del Brexit. Esta vez la oposición laborista se ha abstenido, y ha dejado así más claro que la mayoría de Johnson roza la zona de riesgo.
Han sido finalmente al menos 56 los diputados conservadores que han rechazado con su voto el nuevo sistema regional de tres niveles de restricciones sociales propuesto por Downing Street. Las medidas han salido adelante con los votos de 291 parlamentarios. En una Cámara de 650 escaños, ni siquiera se ha alcanzado la mayoría absoluta. 78 han votado en contra, el resto se ha abstenido. Desde el principio sabían los rebeldes que no serían suficientes como para hacer fracasar la nueva estrategia contra el virus, que entra en vigor en toda Inglaterra a partir de este miércoles. Pero su dimensión, realzada por la decisión de los laboristas de abstenerse y no camuflar con sus votos la debilidad creciente de Johnson, ha puesto en evidencia que el primer ministro conservador tiene un problema en sus propias filas. “Todo lo que tenemos que hacer ahora es no ponernos nerviosos, mantener la calma, y aguantar hasta que las vacunas estén a nuestro alcance, hasta que de hecho nos las inyecten en el brazo”, ha implorado Johnson a los rebeldes este martes en la Cámara de los Comunes.
En las últimas 24 horas, el Gobierno británico ha puesto en marcha una campaña de apaciguamiento plagada de concesiones y torpezas para intentar reducir al mínimo un motín que desinfle aún más la credibilidad del primer ministro, en niveles mínimos apenas un año después de su apabullante victoria electoral. Han surgido por sorpresa nuevas promesas de ayuda pública para los pubs y los negocios hosteleros que se ven abocados a la quiebra; Johnson ha vuelto a poner fecha a la futura revisión de las restricciones sociales –el 3 de febrero– y ha llegado a sugerir que habrá excepciones locales antes de las navidades, para intentar contentar casi uno a uno a sus detractores con concesiones concretas para sus respectivas circunscripciones.
La pesadilla de Johnson tiene nombre y apellido, y es el mismo diputado, Steve Baker, que maniobró desde el European Research Group (Grupo de Investigaciones Europeas) para derribar a May e impulsar el liderazgo del actual primer ministro. El nuevo invento de Baker se llama Covid Recovery Group (Grupo para la Recuperación de la Covid), y aglutina ya cerca de setenta diputados. Para entender cómo fructifican estas rebeliones es necesario tener en cuenta que de los 364 escaños que posee el Partido Conservador en la Cámara de los Comunes (de un total de 650), casi la mitad, unos 150, ocupan algún puesto en la larga estructura del Gobierno y su lealtad se presupone. Pero la otra mitad, los llamados backbenchers (algo así como los de los escaños traseros) se deben más a sus propios votantes y disponen de una libertad que solo ata en corto un primer ministro con autoridad e influencia.
El nuevo grupo interno de presión, CRG en sus siglas en inglés, mezcla en sus exigencias una ideología libertaria, racionalidad complicada y cierto sentido común. Quieren que haya un equilibrio entre científicos y economistas en las decisiones contra el virus, que el Gobierno publique los cálculos coste-beneficio de los sacrificios exigidos a la población y que mejoren las respuestas prácticas como el uso masivo de test y rastreo. “Voy a dedicar toda mi fortaleza y coraje a reunir el mayor número de votos en contra de más confinamientos”, prometió Baker el pasado 4 de noviembre, después de dejarse convencer por Johnson por última vez y salvarle la cara en la votación que impuso un confinamiento nacional. Su grupo reúne a muchas caras conocidas del campo de los euroescépticos, pero también nuevas incorporaciones.
Dosier secreto
En un intento desesperado por meter miedo a los rebeldes, Downing Street filtró a última hora del lunes un “dosier secreto” al diario The Times en el que dibujaba un sombrío panorama económico aparentemente detallado pero sin ninguna novedad desconocida. Solo consiguió irritar más a los conservadores díscolos, y Johnson tuvo que reunirse una vez más con ellos una hora antes de la votación, a través de videoconferencia, para intentar minimizar los daños de la revuelta.
El líder laborista, Keir Starmer, ha conseguido imponer entre sus filas una solución de equilibrio para no perder la imagen de oposición responsable que ha intentado preservar durante toda la pandemia. Después de recordar a Johnson que se trataba de su quinta estrategia contra el virus, y que su partido ya respaldó en el Parlamento los dos confinamientos nacionales, Starmer anunciaba una abstención que dejaba al primer ministro solo ante la revuelta de sus propias filas. “No me han convencido en absoluto sus palabras de hoy. Creo que el paquete económico de ayudas que ha presentado no se acerca ni mínimamente a las necesidades que tienen las comunidades más afectadas. Y me temo que las medidas sanitarias propuestas, sobre todo el sistema de detección y rastreo, plantean el riesgo de que no podamos controlar el virus este invierno”, ha dicho Starmer.
Downing Street quiere recuperar el control de la fecha electoral
La humareda que ha traído consigo la pandemia ha debilitado al Gobierno de Johnson, pero también ha sido la ocasión perfecta para saldar por la puerta de atrás cuentas pendientes. Downing Street ha registrado este martes en el Parlamento una propuesta para deshacerse de la Ley de Término Parlamentario Fijo. Aprobada durante el mandato del ex primer ministro conservador David Cameron, la medida imponía una duración inmodificable de cinco años al mandato legislativo surgido de las urnas. Fue una contrapartida exigida por los liberales demócratas, a cambio de su apoyo para formar un Gobierno de coalición.
Solo a través de una moción de censura con éxito, o de la decisión de una mayoría de dos tercios de la Cámara, podía adelantarse la fecha de las siguientes elecciones. Una ley con la que se perseguía estabilidad parlamentaria suponía en la práctica arrebatar al primer ministro el poder de convocar a las urnas, y utilizar esa prerrogativa cuando las encuestas le fueran más favorables. Johnson tuvo que contar con los votos de los nacionalistas escoceses del SNP y de los liberales demócratas para convocar comicios el pasado 12 de diciembre y deshacer el nudo gordiano en que se había convertido la interminable batalla del Brexit.
La estratagema del actual Gobierno supone también en sí misma una venganza contra el Tribunal Supremo, que en su momento anuló la decisión de Johnson de suspender durante casi cinco semanas la actividad parlamentaria. En el nuevo proyecto, queda claro que cualquier decisión tendente a disolver la legislatura no podrá ser sometida al escrutinio de los tribunales. Es decir, la prerrogativa del ejecutivo no será “materia justiciable”. Todo apunta a que esta será la próxima batalla política que se librará en los escaños de la Cámara de los Comunes, porque las primeras reacciones laboristas no se han hecho esperar. Chris Bryant, el presidente de la Comisión Reglamentaria de la Cámara, ya se ha preguntado “cómo es posible que el primer ministro al que se condenó por disolver ilegalmente el Parlamento pretenda esperar que la nación le conceda el poder de convocar, suspender o disolver las Cámaras sin que los diputados digan nada al respecto”. El Partido Conservador incluyó este futuro cambio en su último programa electoral, pero Johnson lo había mantenido congelado hasta ahora.
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