Condenados a vivir bajo la amenaza del fuego en Portugal

El fuego llama todos los veranos a la puerta de José Manuel Morgado, un albañil de 55 años que vive con su esposa y una de sus hijas en una vivienda semiaislada en el centro de Portugal. El pasado mes tuvo que salir a combatir las llamas hombro a hombro con sus vecinos para impedir que arrasaran con todo. “El fuego llegó a estar a menos de 30 metros de nuestra casa”, cuenta durante una conversación telefónica. Después enumera los años más duros: “2000 fue el peor para nosotros, pero también han sido terribles 2002, 2006, 2010, 2013, 2017...”. “En la parte psicológica, vivir con esta amenaza lo vuelve a uno receloso”, se lamenta, “nuestro sentido humano queda afectado. Nadie sabe el peligro, la preocupación, por los que pasamos en estas situaciones”.

Portugal es uno de los países del mundo más golpeado por los incendios forestales. El año pasado fue el miembro de la UE con el mayor porcentaje de territorio quemado y el quinto en número de hectáreas arrasadas (34.661, por detrás de Rumania, España, Italia y Francia), según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. En 2017, el país vecino tocó fondo con al menos 537.143 hectáreas perdidas a manos del fuego —el equivalente a casi el triple del área total de Guipúzcoa—, de acuerdo con el Instituto de Conservación Natural y Forestal (ICNF). Las llamas se ensañaron ese año con la localidad de Pedrógão Grande: más de 60 habitantes murieron, otros 250 resultaron heridos y unas 55.000 hectáreas quedaron reducidas a cenizas. Los números de los años posteriores están muy lejos de ese nivel de devastación, pero la situación para la población amenazada no deja de ser agobiante: este año, el peor desde 2017, ya han ardido más 36.343 hectáreas.

“Es sencillamente imposible imaginarse que algún día va a dejar de haber incendios”, se resigna Morgado, quien vive en una localidad boscosa llamada Vila do Carvalho, en la que además de robledos (la traducción literal de su nombre es Villa del Roble) proliferan sobre todo los pinares, una de las especies que sirve más fácilmente de pasto para el fuego. Se usa en la producción de celulosa y es más rentable que otros cultivos, por lo que se ha expandido a lo largo del país. Vila do Carvalho está ubicada además en Castelo Branco, provincia en la que ha ardido una cuarta parte de todas las hectáreas quemadas en territorio nacional en lo que va del presente curso.

“Reo del taimado fuego”, el país parece condenado a una de las bolsas del octavo círculo del Infierno de Dante. El ingeniero geógrafo Luís Correia Antunes, jefe de delegación de la Dirección General del Territorio de la Región Centro, enumera en la página web de un proyecto de divulgación educativo personal varias de las causas: “El aumento inequívoco y continuo de las temperaturas medias, el despoblamiento del interior, con el consecuente abandono de los terrenos de cultivo, así como la falta de ordenamiento territorial”.

Antunes procesó el año pasado información disponible en las bases de datos del ICNF para la elaboración de tres mapas sobre el fenómeno de los incendios en su país. Los resultados han sido muy reveladores: un 40% de los 278 municipios continentales de Portugal ha visto quemada un área equivalente a más de la mitad de su territorio entre 1990 y 2017. Los municipios de Cinfães (norte) y Mação (centro) han sido los peor castigados en este periodo con pérdidas de casi el doble de su área total.

“Ya te puedo decir que como líder local vivo todos los veranos con el corazón en la mano”, afirma Pedro Leitão, de 48 años, presidente de la junta municipal de Cantar-Galo e Vila do Carvalho. “Lo más triste es que generalmente hay un criminal detrás”, agrega. Los vecinos de la región sospechan que el incendio más reciente, que llegó cerca de la casa de Morgado, fue obra de un pirómano. Los incendiarios han causado una tercera parte (32%) de las conflagraciones este año en todo el país. “El problema de fondo”, continúa Leitão, “es que el interior de Portugal está despoblado, toda la gente se ha ido o al litoral o al exterior. Ya no hay la misma relación de las personas con el bosque, no hay ni siquiera quién lo cuide”. Tras el desastre de 2017, el Gobierno ha hecho obligatoria la limpieza de los terrenos que están cerca de las viviendas, pero la medida no ha sido del todo exitosa. “Para muchas personas que no llegan a reunir un salario mínimo trabajando la tierra es mejor pagar la multa que limpiar los terrenos”, señala Nuno Pereira, de 40 años, portavoz de la organización de ayuda a las víctimas de los incendios Maavim. “Y es peor todavía cuando hay abriles lluviosos, como este año. Los que limpiaron en marzo tuvieron que volver a hacerlo después, eso es insostenible para mucha gente”, complementa.

La atomización de las parcelas en herencias sucesivas, coinciden activistas y expertos consultados, pone en desventaja a los propietarios para competir con grandes productores agrícolas por los fondos públicos que les ayudarían a lidiar mejor con los incendios. En medio de esa continua parcelación, muchos terrenos quedan abandonados sin registro catastral, lo que agrava el problema ante la dificultad de gestionar las limpiezas en esos lugares.

El Gobierno ha reforzado la capacidad operativa de los bomberos y ha aprobado el apoyo durante 20 años de 80 a 150 euros por hectárea para los propietarios que reemplacen especies muy inflamables como el pino rodeno y el eucalipto por otras especies, entre otras medidas incluidas en el Plan Nacional de Gestión Integrada de Fuegos Rurales, presentado el pasado junio con dos años de retraso (se esperaba desde 2018). “Nosotros no queremos ser simplemente la casa de veraneo de la gente de Lisboa”, se queja Leitão, “nosotros vivimos aquí y somos los que cuidamos la naturaleza. Pero la ayuda que recibimos es insuficiente”.