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Entre el pacto con Bruselas y la moción de censura

Johnson maniobra para garantizar un Brexit el día 31 mientras la oposición analiza cómo derribar el Gobierno si no pide a la UE una prórroga

Boris Johnson visita el hospital Watford General, al norte de Londres. En vídeo, el líder laborista, Jeremy Corbyn, rechaza la última propuesta del primer ministro.

La propuesta para un nuevo acuerdo sobre el Brexit que Boris Johnson envió a Bruselas el pasado miércoles creó una burbuja que apenas tardó 24 horas en estallar. Ante las primeras señales de rechazo de la UE, el Gobierno británico y la oposición comenzaron a perfilar sus respectivas estrategias para hacer frente a un choque político y constitucional como no ha vivido el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Downing Street maniobra para burlar el mandato parlamentario y garantizar un Brexit duro el próximo 31 de octubre. Enfrente, una alianza circunstancial de laboristas, nacionalistas, liberales y conservadores moderados se prepara para derribar a Johnson y garantizar un Gobierno de unidad nacional con la misión expresa y limitada de evitar una salida catastrófica de la UE.

Los cálculos de Johnson

El primer ministro y su equipo se hicieron con el liderazgo del Partido Conservador antes del verano con una sola bandera: Brexit para el 31 de octubre, con o sin acuerdo, "a vida o muerte, venga lo que venga". Aunque son conscientes de que en el juego político nada es definitivo, y "no es no" es en realidad "no es no, de momento", pagarían muy cara una nueva decepción del electorado euroescéptico. Y le darían un regalo inesperado al ultranacionalista Nigel Farage y a su Partido del Brexit. Pueden intentar echar culpas al Parlamento, a Bruselas o al Tribunal Supremo, pero la realidad es que serían juzgados por una nueva promesa incumplida.

El milagro de un acuerdo con la UE

Las próximas horas serán decisivas para comprobar si la nueva propuesta de Johnson a Bruselas sobrevive. Londres y Bruselas miden sus palabras para intentar que, en caso de fracaso, la culpa recaiga en la otra parte. "Quiero ser muy claro. Un Brexit sin acuerdo nunca sería la elección de la Unión Europea. Siempre sería —y tomen nota de que estoy usando el condicional, porque todavía mantengo la esperanza— una elección del Reino Unido. Estamos preparados para afrontarlo y hemos adoptado medidas para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras empresas. Pero no lo queremos", dijo este sábado el comisario europeo Michel Barnier en París.

El primer ministro se resistió en su comparecencia parlamentaria del pasado jueves a mostrar flexibilidad. Asegura que la nueva propuesta es el límite máximo al que puede llegar su Gobierno. La alternativa, dijo, será un Brexit sin acuerdo. Algunos medios británicos aseguran que pesos pesados como el ministro de Exteriores, Dominic Raab, o el secretario de Estado para la Salida de la UE, Stephen Barclay, están advirtiendo a sus homólogos europeos de que no son conscientes de la realidad británica. Si no aceptan el pacto propuesto por Johnson, el resultado será unas nuevas elecciones generales en las que el político arrasará y ya no habrá nada que negociar.

Los rodeos para evitar la ley

Una mayoría de diputados sacó adelante la llamada Ley Benn (por el laborista que la impulsó en Westminster, Hillary Benn). Obliga al Gobierno a pedir una prórroga del Brexit a Bruselas si no es posible alcanzar un acuerdo. En circunstancias normales, sería impensable que un primer ministro ignorara ese mandato y se saltara la sacrosanta soberanía del Parlamento. El pasado viernes se desveló además el documento escrito que Downing Street hizo llegar a un juez de Edimburgo. En el texto, el Gobierno admitía que Johnson "está sujeto al principio fundamental de la ley por el que no puede frustrar el propósito de la decisión del Parlamento. No puede, por tanto, esquivar su obligación de enviar a la UE la carta que dicha resolución exige".

Hecha la ley, sin embargo, hecha la trampa. El equipo del primer ministro baraja ya varias ideas para cumplir con la obligación de un modo formal pero frustrarla en la práctica. La ley obliga a Johnson a enviar la carta, pero no a explicar las razones por las que pide la prórroga. Es más, podría especificar en la misma misiva que lo que pide está en contra de su voluntad, y que así lo ha impuesto el Parlamento. Dejaría a los 27 en una situación de difícil salida. O podría, como se ha contado estos días, convencer a un miembro rebelde de la UE, como Hungría, a que vetara la posible prórroga y la hiciera así imposible.

