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Chile amenaza con sanciones a los contagiados de covid-19 que voten en el plebiscito constitucional

Como en el resto de la región, no existe un mecanismo alternativo al presencial para los infectados en la votación del 25 de octubre

Rocío Montes
Personal médico en Chile registra un documento de identidad como parte del protocolo contra la covid-19 antes de un partido de fútbol.
Personal médico en Chile registra un documento de identidad como parte del protocolo contra la covid-19 antes de un partido de fútbol.ELVIS GONZALEZ POOL (EFE)

No está prohibido jurídicamente que los infectados de la covid-19 voten en el plebiscito constitucional del 25 de octubre en Chile, el proceso electoral de mayor relevancia en el país sudamericano en las últimas tres décadas. En la práctica, sin embargo, la normativa sanitaria impide romper su cuarentena a los contagiados y a sus contactos estrechos. Sin mecanismos de votación alternativos al presencial, el Gobierno de Sebastián Piñera ha explicado que quienes rompan el aislamiento el día de la votación y sean descubiertos por Carabineros, se arriesgan a ser detenidos y devueltos a sus hogares, a sumarios sanitarios y a denuncias ante la Justicia por delitos contra la salud pública contemplados en el Código Penal.

“Es importante que las personas que tienen covid-19 positivo cumplan la cuarentena obligatoria, al igual que sus contactos estrechos”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio. “No se trata solo de la salud de un individuo: el ejercicio de la propia libertad podría tener un efecto en otros que puede ser mortal. De eso se trata la pandemia y, por lo tanto, debemos protegernos y cuidarnos”, ha dicho el ministro.

La ley chilena, sin embargo, garantiza que, si una persona llega a su local de votación, tiene derecho a sufragar, aunque esté incumpliendo alguna norma. Incluso alguien que cometa un delito dentro del recinto que le asignó el órgano electoral, puede votar antes de que se le detenga. Si Carabineros sorprende a un enfermo de covid-19 dentro del establecimiento, por lo tanto, antes de devolverlo al lugar donde pasa la cuarentena debe permitirle ejercer su derecho político. No sucedería lo mismo si a una persona contagiada se le sorprende de camino a su local de votación o fuera del centro. En ese caso, no podría sufragar y se le aplicarían los castigos.

Chile no ha controlada la primera ola de la pandemia. Con 12.142 muertos confirmados por la covid-19 y un pico a mediados de junio, actualmente hay 15.080 casos activos. No se sabe, sin embargo, la realidad sanitaria del país en cinco semanas, cuando más de 14 millones de personas están convocadas a las urnas para decidir si quiere o no reemplazar la Constitución de 1980 redactada en la dictadura de Augusto Pinochet y el mecanismo para redactar una nueva Carta Fundamental (si una convención de ciudadanos elegidos especialmente o una convención integrada en partes iguales por parlamentarios). Se trata de una consulta inédita a nivel mundial y para Chile, que nunca ha tenido una Constitución discutida en democracia.

“Como máximo órgano electoral del país, nos corresponde velar el derecho a sufragio de las personas”, explica Patricio Santamaría, presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel). “Pero en el momento que la autoridad sanitaria sobre la base de sus facultades –un derecho constitucional garantizado y el código sanitario– determinó que personas con covid-19 no pueden abandonar sus cuarentenas y deben mantener sus aislamientos a riesgo de multas millonarias y de incurrir en delitos, dijimos: 'Bueno, hay una situación que no depende del órgano electoral y son personas que no van a poder movilizarse hasta los centros de votación”, señala el portavoz del Servel, que no tiene iniciativa legislativa, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

De acuerdo a la ley actual, en Chile el voto debe ser secreto, personal, igualitario, informado y, adicionalmente, presencial en mesas receptoras de sufragios. Santamaría indica que “desde 2013 el Servel ha pedido modificaciones legales que nos permitan sistemas y procedimientos de votación distintas, para, por ejemplo, las personas privadas de libertad que mantienen sus derechos políticos vigentes”, las que tampoco pueden sufragar (se calcula que llegan a los 14.000). Pero a Chile lo encontró la pandemia sin alternativas al voto presencial, al igual que al resto de la región.

