El plan de Johnson se queda a medio camino de las exigencias de Bruselas

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Poco más de dos meses ha tardado el primer ministro británico, Boris Johnson, en desarmar el acuerdo del Brexit forjado por su predecesora, y en recomponerlo dejando fuera la pieza que más le incomodaba: la llamada salvaguarda irlandesa (o backstop) que garantiza que, pase lo que pase tras la salida del Reino Unido de la UE, no se establecerá una frontera física entre las dos Irlandas.

Johnson remitió este miércoles su plan al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con una amable y tajante carta en la que asegura que “el backstop era un puente hacia ninguna parte” y que sus propuestas “garantizan que la frontera entre Irlanda del Norte [territorio británico] e Irlanda [Estado miembro de la UE] permanecerá abierta, permitiendo proteger los enormes beneficios del Acuerdo de Viernes Santo”.

El optimismo de Johnson contrasta con la realidad de unas propuestas que se quedan a medio camino de las condiciones pactadas por Londres y Bruselas en el pacto de salida firmado en noviembre de 2018. El protocolo sobre Irlanda incluido en ese primer acuerdo lograba los tres objetivos buscados por la Unión Europea: la ausencia de frontera en la isla irlandesa, preservar la unidad de la economía que se ha desarrollado desde los acuerdos de paz en 1998; y garantizar la integridad del mercado interior europeo impidiendo que se cuelen productos no deseados a través de Irlanda del Norte.

Una economía irlandesa. Juncker, en conversación telefónica con Johnson, reconoció los avances que supone la propuesta. La mayor concesión de Londres es permitir que Irlanda del Norte siga alineada con las normas europeas en todo tipo de producción, desde las agrícolas hasta las industriales. Eso permitiría mantener a la isla como una unidad económica con la libre circulación de productos muy fluida y con la barrera aduanera situada en el mar, entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Pero junto a ese aspecto positivo, Juncker subrayó que “sigue habiendo puntos problemáticos”. A Johnson le falta por recorrer parte del camino para llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre, plazo previsto para completar el Brexit.

Fecha de caducidad. Entre los puntos conflictivos del plan de Johnson figura la gobernanza del nuevo protocolo sobre Irlanda y su fecha de caducidad. El protocolo pactado hasta ahora preveía su mantenimiento en vigor hasta que Bruselas y Londres lograran un nuevo acuerdo comercial que lo hiciera innecesario. Johnson temía que ese plazo ilimitado mantuviera encadenado al Reino Unido a la unión aduanera europea. Y plantea como solución una salvaguarda renovable cada cuatro años, previa autorización de la Asamblea de Irlanda del Norte, el órgano legislativo de esa región. Sin ese visto bueno, la salvaguarda decaería en un plazo de un año, provocando la temida aparición de una frontera física en la isla. “Ese plazo de caducidad no vuela”, pronostica un diplomático en Bruselas. La Unión exige que ambas partes tengan la llave de la salvaguarda, es decir, que solo se pueda suprimir por mutuo acuerdo.

Incertidumbre. El Protocolo pactado entre el Reino Unido y la UE en 2018 tenía también la ventaja de que su entrada en vigor, en caso necesario, era automática al final del período transitorio de salida (1 de enero de 2021). Si en ese momento no se había logrado un acuerdo comercial entre Bruselas y Londres, la salvaguarda se activaba, dejando a todo el Reino Unido (incluida Irlanda del Norte) en una unión aduanera con el resto de Europa, lo que permitía la libre circulación entre las dos partes de la isla sin necesidad de controles ni aranceles. Ese automatismo desaparece en la propuesta de Johnson. Primero, porque la isla se dividiría a efectos aduaneros entre la parte europea y la británica, y la libre circulación entre ambos territorios se garantizaría mediante una serie de reformas y ajustes legislativos que se negociarían durante el período de transición. Si para entonces no se hubieran pactado, el abismo de la frontera física resurge. Pero incluso si se introducen las medidas necesarias, la activación definitiva de ese pacto requeriría el visto bueno de la Asamblea norirlandesa antes de diciembre de 2020. Cualquier tropiezo político y el fantasma de la división se materializarían.

Controles. “No habrá controles ni en la frontera irlandesa ni cerca de ella”, prometió este miércoles Boris Johnson durante la conferencia de su partido conservador en Manchester. Pocas horas después remitió una propuesta de Brexit a Bruselas que contempla controles en Irlanda. Mínimos, asegura. Pero controles. Los chequeos regulatorios, sobre la idoneidad de los productos que pasen de una Irlanda a la otra, se llevarán a cabo “en la zona fronteriza”, según la propuesta británica. En cuanto a los controles aduaneros, Londres asegura que se reducirán al mínimo gracias a un nuevo sistema de notificación y seguimiento de las mercancías. Pero admite que “los controles físicos seguirán siendo necesarios aunque en una muy pequeña proporción”. Y asegura que se podrán llevar a cabo “en las dependencias de las empresas exportadoras o en otros lugares que podrían estar localizados en cualquier parte de Irlanda o de Irlanda del Norte”. Johnson, en su carta, minimiza el impacto y subraya que el comercio de bienes entre las dos partes de Irlanda “es poco más del 1% del comercio total entre Reino Unido y la UE. Es totalmente razonable gestionar esta frontera de manera diferente”. Una gotera pequeña frente a la protección total que permitía el Protocolo pactado hasta ahora.