La resistencia numantina

Johnson puede apurar los plazos hasta que sus planes sean inevitables. Ante la posibilidad de que la oposición decidiera derribarle con una moción de censura, la ley puede jugar de su parte. En el caso que la moción prospere, debe pasar un plazo de 14 días en el que el Gobierno (u otro partido) pueda  intentar presentar un Gabinete alternativo. El nuevo candidato debe ser propuesto por la reina. Nada obliga a Johnson a abandonar Downing Street si Isabel II llegara a sugerírselo.

"A no ser que la policía se presente en la puerta del número 10 de Downing Street con una orden de arresto del primer ministro, de ahí no sale", ha dicho una fuente gubernamental citada por The Sunday Times. El Gobierno seguiría confiando en este caso en que la monarca mantuviera su habitual neutralidad política y no forzara la situación.

Los cálculos de la oposición

El tiempo corre en contra de las fuerzas políticas opuestas a Johnson, que no terminan de fiarse de que el primer ministro se someta al mandato del Parlamento. El Gobierno ha impuesto además una nueva suspensión de la Cámara, a partir de este martes y hasta el día 14. Para esa fecha está previsto el discurso de la reina, que contendrá los objetivos políticos y legislativos del Gobierno. Es casi seguro que Isabel II leerá ante los diputados el propósito de Downing Street de sacar al Reino Unido de la UE el 31 de octubre.

Un camino en dos fases

Antes de echar mano de la última baza, la moción de censura, la oposición trabajará en estrategias de corto plazo para seguir cerrando salidas a Johnson. Los laboristas quieren obligar al Gobierno a hacer públicos los documentos legales enviados a Bruselas. Confían, en el caso de lograrlo, que quede demostrado que la nueva propuesta de Brexit supone nuevos controles fronterizos entre las dos Irlandas, por mucho que se empeñe en negarlo el primer ministro. "El texto legal es muy importante, porque sospechamos que confirmará que la nueva propuesta supone la inevitable construcción de nuevas infraestructuras físicas [para control de aduanas] en Irlanda del Norte, en contra de lo que Johnson afirmó en la Cámara el pasado jueves", ha dicho Keir Starmer, el portavoz laborista para el Brexit.

Trabajan además en derrotar, cuando sea sometido a votación, todo lo dispuesto en el Discurso de la Reina. Sería una clara señal de que el Gobierno Johnson tiene los días contados, y un paso más hacia la maniobra definitiva.

La moción de censura

El Partido Laborista la quiere. El Partido Nacionalista Escocés (SNP) la quiere. El Partido Liberal Demócrata la quiere. Y muchos de los 22 conservadores rebeldes que fueron expulsados de la formación por votar en contra de Johnson han anunciado su disposición a sumarse.

El plan ya ha sido diseñado. Un Gobierno de unidad nacional, a cuyo frente colocarían a un caretaker (un gestor provisional). Un Ejecutivo interino cuyo único y limitado mandato sería asegurar la prórroga del Brexit y garantizar, bien unas nuevas elecciones generales, bien un nuevo referéndum. El problema está en el nombre. El líder laborista se niega hasta el momento a echarse a un lado. La convención política del Reino Unido impone, asegura, que sea el jefe del principal partido de la oposición el que encabece un nuevo Gobierno surgido de una moción de censura. La líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, no quiere ni oír hablar de un Gobierno Corbyn, por muy provisional que sea.

Ya han surgido nombres alternativos. La laborista moderada Margaret Beckett, respetada por ambas bancadas, encabeza la lista. Pero también se incluyen en ellas nombres como el exministro conservador y Padre del Parlamento (es el diputado más veterano), Kenneth Clark. La última propuesta ha sido el speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow. No parece que esta idea vaya a cobrar vuelo, porque junto a su popularidad —sobre todo al otro lado del Atlántico—, Bercow provoca una fuerte división entre los partidos que le restaría apoyos.

Solo hay una convicción generalizada estos días en Westminster. El Reino Unido se encamina hacia unas elecciones generales. La duda está en saber si se hará finalmente de un modo ordenado o si será el desenlace de una crisis constitucional que emponzoñe durante muchos años el clima político del país.

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