La justicia alemana cierra sin sentencia el juicio por la tragedia de Loveparade

El Tribunal Regional de Duisburgo, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, ha archivado la causa judicial que mantenía abierta por la avalancha humana que en julio de 2010 provocó la muerte de 21 personas en el festival de música techno Loveparade. Entre las víctimas estaban Marta Acosta y Clara Zapater, dos estudiantes de Tarragona, cuyas familias han batallado por mantener vivo el proceso para aclarar responsabilidades en el suceso. Para justificar el archivo, el tribunal alemán razona que el coronavirus ha lastrado el guión previsto del juicio y ha frustrado poder dejarlo visto para sentencia antes de julio, fecha tope para no caer en la prescripción de los hechos. Quedaban tres personas en el banco de los acusados, trabajadores de la empresa organizadora del festival.

Paco Zapater, abogado y padre de una de las fallecidas, ha reaccionado al sobreseimiento avanzando la presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Admite que no habrá, en ningún caso, un culpable judicial de las 21 muertes: “El proceso penal está muerto, en Estrasburgo podemos pedir la condena moral de Alemania, porque su Administración de Justicia ha vulnerado nuestro derecho a un juicio equitativo”.

El Loveparade era un popular festival de música electrónica que se celebraba en Alemania y que congregaba a cientos de miles de personas. Había nacido en Berlín y su fama le convirtió en un evento festivo de referencia cada verano. En la edición de 2010, la organización escogió como escenario un amplio descampado de la antigua estación de mercancías de Duisburgo, a la que se accedía a través de un túnel. Una gran cantidad de personas quedaron atrapadas en el embudo que se formó en los accesos, y el sofoco por el aplastamiento y la falta de aire causó más de 500 heridos y 21 muertos. El evento había acumulado casi el doble del aforo permitido, unas 250.000 personas. El procedimiento judicial para aclarar la tragedia se ha dilatado en el tiempo y ha terminado sin concreciones, pese a que, en un primer momento, la canciller alemana, Angela Merkel, exigió una “investigación exhaustiva” y reclamó medidas para evitar que se pudiera repetir un suceso parecido.

La fiscalía alemana abrió una investigación por homicidio imprudente pero el brío indagador se fue diluyendo con el avance de los meses. El tribunal de Duisburgo ya archivó la causa en 2016 al no apreciar indicios de delito. Un recurso de las familias de las víctimas y la presentación de 367.000 firmas de apoyo motivaron que la Audiencia Territorial de Düsseldorf ordenara reabrir el juicio. Arrancó en septiembre de 2017 y ahora, tras 183 sesiones, el tribunal le da carpetazo alegando que la alta complejidad del expediente y la irrupción del coronavirus hacen imposible liquidarlo antes de la prescripción. “Han celebrado, de media, un día y medio de juicio a la semana”, lamenta Zapater, que critica la indolencia de los jueces: “Este juicio equivalía a poner en evidencia que en Alemania hay cosas que no funcionan”.

Solo quedaban imputados tres trabajadores de la empresa organizadora del festival. El resto de procesados, seis funcionarios municipales y un trabajador de la organización, quedaron liberados del procedimiento el año pasado. Los jueces consideraron entonces que la tragedia se debió a una serie de errores de planificación y al “fracaso colectivo” de un gran número de personas el día del concierto.