Los frentes internos de la gran batalla de la zona euro
La situación política y jurídica en la retaguardia condiciona a los Ejecutivos clave en la negociación financiera europea
La zona euro es el teatro de la más trascendental batalla política europea en décadas. El pulso vierte sobre cómo permitir que los Estados miembros tengan acceso al crédito necesario para afrontar los descomunales costes que derivarán de la pandemia sin pagar en el mercado intereses vertiginosos. Italia y España encabezan el grupo de aquellos que reclaman la emisión de deuda común para recolectar fondos a intereses moderados gracias a las garantías de los países más sólidos; Alemania y Holanda encabezan a su vez el bloque que se resiste a mutualizar la deuda y tratan de orientar la solución hacia préstamos concedidos con condiciones blandas por el ya existente fondo Mede.
La batalla que se libra en la mesa negociadora —ahora entre ministros, posteriormente entre líderes— está profundamente marcada por los panoramas políticos, y en algunos casos jurídicos, en las arenas nacionales. Los Ejecutivos negocian con un ojo hacia sus interlocutores al otro lado de la mesa y con el otro en el retrovisor. Sacudidas de dimensión muy inferior a la actual como la crisis de 2008 y el desafío migratorio han alterado con fuerza los escenarios políticos europeos. Los actuales dirigentes saben que las decisiones que se tomen ahora pueden convertirse en municiones políticas explosivas en sus respectivas naciones. Miramos la situación en algunos escenarios clave.
Alemania
Cuando la canciller, Angela Merkel, o el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, negocian con los socios de la UE hasta dónde debe llegar el esfuerzo común de reconstrucción tras el paso de la Covid-19, lo hacen dentro de un marco político y en el caso de Berlín, también jurídico, clave para entender el margen de maniobra negociador.
Para empezar, porque en Berlín, la sombra del Tribunal Constitucional está muy presente. La posibilidad de que un consenso admirable desde un punto de vista político acabe cuestionado en los tribunales es real y, por eso, estos días los servicios legales del Gobierno estudian con lupa los precedentes de Karlsruhe. El Constitucional ha determinado en el pasado la autonomía presupuestaria del Bundestag. Es decir, el Parlamento, como expresión máxima de la representación ciudadana, debe retener el control de las decisiones presupuestarias. Ceder por completo ese control a otros Estados a través de instrumentos como eurobonos o coronabonos podría entrar en colisión con la propia Constitución.
Es precisamente en el hemiciclo, donde un instrumento de mutualización de deuda corre el riesgo de toparse con un escollo, hasta ahora insalvable. La Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de Merkel, es el más numeroso en el Parlamento y rechaza por abrumadora mayoría, también ahora, instrumentos de mutualización de deuda como los que quieren España e Italia.
Pero, más allá de cuestiones técnicas, hay un intangible político, un elefante en la habitación que para muchos políticos alemanes, sobre todo conservadores, resulta difícil de obviar. Temen que la ultraderecha se haga fuerte al calor de una reconstrucción que adivinan costosa y difícil de digerir para buena parte de la población. Las encuestas en Alemania indican que la población apoya masivamente a los partidos en el Gobierno —conservadores y socialdemócratas—. Apuntan también a una caída de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha al que la eficiencia y la solidez que proyecta el Gobierno de Berlín ha pillado con el pie cambiado.
El problema, no es el ahora, sino más bien el mañana. Fuentes parlamentarias explican que la experiencia de la crisis de los refugiados ejerce estos días de potente recordatorio de cómo los tiempos políticos pueden alimentar a los ultras. Que en 2015, cuando empezaron a llegar los refugiados, miles de personas les dieron la bienvenida y un espíritu de generosidad impregnó media Alemania. Pero a medida que pasó el tiempo y los demandantes de asilo sumaron más de un millón, AfD explotó las tensiones propias del complejo proceso de acogida, hasta lograr entrar en el Parlamento con el 12,6% de los votos.
Algo parecido podría pasar, piensan no pocos conservadores alemanes, que temen que cuando remita el aturdimiento generalizado y se empiecen a evidenciar los estragos económicos y sociales del coronavirus, AfD haga su agosto. “Ahora AfD está débil, pero cuando empiecen a subir las cifras del paro y a quebrar las empresas, la gente comenzará a pensar a todo el dinero que fue a parar a otros países. Este es un argumento que se escucha con mucha frecuencia”, sostienen las fuentes.
De momento, AfD, patalea en contra de la solidaridad europea para quien quiera escuchar. “La UE está explotando descaradamente la crisis del coronavirus para adquirir más competencias. Eso incluye los coronabonos, que no son más que eurobonos”, decía este miércoles en una nota el colíder de AfD, Jörg Meuthen. La ultraderecha alemana pide al ministro Scholz que se oponga “claramente a cualquier tipo de mutualización de la deuda, porque es ilegal e inconstitucional y económicamente perjudicial. Alemania no debe dejarse llevar por otros Estados a expensas de sus contribuyentes y ahorradores”.
