543 votos a favor, uno en contra y un piquete en la Duma

Un voto en contra —un senador díscolo de Irkutsk— y 43 abstenciones, las de los diputados de la facción del partido comunista que prefirieron cruzarse de brazos. Así, con reparos meramente simbólicos, el Parlamento ruso controlado por el Kremlin dio este miércoles su bendición final a una reforma sustancial de la Constitución que permitiría al presidente de Rusia, Vladímir Putin, seguir en su cargo, potencialmente, hasta 2036. La renovada ley fundamental, que recibió 543 votos a favor de diputados y senadores, enfila ahora su camino hacia la consulta popular del 22 de abril, tras buscar primero el aval de dos tercios de las regiones y del Tribunal Constitucional; un paso que se prevé como un mero trámite. Mientras, la verdadera oposición al putinismo, un tejido debilitado de partidos sin representación política y fragmentado, ha llamado a movilizarse contra lo que considera la usurpación ilegítima del poder.

Los opositores tratan de rearmarse en un entorno donde las protestas, normalmente muy limitadas legalmente para acallar cualquier voz disonante, afrontan ahora aún más dificultades por las restricciones impuestas desde las autoridades a las reuniones numerosas debido a la epidemia de coronavirus (pese a que en Rusia hay oficialmente menos de una treintena de casos) y al miedo de la ciudadanía al contagio.

Aun así, desde que la Duma aprobó el martes las enmiendas, que incluyen una que pondría el contador presidencial de Putin a cero —anulando para el límite de mandatos consecutivos por el que debería irse en 2024—, cientos de ciudadanos han participado en las principales ciudades de Rusia en pequeñas acciones contra la reforma constitucional en forma de “piquetes solitarios”, una forma de protesta individual y por turnos que se ha convertido en tradicional ya para sortear la prohibición de manifestarse.

“El Kremlin prepara un golpe de Estado tratando de mantener el poder”, remarca por teléfono Anastasía Burakova, responsable del movimiento Rusia Abierta, que ha lanzado movilizaciones en varias regiones. La formación política socioliberal Yabloko, que alerta contra la reforma de Putin desde hace semanas y contra lo que consideran “la destrucción de la Constitución”, también ha iniciado acciones en todos los Parlamentos del país para clamar contra las enmiendas, según explica el jefe del partido, Nikolai Rybakov.

Yabloko, como otros, prepara ahora su estrategia de cara a la consulta popular del 22 de abril. Se necesitará que el 50% de los votantes apoye las enmiendas —se votará sí o no a todo el paquete— para que puedan aprobarse y obtener la firma del presidente, pero de momento no se ha impuesto un mínimo de participación ciudadana para que la consulta sea vinculante. Así que la oposición no ha decidido si llamar a sus seguidores a votar no o pedirles la abstención.

El Partido de los Cambios ha iniciado una campaña para informar sobre una reforma con la que el líder ruso, de 67 años y al mando durante más de dos décadas, apuntala todavía más el control sobre la vida política y social de Rusia bajo una Constitución mucho más conservadora y nacionalista. “El contenido de las enmiendas y el modo en que se han adoptado es totalmente ilegal; están destinadas a la usurpación del poder”, afirma Alexander Soloviov, jefe de la división moscovita del Partido de los Cambios, que define todo el proceso como una “estafa”. Como el resto, ha llamado a sus partidarios a protestar.

Tras un verano caliente lleno de movilizaciones en Moscú por unas elecciones abiertas, la reforma Constitucional no ha causado aún grandes turbulencias en las calles. Los sondeos muestran que los rusos se movilizan y manifiestan cada vez más, pero que sus razones son más sociales que políticas: problemas en un hospital, la construcción de una iglesia en un parque, el rechazo a un vertedero. Sin embargo, analistas como la politóloga Tatyana Stanovaya creen que los planes de Putin podrían servir a la oposición para reformularse y tomar fuerzas con un objetivo más concreto.

La marcha en homenaje al político opositor Boris Nemtsov, asesinado hace cinco años, aglutinó el mes pasado a todos los contrarios a Putin y fue también una marcha contra los planes de reescribir la ley fundamental. Y esa unión, que Rusia ya experimentó en la oleada de protestas masivas entre 2011 y 2013 —que también surgió de los planes del líder ruso para prolongarse en el poder— es la meta que persigue ahora la oposición. La popularidad de Putin ha caído en los últimos tiempos casi al mismo ritmo que el nivel de vida de los rusos, y después del colofón patriótico suscitado por la anexión de la península ucrania de Crimea.