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América Latina, lamentablemente, enfrentará elecciones en contextos de pandemia sin tener mecanismos alternativos de votación”, señala Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, uno de los organismos que ha seguido en detalle los procesos electorales del mundo en medio de la crisis sanitaria. “Ningún país tiene voto postal dentro del territorio, sino para el sufragio de sus ciudadanos en el exterior. Tampoco tienen contemplado el voto domiciliario para casos de covid-19, porque solo unos pocos países –Ecuador, Paraguay y Honduras– lo han implementado, pero para personas con cierta edad y con dificultades para salir de su hogar. No hay voto por internet y solo dos Brasil y Venezuela tienen voto electrónico, aunque tampoco es una solución, porque de todas maneras tendrías que ir a un centro de votación”, indica Zovatto.

El analista considera “una aberración” que se les prohíba votar a los enfermos de covid-19, como sucedió en las elecciones del País Vasco y Galicia de julio pasado. Sobre el caso chileno, indica: “No se actuó con anticipación y fueron pasando los días, producto de la intensa agenda política chilena, y llegó en un momento donde la excusa fue que no había tiempo”.

La cifra de personas contagiadas por la covid-19 que no podrán votar el 25 de octubre dependerá, en buena medida, de lo que ocurra este fin de semana, donde la ciudadanía celebra con fervor y fraternidad las populares fiestas patrias. El 18 de septiembre es, probablemente, el día más importante para el pueblo chileno y este 2020 será el primero luego del estallido social de octubre de 2019 y de los meses de invierno más crudos de la pandemia. Las celebraciones este año se han restringido: ni siquiera podrán funcionar las tradicionales fondas (una especie de chiringuito donde se baila, come, bebe). Pero el Gobierno ha autorizado ciertos permisos para festejar, lo que abrió un debate por el riesgo de aumento de contagios.

Las autoridades no sabrán sino hasta las últimas horas antes del plebiscito quiénes son los contagiados, dónde están y cuántos son. Es una información privada que ni siquiera el Servel llega a conocer, según explica Santamaría. Será Carabineros, por lo tanto, la institución que deberá controlar que no haya infectados por las calles el día del referéndum. Se instalarán uniformados fuera de los locales de votación para realizar revisiones aleatorias y podrán identificar a los enfermos y sus contactos estrechos según su DNI, ingresados a la base de datos del Ministerio de Salud.

En Chile, el Servel ha publicado un protocolo sanitario que regula los diferentes pasos para realizar el plebiscito de forma segura y el órgano electoral ha implementado medidas como horarios exclusivos y preferentes para mayores de 60 años y grupos de riesgo, como embarazadas.

“No hay ningún país en nuestra región ni en el mundo que entre octubre 2020 y mediados de 2022 tenga un calendario electoral tan intenso como Chile, no solo en cantidad sino en variedad de procesos electorales”, señala Zovatto, en referencia al tren electoral que arrancará en el país sudamericano luego del plebiscito de octubre y que incluye elecciones municipales y de constituyentes en abril, presidenciales y parlamentarias en noviembre de 2021, un referéndum de salida de la potencial nueva Constitución en mayo de 2022. “Desde este punto de vista, Chile es un laboratorio único a nivel regional y global sobre cómo organizar elecciones en diferentes tipos de elecciones y en las diferentes etapas de la pandemia dependiendo de cómo esta evolucione durante este periodo”, señala el director regional de IDEA Internacional.

Según indica Santamaría, las autoridades chilenas adquirieron el compromiso de implementar mecanismos alternativos al voto presencial para las votaciones de abril del próximo año, como el voto anticipado, postal y domiciliario. Resulta de gran importancia en un país como Chile, que junto a Colombia tiene de las menores tasas de participación electoral de la región (menores al 50% en las últimas presidenciales).

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Sobre la firma

Rocío Montes
Es jefa de información de EL PAÍS en Chile. Empezó a trabajar en 2011 como corresponsal en Santiago. Especializada en información política, es coautora del libro 'La historia oculta de la década socialista', sobre los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Academia Chilena de la Lengua la ha premiado por su buen uso del castellano.

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