Los jóvenes tailandeses gritan basta al poder

“¿Cómo podemos estar bien ante esta falta de democracia?”, gritaba a pleno pulmón el activista Tattep Ruangprapaikit durante una reciente protesta en Bangkok. Desde hace más de dos semanas, miles de universitarios, estudiantes de instituto y activistas han tomado las calles casi a diario en varios lugares de Tailandia para exigir reformas que retiren poderes a los militares y a la sacrosanta monarquía. Un movimiento osado en sus demandas que desafía el estado de emergencia –decretado por la pandemia y que prohíbe los encuentros multitudinarios- y la draconiana ley de lesa majestad imperante.

Algunos de los manifestantes se expresan sin tapujos. “No tratamos de derrocar la monarquía, sino de lograr que exista de la forma adecuada y legítima en el marco de un sistema democrático”, proclamó el lunes en una protesta en Bangkok el abogado y activista Anon Nampa, de 34 años. Anon, citado por Reuters, se atrevía a censurar directamente el rol actual de la institución bajo el mandato del rey Maha Vajiralongkorn, que sucedió a su padre, el venerado Bhumibol, tras su fallecimiento en 2016. El letrado acusaba a la institución de haber aumentado sus poderes, ante la inacción del Gobierno del militar Prayuth Chan-ocha. “Ruego a la gente que no imponga el caos. Estamos resolviendo los problemas juntos”, imploró este martes Prayuth.

Pero las penas de hasta 15 años de cárcel contra los insultos o amenazas al rey ya no parecen disuadir a algunos tailandeses: el monarca, quien se aisló en un hotel de Alemania junto a una veintena de concubinas mientras su país decretaba el estado de emergencia por la pandemia, no ha hecho mucho por ganarse el afecto de sus súbditos. A sus ausencias se suma la consolidación de su control sobre el Ejército y la Oficina de Propiedades Reales, el brazo financiero de la monarquía tailandesa -con activos valorados en decenas de miles de millones de dólares-, hasta ahora gestionado de forma independiente. Unos pasos que han despertado el fantasma de la monarquía absolutista, a la que puso fin una revolución en 1932, dando paso a un régimen de monarquía constitucional que vivió su periodo de gloria durante el reinado de Bhumibol (1946-2016).

“La juventud tailandesa está diciendo que ha tenido suficiente. Sienten que su futuro ha sido dilapidado y que las libertades han desaparecido bajo el Gobierno de Prayuth Chan-ocha”, apunta Thitinan Pongsudhirak, politólogo de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok. El general Prayuth se situó en el poder tras un golpe de Estado en 2014, y revalidó su mandato en las urnas el pasado año tras unas polémicas elecciones en las que el voto joven tendió a respaldar a partidos opositores progresistas. Las protestas actuales arrancaron, de hecho, cuando el Tribunal Constitucional tailandés ordenó en febrero la disolución de Anakot Mai (Nuevo Futuro), el partido con más impulso de los últimos años. La formación, de corte reformista, estaba dirigida por el empresario Thanathorn Juangroongruangkit, muy crítico con el Gobierno actual.

Tras meses de receso por el impacto del coronavirus, los jóvenes volvieron a ocupar las calles con fuerza a raíz de la relajación de las medidas de confinamiento el mes pasado, si bien el estado de emergencia se mantiene y contempla penas de hasta dos años de cárcel para los participantes en protestas. Imparables pese a las normativas, en apenas dos semanas ha habido casi medio centenar de manifestaciones, que se repiten con las mismas demandas: la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, el fin del acoso a los detractores del Gobierno y la aprobación de enmiendas a la Constitución, considerada fruto del golpe de Estado de 2014, para que no preserve la influencia del Ejército sobre el sistema político tailandés.

Unas protestas que han tomado forma gracias a la tecnología y las redes sociales, instrumentos que han permitido expandirlas en varias partes del país. Sus participantes han encontrado también modos creativos de identificarse, utilizando caretas con el rostro de un personaje animado japonés, Hamtaro, protestando contra el Voldemort de la saga de Harry Potter o empleando el saludo de tres dedos de la saga de “Los Juegos del Hambre” contra un estado autoritario. Aunque no cuentan con liderazgo oficial, muchos pertenecen a grupos de estudiantes como “Juventud Libre” y la “Unión de Estudiantes de Tailandia”, indignados especialmente con la represión contra los detractores del Gobierno.

Desapariciones forzosas

Desde el golpe de 2014, al menos nueve activistas pro democracia tailandeses han sido víctimas de “desapariciones forzosas”, dos de ellos acabando brutalmente asesinados, con sus cuerpos hallados mutilados en el río Mekong. Casos que también han sido denunciados por los jóvenes en las protestas, a las que se han ido sumando participantes de otras edades y sectores. “Se trata de un movimiento sin precedentes”, considera Pavin Chachavalpongpun, académico tailandés de la Univ

ersidad de Tokio.

“Lo es por dos motivos: primero porque tiene lugar en el seno de un reino nuevo tras siete décadas de una monarquía muy respetada. Y segundo porque la economía tailandesa nunca ha tenido un aspecto tan funesto”, apunta Pavin. Tailandia es un país acostumbrado a las protestas y los golpes de Estado –hasta 13 con éxito desde 1932-, una historia convulsa en la que el fallecido rey Bhumibol ejercía de elemento de unidad, rol que ha desaparecido con su hijo. El turístico país, muy afectado por el impacto del coronavirus, se enfrenta además a uno de los peores pronósticos de contracción económica de toda Asia, del 8,1 por ciento de su PIB, según el Banco de Tailandia.

Un cóctel peligroso que lleva a muchos analistas a predecir que las manifestaciones no cesarán con facilidad. Su evolución es incierta; las autoridades podrían optar por hacer la vista gorda y esperar que pierdan fuelle, contando con que en las pasadas dos décadas sólo las protestas callejeras que han tenido el apoyo implícito de la alianza entre los conservadores y el Ejército han logrado arrebatar el poder al Gobierno. “El peor escenario es que se utilice la fuerza para disolverlas, como ya ha ocurrido en el pasado”, advierte Pavin. En 2010, protestas contra el primer ministro Abishit Vejjajiva terminaron de modo sangriento con la intervención del Ejército.

De momento, el Gobierno está enviando señales contradictorias: a la vez que ha anunciado la creación de una Comisión Extraordinaria para establecer un diálogo con los manifestantes, ha iniciado procedimientos legales contra al menos 25 participantes, según grupos de activistas. La extensión del estado de emergencia hasta el 31 de agosto permite también, apunta Human Rights Watch, “continuar la represión contra sus oponentes, detener a los críticos y prohibir protestas pacíficas, y no por motivos de salud pública”.