Los presos del coronavirus en Venezuela

Hace 12 días agentes de la policía llamaron a la puerta de la casa del periodista Darvinson Rojas en Caracas. Dijeron que les habían notificado que había una persona contagiada con coronavirus que debían evaluar. Ante la negativa de Rojas y sus padres, los policías golpearon la puerta y, finalmente, lograron que abrieran. A la fuerza y entre empujones se llevaron al periodista a un comando policial. Lo interrogaron para que revelara sus fuentes sobre el número de casos de la Covid-19 en Venezuela que difundía a través de sus redes sociales, una información que el Gobierno entrega por goteo. Venezuela registra a la fecha con 155 casos confirmados y siete muertes.

A Rojas lo imputaron por instigación al odio e instigación pública, delitos contemplados en la polémica Ley contra el Odio, promulgada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo afín a Nicolás Maduro, y que ha servido de herramienta de persecución contra la disidencia. Luego de una intensa campaña a la que se sumó Amnistía Internacional, fue liberado la noche del pasado jueves con medidas cautelares

La detención de Rojas no ha sido la única que ha ocurrido durante la cuarentena y que ha estado relacionada con la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al mundo. La persecución política en Venezuela ha tenido uno de sus picos en medio del estado de alarma decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro. En la última semana, cinco miembros del equipo de Juan Guaidó (tres de ellos de nacionalidad española: Demóstenes Quijada, Victor Manuel Silio Terzo y Sergio Termini Tudela) han sido llevados por cuerpos de seguridad, sin órdenes judiciales, usando la misma modalidad para entrar a sus casas bajo la excusa de un supuesto chequeo de un caso sospechoso de coronavirus. A Quijada lo sacaron de su casa a la fuerza, envuelto en sábanas y delante de su hija de ocho años y su esposa. Al edificio donde reside el líder de la oposición también enviaron a un grupo de médicos y milicianos a hacer pruebas de la Covid-19.

El Foro Penal Venezolano ha contabilizado 23 nuevos presos por motivos políticos desde el 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en el país, entre ellos Henderson Maldonado, liberado después con medidas cautelares. Se trata de un defensor de derechos humanos que acompañaba a un grupo de pacientes renales en una protesta. El Colegio Nacional de Periodistas ha reportado 11 detenciones arbitrarias de periodistas, cinco casos de hostigamiento como fue el caso de los reporteros de NTN24 y CNN en Español, víctimas de amenazas directas en redes sociales y en sus teléfonos. También se han registrado numerosas pintas amenazantes bajo la firma de “Furia Bolivariana” en los domicilios de varios legisladores opositores.

Otros encierros

El aislamiento al que han llamado las autoridades para frenar los contagios en Venezuela también se aplica con otras modalidades. El 25 de marzo un grupo de 60 personas fue sometido a una cuarentena forzosa cuando regresaban en un autobús desde la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. Algunos de los pasajeros habían estado en Colombia y lograron regresar al país luego del cierre de las fronteras cruzando por trochas o caminos informales. Después de ser detenidos durante el camino en varios retenes policiales, en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente de Venezuela, los guardias ordenaron recluirlos en la Villa Bolivariana, unas viviendas deportivas sin ocupación que ha sido denominado como un centro de “aislamiento preventivo”. Ahí deben cumplir, bajo llave, un confinamiento por 15 días, aun sin la certeza de ser portadores del virus.

Una mujer de 22 años alojada en el lugar junto con su bebé relató que a los viajeros los separaron entre hombres y mujeres, que les ha faltado la comida y han sido víctimas de malos tratos. En un mismo apartamento puede haber hasta 15 personas, reseñó a la prensa local. La joven, de la que se resguarda su nombre por seguridad, llevaba un mes viviendo en la ciudad colombiana de Cúcuta y decidió regresar a su país cuando la epidemia comenzó a complicar las cosas en esa región. “Tenemos hambre, nos tienen presos”, gritaron algunos desde las ventanas en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

Las autoridades locales señalaron que tras descartar la presencia del grupo, se les dejó ir a sus casas. Pero la mujer aseguró que al lugar han llegado cuatro autobuses más, por lo que calculó que al menos hay 200 personas alojadas en esas viviendas. La denuncia fue recogida por la ONG Provea y reportada esta semana a los oficiales de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Muchelle Bachelet, que permanecen en el país.

“El Gobierno no ha querido decir abiertamente que están suspendidas las garantías y hay una laguna para decir si es legal o no que te detengan de esa manera”, señala Rafael Uzcátegui, director de Provea. “No ha habido una respuesta técnica a la epidemia y se ha privilegiado el uso de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad al punto que hay gente que tiene medio de notificar los síntomas para que no vayan a buscarlos las FAES (Fuerzas Especiales de la policía sobre las que hay graves denuncias de violaciones de los derechos humanos). No hay protocolo claro de actuación y suceden muchas arbitrariedades porque todo queda a discreción de las autoridades locales, lo que además ha dificultado la labor humanitaria de muchas organizaciones poniendo en riesgo a la población a la que atienden”, ha añadido.

Provea también recibió la denuncia de la aplicación de castigos físicos para las personas que incumplen con la cuarentena. En un video en el barrio de Charallave, en la periferia de Caracas, se ve a un grupo de personas vigilado por la policía mientras hace trote, como si se tratara de un entrenamiento militar, y son obligados a repetir una y otra vez “No debo salir de casa” y “Debo usar el tapabocas”.

Nicolás Maduro ha asegurado que los ciudadanos han roto en numerosas ocasiones la cuarentena. Esta semana relató que la policía actuó para disolver una fiesta en un apartamento Caracas y que culminó en la detención de 18 personas. En el sitio, según la Fiscalía, encontraron drogas y armas. Los retratos de los presos con mascarillas puestas fueron divulgados por redes sociales de instituciones.

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