Estados Unidos pide que el príncipe Andrés responda sobre el ‘caso Epstein’

El príncipe Andrés de Inglaterra está dispuesto a luchar por su reputación en el mismo campo de batalla donde resultó destrozado el año pasado: el de la opinión pública. Fuentes de su entorno habían avanzado este lunes a los medios británicos su intención de responder con firmeza a la última bomba lanzada desde Estados Unidos contra el miembro más problemático de la Familia Real británica. El Departamento de Justicia estadounidense, según adelantó el domingo el tabloide The Sun, ha enviado al Ministerio del Interior del Reino Unido una petición de Asistencia Legal Mutua (MLA, en sus siglas en inglés) para forzar la colaboración del hijo de Isabel II en la investigación abierta sobre el millonario y pedófilo estadounidense, Jeffrey Epstein. Es un paso intermedio entre la normal cooperación policial y la solicitud de extradición, y de salir adelante, podría suponer que Andrés tuviera que comparecer ante un tribunal británico y someterse a las preguntas de los fiscales.

El equipo de abogados que defiende al duque de York ha respondido poco después con un comunicado público en el que aseguran que ofrecieron hasta tres veces su voluntad de cooperar a las autoridades estadounidenses. “Desgraciadamente, el Departamento de Justicia respondió a las dos primeras ofertas saltándose sus propias reglas de confidencialidad y asegurando que el duque había aportado ‘cero cooperación”, dice el texto. “Al hacer eso, daban la impresión de buscar publicidad en vez de aceptar la ayuda ofrecida”, concluye la respuesta. Los representantes de Andrés evitan de este modo especificar si la comunicación con el fiscal estadounidense fue más allá de un formalismo para evitarse problemas o si el hijo de Isabel II estaba realmente dispuesto a facilitar el avance de la investigación.

Desde que en 2010 salieron a la luz fotos del príncipe junto a su amigo Epstein, paseando de modo relajado por Central Park (Nueva York), se han ido acumulando informaciones que involucran gravemente a Andrés con las actividades del financiero y con la trama de “esclavas sexuales” que controlaba. Una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts, ha asegurado que fue forzada al menos en tres ocasiones a mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando tenía 17 años.

La entrevista televisiva concedida por el príncipe al programa Newsnight de la BBC, el pasado noviembre, fue un desastre publicitario en cascada que presentó a Andrés como un personaje irresponsable e insensible, forzó a Isabel II a apartar a su hijo predilecto de las actividades oficiales de la Casa Real y acabó con el despido drástico de Amanda Thirsk, la secretaria personal del príncipe y responsable de una decisión que buscaba mejorar la imagen de su jefe y provocó un terremoto en Buckingham. Andrés tejió su propia telaraña en esa entrevista, al asegurar, con una ambigüedad mal calculada, que estaba dispuesto a colaborar con la investigación “si así se lo indicaban sus asesores legales”. Desde entonces se han multiplicado las quejas de la Fiscalía estadounidense por la escasa voluntad de ayuda del príncipe. “Cero cooperación”, dijo el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, quien llegó a asegurar que el miembro de la realeza “había cerrado completamente las puertas a cualquier tipo de cooperación voluntaria”.

Los abogados de Andrés se limitaban a responder que habían mantenido “contactos regulares con la fiscalía estadounidense” desde principios de año, sin especificar si tales contactos habían sido de ayuda para la investigación. La decisión de poner en marcha el mecanismo de la MLA el pasado mayo, como se ha sabido ahora, sugiere que el equipo legal de Andrés maniobraba más por dilatar las pesquisas que por arrojar alguna luz al caso. “Hemos decidido durante todo este tiempo ajustarnos a la letra y al espíritu de las normas, y por eso durante todo el año no hemos querido hacer comentarios sobre todo lo que estuviera relacionado con el Departamento de Justicia [estadounidense]. Creemos en el juego limpio”, han dicho fuentes de la defensa de Andrés al diario Daily Mail. “Ahora mismo estamos al límite de nuestra paciencia”, han añadido.

Las autoridades estadounidenses han decidido saltarse al intermediario, en este caso el Palacio de Buckingham, para acudir directamente al Gobierno de Boris Johnson, que se verá obligado a tomar tarde o temprano una decisión incómoda. Es previsible que la primera respuesta exija una aclaración de la petición –Downing Street no ha querido hacer ningún comentario sobre un procedimiento que requiere confidencialidad–, pero el resultado final solo puede ser una respuesta negativa o positiva. En este segundo supuesto, las opciones variarían desde una declaración voluntaria, presencial o en documento firmado de Andrés a la posibilidad de que tuviera que comparecer ante un tribunal británico. A diferencia de la Reina, su hijo no goza de inmunidad diplomática, y su única protección podría ser acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU, que le otorga el derecho a guardar silencio y no decir nada que pudiera incriminarle más en una investigación en la que, hasta ahora, sigue manteniendo la calidad de testigo. Llegado ese caso, la credibilidad pública de Andrés, ya por los suelos, pasaría a ser inexistente.

El príncipe ha recibido durante estos meses asesoramiento legal de Clare Montgomery, la penalista que defendió al exdictador chileno Augusto Pinochet ante la Cámara de los Lores, y asesoramiento de imagen de Mark Gallagher, apodado “the backroom fixer” (algo así como el amañador secreto), especialista en la gestión de crisis. La pretensión de transparencia perseguida con la entrevista a la BBC acabó volviéndose en su contra, porque reveló más aquello de lo que no quería hablar o acordarse que de lo que ignoraba en torno a Epstein. Todo sugiere que la nueva estrategia de su equipo legal busca ahora un duelo de fuerza con las autoridades estadounidenses que aleje la atención de la opinión pública británica de los manejos del príncipe con el financiero y la conduzca a una supuesta pugna de soberanía jurisdiccional.