Turquía condena a cadena perpetua a 151 personas involucradas en el golpe contra Erdogan

Tras más de dos años de juicio, un tribunal turco ha condenado este jueves a 151 personas involucradas en el intento de golpe de Estado de 2016 a pasar el resto de sus días en prisión. Se trata del principal proceso judicial sobre la asonada —de los cerca de 300 juicios abiertos— y se centra en lo ocurrido en la base aérea de Akinci, desde donde se dirigió la sublevación castrense. Dieciocho de los condenados, la mayoría antiguos mandos de las Fuerzas Armadas, han sido sentenciados a 141 veces la cadena perpetua agravada —sin posibilidad de acceder a la libertad vigilada— por “intento de derrocamiento del orden constitucional”, “dirección de grupo armado”, asesinato de 139 personas e “intento de asesinato del presidente” Recep Tayyip Erdogan.

El macrojuicio, que tuvo lugar en la prisión de Sincan, en Ankara, se ha desarrollado entre fuertes medidas de seguridad —el espacio aéreo estaba controlado por drones— y entre manifestaciones de los familiares de las víctimas de los golpistas. Del total de los acusados, solo 33 han sido absueltos, si bien la acusación particular ha anunciado que apelará esta decisión ya que la sentencia es todavía recurrible ante el Tribunal Supremo.

En estos dos años de proceso, 211 personas se han sentado en el banquillo de los acusados, y otras 13 han sido juzgadas in absentia por haber huido del país o hallarse en el extranjero durante el golpe. La pieza del sumario contra estos trece ha sido separada del proceso y continuará en una próxima vista. Entre ellos se halla el predicador islamista exiliado en EE UU Fethullah Gülen, a cuya red de seguidores Ankara responsabiliza del levantamiento militar. Gülen, cuyos seguidores se infiltraron en el aparato del Estado durante décadas, fue antaño un fiel aliado de Erdogan, pero rompió con el mandatario turco en 2013 y entonces se inició una cruel guerra por el poder, a veces soterrada y otras abierta. El Gobierno turco ha solicitado en repetidas ocasiones su extradición, pero hasta el momento Estados Unidos no ha dado una respuesta positiva.

Aunque Gülen negó tener relación alguna con el golpe de Estado, la participación de su organización ha quedado acreditada por la presencia de varios civiles de adscripción gülenista en el entorno de la base de Akinci durante el golpe. Al ser detenidos, alegaron excusas de lo más peregrino —por ejemplo, que se hallaban en el lugar buscando tierras para invertir, en plena noche—, si bien uno de ellos, Adil Öksüz, citado como el principal enlace entre los militares y Gülen, fue puesto en libertad por un juez de instrucción y huyó del país. Posteriormente, el juez fue detenido y reconoció haber mantenido contacto con la cofradía gülenista.

Los condenados de mayor rango en la sentencia de este jueves son el general Akin Öztürk, exjefe de las Fuerzas Aéreas, al que se acusa de haber dirigido la vertiente militar del golpe. Ante el tribunal, Öztürk negó haber tomado parte en el alzamiento y alegó que se encontraba en la base en ese momento “por casualidad” y que simplemente había ido a visitar un pariente allí estacionado, declaración que no convenció a los jueces. También se le han impuesto las mismas penas al comandante Sinan Sürer, que disparó a varios civiles durante la noche del golpe; a Mehmet Digli, general de división que notificó al jefe de las Fuerzas Armadas sobre el alzamiento militar; al coronel Ali Yazici, edecán del presidente, y a Levent Türkkan, ayudante de campo del jefe del Estado Mayor, quien en un primer momento confesó pertenecer a la cofradía gülenista, pero después afirmó que el testimonio había sido tomado bajo tortura.

El ministro de Justicia turco, Abdülhamit Gül, afirmó que “la justicia ha hecho pagar la cuenta pendiente que tenían los golpistas”. Por su parte, Hüseyin Aydin, abogado del presidente, aseguró que los huidos “algún día pagarán” por lo que hicieron. Según datos del Ministerio de Justicia, un total de 290 procesos judiciales sobre el golpe han sido abiertos en los tribunales turcos, de los que 261 han concluido ya, con la condena de 3.239 acusados.

El golpe de Estado fallido sumió en una situación caótica a Turquía. Sectores del Ejército se sublevaron para tratar de hacerse con el poder en el país y decretaron la ley marcial. De acuerdo con el sumario de acusación, aquella noche del 15 de julio de 2016, los golpistas movilizaron 35 aviones, 37 helicópteros, 74 tanques, 246 blindados y 8.651 soldados, es decir, el 1,5 % del total del personal de las Fuerzas Armadas turcas, por lo que nunca ha quedado claro por qué el Gobierno no envío a las tropas leales a sofocar el alzamiento y hubo de recurrir a movilizar a la población, con un gran coste de vidas humanas: hubo 251 muertos en las filas leales, la mayoría civiles.

Tras siete horas de enfrentamientos, el presidente Erdogan compareció ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe y advirtió que los involucrados pagarían por lo sucedido. Durante su intervención, Erdogan aseguró que habían tratado de derribar su avión con los F-16 del Ejército y que atacaron el hotel en el que estaba justo cuando ya había salido. "Si apuntáis las armas al pueblo que os las dio, pagaréis las consecuencias", advirtió hace tres años.

Más allá de los encausados por su directa participación en el golpe, todo aquel sospechoso de haber tenido contactos con los gülenistas ha sido detenido o apartado de la función pública, una purga que posteriormente se ha extendido a otros sectores considerados “terroristas” por el mandatario islamista (personas cercanas al nacionalismo kurdo, izquierdistas, sindicalistas...). En total, más de 50.000 personas han sido encarceladas y 130.000 despedidas de la Administración Pública.

Turquía, un aliado estratégico para Europa y miembro de la OTAN, ha visto además cómo sus Fuerzas Armadas se debilitaban por la detención de 8.000 de sus oficiales y el despido de otros 15.000 miembros, algo que, según analistas militares, ha dañado la cadena de mando.