Los ‘países seguros’ más violentos del mundo
EE UU quiere que los centroamericanos soliciten protección “tan cerca de sus países como sea posible”. Las solicitudes el año pasado no sumaron ni 400 en los tres países
La idea de que Honduras, El Salvador y Guatemala son países seguros y aptos para recibir refugiados sería un mal chiste, si no fuera porque es exactamente lo que ha logrado la Administración de Donald Trump.
Para conseguirlo, el Gobierno estadounidense hizo que los países firmaran “acuerdos cooperativos de asilo”, conocidos como acuerdos de tercer país seguro. Traducido del lenguaje orwelliano, significa que los países del Triángulo Norte centroamericano recibirán asilados que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en busca de protección. Trump ofrecerá refugio en Centroamérica a los asilados que él no quiere en su país.
Al hacerlo, se ha sacudido a los tres países que más solicitudes de asilo presentaron en Estados Unidos en 2018. El Salvador fue el que más (33.400), Guatemala fue segundo (33.100) y Honduras completó el podio (24.400), según la agencia de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR). Los tres países sumaron más de la tercera parte (35 %) del total de las solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Los tres países centroamericanos están entre las 12 naciones que más nuevas solicitudes de asilo hicieron en 2018 en todo el mundo. Solo ciudadanos de seis países pidieron más asilos a nivel mundial que los salvadoreños y los hondureños: venezolanos, afganos, sirios, iraquíes, congoleses y eritreos.
El discurso oficial es que Estados Unidos quiere que los centroamericanos soliciten protección “tan cerca de sus países como sea posible”. ¿Quién carajos pide asilo en uno los países del Triángulo Norte? Las solicitudes el año pasado no sumaron ni 400 en los tres países. Todo apunta a que es, más bien, una amenaza para desalentar a quienes piden protección. ¿Quiere usted asilo en Estados Unidos? No hay, y si se atreve a pedirlo lo enviaremos a Centroamérica, esa región que para muchos es un infierno.
En 2018, cuando Trump dijo que El Salvador y algunos países africanos eran “agujeros de mierda”, se preguntó porque tenían que recibir en Estados Unidos a ciudadanos de esos países y no, por ejemplo, de Noruega. Casi dos años después de eso, halló la forma. Nadie que no haya llegado a Estados Unidos en avión puede pedir asilo ahora. Y los tres países que más producen migrantes estuvieron de acuerdo.
Aunque la oposición de los Gobiernos centroamericanos fue nula, la firma de estos convenios no fue un ejercicio de libertad. Más tardó el Gobierno de Jimmy Morales en protestar—"en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro", afirmó en un comunicado— que Trump en hacer más presión.
“Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a Estados Unidos, algunos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían de firmar un necesario acuerdo de "tercer país seguro". Ahora estamos evaluando una prohibición de viaje, aumento de aranceles y un impuesto a las remesas, o todo lo anterior”, tuiteó Trump el 23 de julio. Tres días después, Guatemala firmó.
El Salvador firmó el suyo el 20 de septiembre, solo una semana después de haber lanzado su patrulla fronteriza, que Estados Unidos también ideó y financia. El último ladrillo de este muro centroamericano lo puso Honduras, el 25 de septiembre.
"Más que un acuerdo es un acto de extorsión”, afirmó Óscar Chacón, director de Alianza Américas, una red que representa a 50 organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Ninguno de los países firmantes tiene el apalancamiento para negociar con Trump. Las tres naciones centroamericanas tienen economías que dependen en porcentajes significativos de las remesas enviadas por sus millones de migrantes que viven en el país norteamericano.
Quedará para la historia la decisión de estos tres presidentes. Los tres gobiernan países de los que miles huyen. Los tres han aceptado recibir a gente que quiere huir hacia Estados Unidos.
La legitimidad de Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente de Honduras pende de una cuerda sujetada por Estados Unidos. Su reelección inconstitucional en 2018 fue aprobada por los tres órganos del Estado que el mismo Hernández controlaba. El proceso fue tan turbio que hasta la tibia OEA pidió que se repitiera el proceso, pero Estados Unidos avaló el resultado. Pese a las protestas en su contra, pese a que Tony Hernández, hermano del presidente, está ahora mismo en juicio por narcotráfico en Nueva York, pese a que ese juicio ya ha salpicado al mandatario, Juan Orlando Hernández sigue ahí.
