La renovación de algunos magistrados del Supremo aviva la disputa política en Brasil

Nadie se fija en el currículum de los candidatos a la hora de elegir magistrados para el Supremo Tribunal Federal de Brasil, sino más bien en sus conexiones políticas. Esta máxima que circula entre los experimentados senadores de Brasilia la sigue más el entorno jurídico que el presidente, Jair Bolsonaro, responsable de recomendar a los sustitutos de los magistrados Celso de Mello y Marco Aurélio Mello, quienes dejarán la Corte en noviembre de este año y en julio de 2021, respectivamente.

La elección del sustituto de Mello, el decano de la Corte, es especialmente relevante. Es el ponente del proceso que investiga si Bolsonaro intentó interferir políticamente en la Policía Federal, como denunció el exministro de Justicia, Sergio Moro. Si la investigación no se concluye en los próximos cuatro meses, el sucesor de Mello se convertirá en el ponente del caso. Mientras el presidente lanza globos para complacer a su base —como el de que recomendará a un magistrado conservador y “terriblemente evangélico”—, entre bambalinas, abogados, magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fiscales y miembros de primer nivel del Gobierno de Bolsonaro se disputan el favor del mandatario para, a mediano plazo, obtener su aprobación para el principal cargo judicial del país. Pero los candidatos también tienen que pasar la criba de los senadores, algo que el presidente no está teniendo en cuenta, según han informado algunos aliados a EL PAÍS. En toda la historia de Brasil, los parlamentarios solo han rechazado cinco nombres, todos en 1894, durante el Gobierno de Floriano Peixoto.

Entre los posibles candidatos al Supremo se encuentran el presidente del Superior Tribunal de Justicia, João Otávio de Noronha, que concedió la prisión domiciliaria a Fabrício Queiroz, exasesor de Flávio Bolsonaro e investigado por desvío de dinero público en su gabinete de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, un potencial hombre bomba para la familia Bolsonaro. También se baraja el nombramiento del actual ministro de Justicia, André Mendonça, sospechoso de utilizar la estructura pública para monitorear a posibles opositores del Gobierno. En la lista también están el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Oliveira, un viejo aliado del presidente, y el fiscal general de la República, Augusto Aras, criticado por dirigir la Fiscalía con criterios políticos.

Noronha goza cada vez más del favor de Bolsonaro, que ya ha declarado que su relación con él fue “de amor a primera vista”. A principios de julio, el presidente del STJ aceptó una solicitud de la defensa de Fabrício Queiroz y le concedió la prisión domiciliaria, argumentando que podía contagiarse de coronavirus en la prisión donde estaba recluido, en Río de Janeiro. Queiroz está siendo investigado por coordinar un sistema de apropiación ilegal de los sueldos de los empleados del gabinete de Flávio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río. En el mismo periodo en que se le concedió el beneficio, el magistrado Noronha analizó 725 solicitudes con el mismo argumento y denegó 700, concedió 18 y desconsideró las otras siete porque los abogados defensores desistieron. Los datos fueron publicados en el portal G1.

Con relación al ministro Mendonça, Bolsonaro ya le ha dado algunos votos de confianza. El primero le “ascendió” de abogado del Estado a ministro de Justicia, cuando tuvo que reemplazar al exjuez Sergio Moro, su antiguo favorito para el Supremo. Después aceptó su recomendación para el Ministerio de Educación: el nuevo ministro, Milton Ribeiro, es amigo y ahijado político de Mendonça. Ahora, cuenta con él para mapear a un grupo de 579 personas (entre autoridades de seguridad pública y profesores universitarios) que serían miembros de “movimientos antifascistas”. La Fiscalía le ha dado diez días al Ministerio de Justicia para que rinda cuentas de esta investigación.

El ministro André Mendonça tiene a favor que se ajusta al perfil de “terriblemente evangélico”. Es miembro de la iglesia presbiteriana, y podría significar un guiño al ala religiosa que apoya a Bolsonaro. Y en cuanto al ministro Jorge Oliveira, su lealtad a Bolsonaro tiene un gran peso. Es licenciado en Derecho y oficial de la reserva de la Policía Militar del Distrito Federal. Fue jefe del gabinete del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, durante tres años. Llegó al cargo porque su padre, Jorge Francisco, asesoró al presidente durante 20 años. En su contra tiene su inexistente carrera judicial: a pesar de haberse graduado en 2006, solo empezó a ejercer en 2013 y ha defendido pocos casos en los tribunales.

