Aung San Suu Kyi: “Myanmar no tiene intención genocida contra los rohinyás”

La política birmana Aung San Suu Kyi, de 73 años, consejera de Estado de Myanmar, ha mostrado este miércoles lo difícil que es mantener el equilibrio entre su imagen de gran esperanza para la democracia de su país, cultivada como disidente hasta que llegó al poder en 2016, y el cargo como líder de hecho del Gobierno que hoy representa. En su esperada intervención ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) ha rechazado las alegaciones genocidio contra los rohinyás, la minoría musulmana establecida al oeste del territorio, pero cuya ciudadanía como birmanos no es reconocida, calificando de “conflicto interno de lucha contra el terrorismo, sin intención genocida”, la situación que ha provocado el éxodo de unos 700.000 miembros de esta comunidad hacia el vecino Bangladés. El Gobierno de Gambia ha pedido a los jueces del TIJ que dicten medidas cautelares para evitar “la continuación del genocidio ya constatado en la zona”, pero Suu Kyi ha asegurado que Myanmar “no persigue a los rohiyás para que desaparezcan”,

La líder birmana fue premio Nobel de la Paz en 1991 y es también ministra de Exteriores, y sabe que el TIJ, como principal órgano judicial de Naciones Unidas, es el foro adecuado para despejar las dudas sobre su controvertida actitud en este conflicto. Los rohinyás son uno de los grupos minoritarios más perseguidos del mundo, y tampoco Bangladés, donde viven ahora en campos de refugiados, los admite como una etnia propia. Antes de la crisis desatada entre 2016 y 2017, y que ha desembocado en este caso ante el TIJ, la propia ONU calculaba que había un millón de Myanmar: sin documentos de identidad, derecho a la educación o a circular por el país, ni acceso a un puesto de trabajo. Históricamente, los rohinyás reivindican sus raíces en Rajine, una región en la frontera entre Myanmar y Bangladés.

Suu Kyi, que ha sido la primera en hablar este miércoles, ha citado “el antiguo reino de Arakan [Rajine]” para centrar la zona en la que se asientan, pero su Gobierno solo los considera hasta la fecha inmigrantes ilegales. Por eso, al describir la crisis actual, la política ha subrayado que Myanmar está legitimado para resolver, en el marco de su soberanía nacional, “el problema de seguridad interno representado por los ataques perpetrados entre 2017 y 2017 por el Ejército de Salvación Arakan Rohinyá [ARSA, en sus siglas en inglés] contra puestos de policía en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés”. “De otro modo, puede parecer que solo los países con suficientes recursos son capaces de abordar este tipo de amenazas por sus propios medios. Los rohinyás no tienen nada que ver en todo esto, que es un problema entre budistas [la doctrina mayoritaria], el Ejército y la insurgencia en Rajine, y se investigará la posible comisión de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas, que tuvieron dificultades para distinguir en algunos momentos entre civiles y terroristas”, ha añadido.

Según el informe elaborado en 2018 por la ONU, y recordado por Gambia en sus alegaciones, en Rajine "hubo destrucción de poblaciones completas, violaciones en masa de niñas y mujeres, quema de viviendas, a veces con sus moradores dentro y desplazamientos forzosos por culpa de las operaciones militares (…) y para los cientos de miles de rohinyás que siguen en Myanmar, el riesgo de genocidio es mayor que nunca ante los intentos del Gobierno de anular su identidad y expulsarlos del país". El Gobierno de Gambia no está implicado en esta crisis, y ha acudido al TIJ alegando que Myanmar ha violado la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) firmada por ambos. Como el tribunal solo dirime litigios entre Estados, Gambia ha pedido que se impongan medidas cautelares contra Myanmar invocado dicho acuerdo legal, y apoyada por los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Si los jueces aceptan su solicitud, podrán abordar luego el fondo de la cuestión.

El Ejército birmano mantiene un cuarto de los escaños parlamentarios, y Suu Kyi es consciente de que el apoyo y popularidad interna que parece disfrutar en Myanmar brinda una imagen ambigua en el exterior. Es la hija de Aung San, un político birmano considerado el Padre de la Nación y fundador de la Myanmar moderna, asesinado seis meses antes de la independencia del país (1948), llamado entonces Birmania, del poder colonial del Reino Unido. Suu Kyi estudió en la universidad inglesa de Oxford, se casó con Michael Aris, un historiador británico, con el que tuvo dos hijos, y regresó a Myanmar en 1988 para cuidar a su madre enferma. En 1990, su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NDL) obtuvo el 81% de los escaños de la Asamblea de la Unión, pero los militares anularon el resultado, y ella permaneció en arresto domiciliario hasta 2010. En ese tiempo, ganó el Nobel de la Paz y una reputación internacional como luchadora por la democracia, hasta que, en 2015 venció de nuevo en las elecciones con el 86% de los diputados. A pesar de que el Ejército mantiene los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, y dirige la policía, es la líder visible del Gobierno. De modo que, ante los jueces del TIJ, se ha mostrado firme y respetuosa de la ley, y dispuesta a repeler “los brotes terroristas con operaciones de seguridad, en el curso de las cuales ha podido haber víctimas civiles inocentes, es cierto”, ha admitido. Después, ha añadido lo siguiente: “Siempre es difícil confrontar a las fuerzas del orden con sus posibles excesos, pero todo está siendo investigado y confío en nuestro sistema judicial. Incluidos los consejos de guerra militares, si caben”.

Antes de despedirse, Suu Kyi ha dejado traslucir el tipo de liderazgo, y de país, que persigue. Es un lugar “donde haya armonía y paz, valores que Myanmar necesita lograr por sí misma, porque el evidente sufrimiento de los rohinyás se deriva de la amenaza terrorista, y no se persigue a las minorías”. Prueba de ello, ha indicado a continuación, “son los programas educativos para promover la cohesión social de los rohinyás, y los certificados de nacimiento que se les extienden ahora en el Estado de Rajine”. Durante el resto de la sesión de este miércoles, los asesores legales de Myanmar han tratado de demostrar que el TIJ carece de competencias para ver el caso. Pero sobre todo, que no se ha cometido el peor de los crímenes, el genocidio, contra los rohinyás.