Italia
La oposición aprieta en Italia para que el Gobierno no acepte las condiciones que ofrecen los países el norte de la Unión Europea. Matteo Salvini, líder de la Liga, partido con mayor intención de voto y de tendencia euroescéptica, presiona a través de sus redes sociales y en las reuniones que mantiene con el Ejecutivo semanalmente para que el acuerdo que llegue de Bruselas no vaya en otra dirección que la creación de eurobonos o un instrumento que evite la restructuración de la deuda. El ex viceprimer ministro considera que aceptar la vía del fondo europeo de rescate (Mede) sería una concesión a la propuesta de “usura” de la comunidad europea. Pero el rechazo a esta medida, por primera vez, es una posición relativamente compartida en todo el arco parlamentario.
El primer ministro, Giuseppe Conte, advirtió el pasado lunes, en una rueda de prensa en horario de máxima audiencia, que Italia no aceptaría bajo ningún concepto otro mecanismo para afrontar esta crisis que no fueran los eurobonos. “Mede no, eurobonos sí. La historia está de nuestro lado”, lanzó. Una marcha atrás es ahora mismo complicada. En el Ejecutivo han rechazado en distintas ocasiones la propuesta, pero no está claro hasta qué punto puede llevar el órdago un país con una deuda del 135% del PIB y encaminado a una recesión histórica.
El Mede, más allá de la batalla que libran los partidos de la oposición como la Liga o Hermanos de Italia, ha adquirido en el país una connotación extremadamente negativa. El pasado noviembre, Italia se vio envuelta en un insólito debate sobre la reforma del mecanismo de rescate europeo. El establishment nacional, liderado por la patronal de empresarios, se ha unido en una posición de fuerza contra la línea dominante de la UE. También en las filas socialdemócratas, socio fundamental del Movimiento 5 Estrellas en el Gobierno. “La posición de Conte es la que se respalda”, señala un diputado del PD al teléfono.
El Gobierno, que ha aguantado hasta ahora las embestidas de la oposición, ha emprendido una batalla en la que difícilmente podrá retroceder. Los ataques no llegan ya solo desde la coalición de derechas. Dentro del Gobierno, Matteo Renzi, líder del residual partido Italia Viva, pero con un porcentaje decisivo de parlamentarios que sostienen al Ejecutivo y dos ministros, hay una apuesta clara por la línea de un mecanismo para mutualizar la deuda provocada por esta crisis sanitaria.
Los Países Bajos
La firmeza con que el liberal de derecha Mark Rutte, primer ministro neerlandés, de 53 años, se afana en salvaguardar la liquidez y mantenerse firme sobre el control de fondos comunitarios a cuenta de la Covid-19, es una forma de mantener la estabilidad interna y frenar así a euroescépticos y la extrema derecha nacionales. Al frente de su tercer Gobierno desde 2010, la pandemia ha estallado con las elecciones generales previstas para 2021, y las medidas de control adoptadas han renovado la confianza de sus conciudadanos en su labor. Por otra parte, su rechazo, y el de su ministro de Finanzas, el democristiano Wopke Hoekstra, a los eurobonos, ha soliviantado a España e Italia, y ambos han tenido que disculparse, pero es respaldado por el Parlamento de La Haya. Aunque también han recibido críticas por su falta de solidaridad, por parte de liberales de izquierda y la Unión Cristiana, sus socios de coalición, el apoyo político con que cuentan revela el enfoque cada vez más nacional de la política exterior. Una perspectiva donde prima la reacción del electorado ante las repercusiones del golpe recibido por culpa del coronavirus, sin olvidar el uso que pueda hacer de ello la ultraderecha populista y sus dos representantes principales: Geert Wilders y su Partido para la Libertad, y Thierry Baudet, líder de Foro para la Democracia.
Tanto Wilders como Baudet apoyan hoy a remolque al Gobierno neerlandés, pero el segundo quiere que se recuerde su buena vista al haber solicitado, sin éxito, un debate parlamentario de urgencia en cuanto el coronavirus asomó en Wuhan. Si bien un Nexit no parece factible en un país que exporta el 74% de sus productos a la UE, e importa de la misma un 46%, según la web oficial de la propia Unión Europea, el Gobierno no quiere dar la sensación de que, después de Grecia, consiente que la unidad comunitaria se traduzca, de nuevo, en pagar las deudas de otros. Así que la reacción del votante patrio en las elecciones de 2021, incluidos los que tenían 18 años durante la crisis financiera global de 2007-2008, puede ser más inesperada que nunca, y el primer ministro, partidario de planificar a largo plazo, prefiere aguardar con la mejor salud política —y financiera— posible.
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