Por lo que respecta a Augusto Aras, Bolsonaro lo eligió para dirigir la Fiscalía General de la República, aunque su nombre no constaba en la lista de candidatos que propuso el gremio. Y, en una transmisión en directo en sus redes sociales, dijo que podría proponerlo para ocupar una tercera vacante en el Supremo, si surgía. Sin embargo, el fiscal general, que se movilizó políticamente para llegar el cargo, ya ha dicho que la sugerencia del presidente causa incomodidad y que entiende que ha alcanzado la cima de su carrera con su cargo en la Fiscalía General de la República.

La politización del Supremo de Brasil no es nueva, pero ha ganado prominencia en los últimos 15 años debido a un papel que la propia Corte ha asumido: el de marcar terreno en el debate político. Esta nueva posición lo transforma en blanco de las críticas de varios espectros políticos. Las más recientes provienen de bolsonaristas y de la propia familia presidencial. Contra ambos hay investigaciones sobre noticias falsas, apoyo a manifestaciones antidemocráticas y, en el caso del presidente, la sospecha de que ha interferido políticamente en la Policía Federal.

“La diferencia entre el Gobierno de ahora y los anteriores es que, antes, la disputa política por las vacantes en el Supremo sucedía a puerta cerrada; ahora, es a cara descubierta. Además, se tienen en cuenta las investigaciones que involucran a familiares y partidarios del presidente”, opina el doctor en Ciencias Políticas Leonardo Barreto. “Bolsonaro es el primer presidente que instrumentaliza las recomendaciones. Dice que va a recomendar a alguien porque tiene determinadas características”, añade la profesora de la Universidad de Brasilia y presidenta de la Asociación Brasileña de Ciencias Políticas, Flávia Biroli.

Actualmente, el poder de Bolsonaro para recomendar no significa, a priori, que coseche los frutos más tarde, ya que estas recomendaciones, por determinadas cuestiones, no siempre funcionan. “Los políticos no analizan la carrera del magistrado. Las decisiones que pueda tomar no les preocupan demasiado. Lo que les interesa es que puedan decir que ese magistrado es suyo”, dice la profesora de Derecho Público de la Universidad de Brasilia, Maria Pia Guerra. La actuación de un magistrado es previsible, según Guerra, cuando tiene una trayectoria jurídica consolidada, con producción académica, publicación de libros o experiencia en los tribunales como abogado, juez o fiscal.

En su opinión, nombrar a alguien que goza del apoyo político es un error para cualquier presidente. “Una vez ha asumido el cargo, ya no lo controlas”. Fue notorio el episodio del actual magistrado y próximo presidente del Supremo, Luiz Fux, que dejó entrever que ayudaría al Partido de los Trabajadores (PT) en las demandas en las que estaba involucrado, incluido el exministro José Dirceu. Según declaró el propio Dirceu, Fux le habría dicho: “Esto lo resuelvo en un pispás”. Fux, que ha admitido públicamente que insistió para que el PT lo recomendara para la plaza en el Supremo —entonces era presidente del STJ y la presidenta Dilma Rousseff lo recomendó, en 2011—, fue duro en todos los procesos que investigaban la actuación del PT en el caso de corrupción conocido como Mensalão y también favorable a las acciones del caso Lava Jato que penalizaron el partido.

El segundo nivel y el Superior Tribunal de Justicia

En un segundo nivel de candidatos al Supremo aparecen los nombres del promotor general de acción disciplinaria y magistrado del STJ, Humberto Martins; del magistrado Ives Gandra Filho, del Tribunal Superior del Trabajo; y los jueces federales de Río de Janeiro Marcelo Bretas y William Douglas. También hay un tercer bloque, con posibilidades reducidas porque cuentan con el apoyo de una parte de la oposición y pocos contactos en el Ejecutivo. Este grupo está formado por los magistrados del STJ Herman Benjamin, Luís Felipe Salomão y Mauro Campbell.

La disputa en el STJ también es política, pero pasa por un filtro técnico que impide que el presidente elija directamente a su favorito. Bolsonaro tiene que decidir a partir de las listas triples que presenta el propio tribunal. Las 33 plazas del tribunal se dividen de la siguiente manera: 11 son para miembros de los tribunales regionales federales, 11 para los magistrados de los Tribunales de Justicia de los Estados y las otras 11 se reparten alternativamente entre abogados y fiscales: ahora les tocaría a los abogados recomendar a alguien. Por lo tanto, un juez federal deberá sustituir al magistrado Nunes y un abogado, al magistrado Fischer.