Los planes de Orbán para cambiar la ley electoral de Hungría indignan a la oposición

El Gobierno de Viktor Orbán anunció la noche del martes un nuevo paquete de medidas legislativas que ha caído como una bomba en varios sectores de la sociedad. La propuesta más significativa apunta a un nuevo cambio en la ley electoral que dificultará la cooperación de los partidos políticos en la oposición con vistas a las elecciones generales de 2022. Esta medida consiste en que las formaciones deberán presentar candidatos al menos en 50 de los 106 distritos electorales de Hungría, lo que penaliza a las formaciones más pequeñas y, en general, a todos los partidos de una oposición que ya está muy debilitada y fragmentada. Con este cambio, los partidos tendrán que unirse por completo para presentar una lista nacional única en las elecciones, lo que ha causado bastante indignación.

“Llevamos meses negociando con las diferentes formaciones para poder hacer frente a la maquinaria política de Fidesz [partido que gobierna Hungría desde 2010]. Este cambio nos fuerza a estar unidos como un único partido, lo que complica todo”, reconoce Luis C. Cano, miembro de Momentum, un partido liberal y europeísta que irrumpió como un soplo de aire fresco en el panorama político húngaro 2018 y que cuenta dos escaños en el Parlamento Europeo más seis alcaldías en el país tras las últimas elecciones locales.

En esos comicios de octubre de 2019, Orbán sufrió la primera derrota en las urnas después de casi una década en el poder. Los partidos de la oposición presentaron candidatos de manera conjunta en una coalición que abarcaba a los jóvenes de Momentum, a los socialdemócratas del MSZP, al partido de ultraderecha Jobbik o a los ecologistas de LMP, entre otros. El resultado fue muy esperanzador para ellos, ya que consiguieron la alcaldía de las 10 ciudades más grandes del país (de unos 9,8 millones de habitantes). Su principal victoria fue la de Budapest, donde el candidato verde (de la formación LMP) Gergely Karacsony, desbancó al hasta entonces alcalde de Fidesz István Tarlós.

Con este cambio en la ley electoral, que se aprobará seguramente gracias a la súper mayoría de dos tercios que tiene Fidesz en el Parlamento, Orbán quiere ahorrarse futuros sustos. El Gobierno húngaro ha declarado que lo que busca esta propuesta es “garantizar que solo los partidos con apoyo real de los votantes puedan presentar una lista nacional”.

Luis C. Cano cuenta por teléfono desde Budapest hay buena sintonía entre los partidos de la oposición, a pesar de los continuos ataques del Gobierno, que critica cómo puede ser posible que partidos de izquierdas negocien con la extrema derecha. “Claro que tenemos diferencias, pero estamos unidos para salvar la democracia”, dice. Pero reconoce que la nueva medida, que les obligaría a presentarse en bloque contra Orbán, podría acarrearles problemas después de las elecciones. “Por ejemplo, ¿qué haríamos con la financiación de ese partido único? ¿cómo nos repartiríamos los fondos entre las diferentes formaciones? Sin duda, supone un desafío para la estructura y organización de cada partido”, explica.

Sobre fondos públicos y comunidad LGTB

Otra de las medidas que ha presentado el Gobierno de Orbán es una nueva definición de lo que se consideran fondos públicos, que excluye por ejemplo a las organizaciones vinculadas al Estado como las empresas estatales, lo que podría derivar en una falta de transparencia en la gestión del dinero de los contribuyentes, tanto húngaros como europeos. “Lo que quiere el Gobierno es ocultar los casos de corrupción de los oligarcas de Fidesz”, señala Cano. Esta medida se toma una semana después de que las instituciones de la UE hayan acordado la creación de un mecanismo para suspender los fondos comunitarios a los países que vulneren las normas del Estado de derecho. Hungría y Polonia llevan años en el punto de mira de Bruselas por su continuo desafío a los valores en los que se cimienta el club comunitario.

Y por último, siguiendo con la cruzada homofóbica del Gobierno polaco, el primer ministro húngaro también se ha propuesto restringir las libertades de la comunidad LGTB en el país. Este paquete legislativo incluye una propuesta que hace casi imposible las adopciones individuales de solteros, hasta ahora era la única vía legal que tenían las parejas gays para conseguir adoptar un niño. Solo los matrimonios o parejas civiles heterosexuales pueden hacerlo. En el caso de familias monoparentales, cada caso deberá ser estudiado por el Ministerio de Familia. Las organizaciones en defensa del colectivo LGTB critican que como esta semana también se ha prohibido el derecho a protestar por la declaración del estado de emergencia, no pueden manifestarse en contra de lo que ellos consideran un acoso del Gobierno ultraconservador a esta comunidad.