Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la Unión Europea tras el anuncio de nuevas sanciones

Nicolás Maduro ordenó el lunes la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, horas después de que Bruselas anunciara nuevas sanciones contra 11 dirigentes considerados afines al régimen, entre ellos el opositor disidente Luis Parra. “¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¡Ya basta! He decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela”, afirmó el mandatario venezolano en una comparecencia retransmitida por televisión. “El día de hoy la UE sacó una resolución donde sanciona a venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado respetan la Constitución, sancionan a la directiva de la Asamblea Nacional, porque se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la UE en Caracas”, mantuvo. Maduro lanzó también una advertencia al embajador de España, Jesús Silva, al agregar que “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas” sobre él. El líder chavista lo vinculó a las actividades de Leopoldo López, resguardado en la residencia de la Embajada española desde hace más de un año. La airada reacción se debe a la supuesta implicación del dirigente opositor en la fallida incursión marítima en dos playas próximas a Caracas el pasado mes de mayo.

La decisión profundiza el aislamiento internacional de su Gobierno, sin apenas relaciones con Washington y con los principales países de la región. El chavismo lleva meses tratando de impulsar una oposición alternativa a la agrupada en torno a Juan Guaidó. Ese intento comenzó a fraguarse a finales del año pasado a través de una mesa de diálogo con un sector minoritario y se concretó en enero de 2020, cuando Parra fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en una sesión sin quórum, en medio de la confusión más absoluta. Ese diputado acababa de ser expulsado de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles y Julio Borges, por su presunta implicación en una trama corrupta. Y ese movimiento tenía el objetivo de desplazar a Guaidó del control del poder legislativo. Los organismos comunitarios rechazaron enseguida esa votación. El lunes Parra fue incluido en una nueva lista de dirigentes venezolanos próximos al Gobierno de Maduro sancionados por “actuar contra el funcionamiento democrático” del Parlamento.

Junto a él figuran otros 10 funcionarios que, según Bruselas, han entorpecido la salida de la grave crisis institucional y política por la que atraviesa el país o han participado activamente en el cerco a la oposición desde el aparato del régimen. La decisión del Consejo Europeo es especialmente significativa porque por primera vez señala a algunos operadores políticos que, al menos formalmente, no pertenecen a las filas del chavismo. Sin embargo, el Gobierno ha tratado de convertirlos en colaboradores externos. Además de Parra, por ejemplo, la UE impone sanciones a Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, que desde las elecciones de 2015 está dominada por la oposición.

Este tipo de medidas, que consisten básicamente en la prohibición de viajar y en la paralización de activos, afectan hasta hoy a 36 dirigentes venezolanos. Y en esta última resolución —que alude a las acciones judiciales por las que despojó de inmunidad parlamentaria a varios diputados, entre ellos el propio Guaidó, a “graves violaciones de los derechos humanos” y a los golpes asestados a derechos fundamentales como la libertad de expresión— se suman algunas piezas clave del régimen.

Por ejemplo, la lista incluye a Jorge Elieser Márquez, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo señalado en repetidas ocasiones por restringir la libertad de prensa. O Juan José Mendoza Jover, miembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidente de la sala constitucional de la corte. Una de las últimas decisiones del alto tribunal fue la destitución de las direcciones de dos de los principales partidos de la oposición, Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD). Las sentencias arrebataron el control de esas organizaciones a sus responsables para ponerlo en manos de dos opositores disidentes.

Las sanciones de la Unión Europea alcanzan también al contralor general, Elvis Amoroso, y a las vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente, un Parlamento elegido en julio de 2017 sin la participación de la mayoría de la oposición para sustituir a la Asamblea Nacional y que, de facto, opera como un brazo legislativo del Ejecutivo. Completa la lista el militar José Adelino Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación.

El comunicado emitido por el Consejo Europeo asegura también que estas medidas son individuales y no afectan a la población. “La UE”, señala, “continuará trabajando para impulsar una solución democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones legislativas incluyentes y creíbles”. A finales de este año están previstas elecciones parlamentarias, pero tras fracasar una negociación entre las partes el TSJ asumió a principios de junio el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral y organismo decisivo para la celebración de unos comicios transparentes y con garantías.

Mientras tanto, en el grueso de la comunidad internacional vinculada a la crisis venezolana, con Estados Unidos, Europa y buena parte de Latinoamérica a la cabeza, se consolida el escepticismo y la desaprobación en torno a los mecanismos que adelanta el régimen de Maduro para imponer sus reglas del juego, afianzadas gracias también a esos dirigentes opositores —llamados “alacranes”— acusados también de haber sido sobornados. Maduro sigue contando, en cambio, con el concurso de Rusia, Cuba, China e Irán.