La Corte de Ecuador inhabilita a Rafael Correa como candidato a vicepresidente

Antes incluso de que el tribunal que debía respaldar o echar abajo el proceso penal por sobornos contra Rafael Correa llegase a las conclusiones, el expresidente sabía que había perdido la batalla. Mientras los jueces aún leían su resolución, publicó un mensaje en Twitter en el que daba por hecho el fin de sus ambiciones políticas: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato”. El tribunal de casación llevaba apenas una hora leyendo los argumentos por los que, después, declararía improcedentes los recursos de Correa y de la cúpula de su anterior Gobierno. Todos están condenados, ahora en firme, a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación política. La Justicia ecuatoriana ratificó este lunes la sentencia inicial que daba por probado que, aprovechándose de su posición, habían formado una red delictiva para obtener aportes de campaña a cambio de contratos públicos.

”Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a los perseguidos allá. Recuerden: a lo único a lo que nos condenan es a vencer”, escribió el expresidente. La ratificación de la sentencia hace que esta pase a ejecutoriarse, es decir, según la ley ecuatoriana, ya se puede aplicar y cierra la puerta definitivamente a que Correa vuelva a la primera línea de la política como había anunciado. Hasta ahora, estaba pendiente de agotar la vía de los recursos, lo que permitió al político anunciarse como aspirante a vicepresidente en las elecciones del próximo año. Finalmente quedó fuera de la concurrencia electoral por no cumplir los requisitos electorales y dejó solo en la papeleta a su aspirante a presidente, Andrés Arauz.

El rechazo a los recursos de casación cosechó una mayoría del tribunal, pero no unanimidad. Uno de los tres jueces emitió un voto aparte, que no varió la conclusión final. Los magistrados consideran que Rafael Correa y su exvicepresidente, Jorge Glas, fraguaron una trama de sobornos en la que el exmandatario instigó, según el fallo judicial, a su número dos y a los demás ministros de su Gobierno implicados a exigir dinero para financiar al partido oficialista Alianza PAIS a los contratistas que después recibirían proyectos de infraestructura del Estado. Sin su influencia, indica el tribunal, no se habrían materializado las transacciones. La sentencia que agota la tercera instancia judicial se publicará por escrito en las próximas horas.

El tribunal sugiere, además, a la Fiscalía que abra investigaciones adicionales por peculado (malversación de fondos), enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias. Mientras desechaban los reclamos de los abogados defensores por pretender, según el criterio judicial, hacer una revaloración de las pruebas, decenas de simpatizantes del correísmo aguardaban con banderas y proclamas a las puertas de la Corte Nacional, en Quito.

Junto a Correa, están condenados otros 15 procesados. Además del exvicepresidente Glas, preso desde 2017 por el caso Odebrecht, está el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, que fue uno de los hombres de confianza del exmandatario durante su década de Gobierno. También la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, que a mediados de agosto rompió el arresto domiciliario y se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Quito, y los exasambleístas de Alianza PAIS Viviana Bonilla y Christian Viteri, que también incumplieron antes de llegar a casación la medida cautelar de comparecer ante el juez regularmente. La última vez que se presentaron ante la Corte de Guayas fue el 11 de agosto y se desconoce su paradero desde entonces. Para todos ellos, el tribunal ratificó la sentencia condenatoria inicial. “Me iré a la cárcel sin haber visto un centavo, ni conocer ninguna estructura delincuencial, gracias a una justicia corrompida y funcional con la prensa”, protestó Alexis Mera en redes sociales al conocer la ratificación del fallo.

Según el Ministerio Fiscal, la red delictiva operó entre 2012 y 2016 y movió más de siete millones de dólares (unos 6,5 millones de euros), a través de intercambios de favores entre las autoridades y contratistas del Estado. A cambio de la financiación ilegal, los empresarios recibían grandes proyectos de infraestructura. La Procuraduría General del Estado, que también actuó como acusación, cifró el perjuicio al país en 21 millones de dólares.

El caso salió a la luz en abril del año pasado gracias a la revelación del portal periodístico MilHojas, en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados. Dos de las acusadas colaboraron con la Justicia desde la etapa de investigación. Pamela Martínez, asesora de la presidencia cuando gobernaba Correa, y Laura Terán, asistente de esta, entregaron a la Fiscalía un cuaderno y archivos de Excel en los que llevaban un registro contable de los pagos que recibían los funcionarios y de cómo se hacían las transacciones de los empresarios: en efectivo o con cruce de facturas por servicios no prestados o con precios inflados. A cambio de la cooperación penal, ambas se beneficiaron de una pena menor que ya están cumpliendo.