En Guatemala, Jimmy Morales terminará en enero de 2020 una accidentada presidencia en la que incumplió su promesa de campaña de continuar la lucha anticorrupción. Tras ser investigado él y su familia, se volcó contra la Comisión contra la Impunidad (CICIG) y terminó el mandato de la mayor esperanza guatemalteca contra la corrupción enquistada. Estados Unidos valoró más la amistad con Morales que apoyar a la CICIG, probablemente con el tema migratorio en mente también. Envalentonado, Morales terminó llamando a la CICIG “una organización criminal” en su discurso ante Naciones Unidas. Guatemala, predicen expertos, ya está en franco retroceso de su institucionalidad.
El caso de Nayib Bukele es distinto. Tras cuatro meses de gobernar El Salvador, mantiene una popularidad altísima, cercana al 90 %, y está libre de graves escándalos de corrupción o de turbulencia social. Desde antes de tomar posesión prometió lealtad a Estados Unidos y se ha mostrado complaciente como estrategia. En su reunión bilateral el 25 de septiembre, Bukele dijo que Trump era muy agradable y cool (”very nice and cool”). Para alguien tan obsesionado con su imagen como Bukele, que hasta se tomó una selfie en la ONU, pero no dijo ni una palabra sobre los migrantes, el truco parece funcionar. 11 días después de firmar su acuerdo de país seguro, Estados Unidos redujo su alerta de viaje a El Salvador. Bukele apuntó rápidamente que “ningún Gobierno anterior había logrado que Estados Unidos redujera la alerta”.
Siempre se habla de la influencia de Estados Unidos en la Centroamérica de golpes de Estado en los 60 y 70, y en las revoluciones de los años ochenta. “El presidente de Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país”, escribió el poeta salvadoreño Roque Dalton por aquellos años. Pero eso es limitado. Estados Unidos es clave en la política del istmo hoy. ¿Qué son estos acuerdos de país seguro sino la continuación del imperialismo por otros medios?
Como las leyes internacionales establecen que ningún solicitante de asilo puede ser devuelto a su país de origen, Trump ideó un perverso juego del escondite: los salvadoreños no podrán ser deportados a El Salvador, pero sí a Guatemala y Honduras, y así con los demás. Los motivos por los que huyen los centroamericanos son comunes a través de sus fronteras. La Mara Salvatrucha 13, ese enemigo que Trump ha engrandecido para criminalizar la migración, opera en los tres nuevos ‘países seguros’. El año pasado, las tasas de homicidio por 100,000 habitantes en El Salvador, Honduras y Guatemala fueron de 51, 40 y 23 respectivamente. La ONU considera como “epidemia de violencia” cualquier tasa superior a 10 por cada 100,000. El más “tranquilo” de los nuevos países seguros duplica ese parámetro.
Pero no solo huyen de la violencia. Honduras es uno de los tres países más afectados por eventos climáticos extremos, según el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, y en El Salvador y Guatemala también hay ya migración por los efectos de la sequía y las inundaciones que afectan los cultivos.
Las firmas de El Salvador, Guatemala y Honduras ocultan realidades como la de los niños centroamericanos enjaulados en recintos estadounidenses, donde ya han muerto cinco menores guatemaltecos; o la del aumento de custodia en las rutas migratorias que orilla a los migrantes a rutas más peligrosas; o la desesperación creciente de quienes, estancados en Tijuana y en otros puntos de la frontera, deciden aventurarse al río, como intentaron los salvadoreños Óscar y Valeria en junio pasado.
Las firmas también conllevan otro problema. Aparte de no tener suficientes oportunidades de empleo o vivienda o seguridad, ninguno de los países que aceptaron recibir asilados de Estados Unidos tiene sistemas de asilo fuertes y complejos. Guatemala solo tiene cuatro oficiales de asilo; un escenario similar a El Salvador, que tiene nueve, pero ha entregado, en promedio, seis asilos por año desde 2014.
Así la lógica perversa, todo apunta a que si ahora los caribeños migran en masa, el siguiente país seguro será Haití.
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