El sistema revalida el poder

Sandra Torres, exprimera dama (2008-2011) y candidata presidencial de la UNE, es la principal ganadora de los comicios de Guatemala. Obtuvo un 25% de los votos, casi el doble que su rival en segunda vuelta, y en el Congreso su partido subió del 18% al 32% de las curules. Esto era previsible cuando logró que dos instituciones que domina, la Contraloría de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad, frenaran la candidatura de Thelma Aldana, quien fue la principal aliada de la CICIG para llevar adelante más de 100 investigaciones contra actores poderosísimos, por casos de corrupción y de estructuras de impunidad.

Sandra Torres, de hecho, está acusada por la CICIG –con abundancia de evidencias documentales, testimonios y escuchas telefónicas– de haber manejado una cuenta paralela de casi US$20 millones de financiamiento electoral ilícito en 2015. Participó en vez de estar en la cárcel solo porque fue protegida por la actual fiscal general, Consuelo Porras, designada por el presidente Jimmy Morales.

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Sandra Torres es una socialdemócrata devenida en autoritaria, pragmática al extremo de haber incluido entre sus financistas al farmacéutico Gustavo Alejos, en prisión por corrupción, o actores cercanos al narcotráfico en su partido, la UNE. Por su experiencia política –es el único partido que existe hace 20 años–, cuenta con influencias significativas en las Cortes y en el Congreso, que se apresta a elegir a las nuevas Cortes quinquenales en octubre próximo. Con una victoria suya habrá una mayor concentración del poder.

Sandra Torres tendrá en segunda vuelta a su rival preferido, que obtuvo 13.9%. Se trata de Alejandro Giammattei, un eterno candidato –participó en las últimas 6 contiendas, durante 24 años–, sin ninguna fuente de ingresos transparente que se le conozca. Su única participación en el Gobierno fue en 2006, cuando dirigió el Sistema de Presidios durante un intento de las autoridades por ‘retomar el poder’ de la principal cárcel, una operación que terminó con la masacre de 7 reos. Unos asesinatos condenados por tribunales en Guatemala y en Madrid, ya que el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, aprovechó su pasaporte español para ser juzgado por la Audiencia Nacional. El tribunal, en un fallo dividido, lo absolvió porque no encontró evidencias de que él ordenara la masacre, pero sí dejó claro que las fuerzas de seguridad guatemaltecas habían realizado las ejecuciones extrajudiciales. Giammattei mismo fue capturado y juzgado, aunque absuelto. De ahí su odio a la CICIG.

 Esa no es la única carta cuestionable de Giammattei. Su partido propuso como candidato a diputado –que al parecer no será electo, a falta de los últimos conteos– al hijo del general retirado Francisco Ortega Menaldo. Ortega es el líder histórico de las estructuras militares dedicadas al contrabando y a la guerra sucia durante la dictadura. Fue acusado a finales de los años noventa en juicios por mafias en aduanas, pero nunca sentenciado. Su mano derecha en la estructura ‘La Cofradía’, Manuel Callejas y Callejas, fue sentenciado el año pasado por la desaparición de un menor de edad en los años 80.

Así, independientemente de quién gane en segunda vuelta, se viene un invierno para la democracia guatemalteca.

Esto es una tristeza si se recuerda que hace cuatro años, a fuerza de investigaciones y de manifestaciones ciudadanas, se destituyó a un presidente como el general retirado Otto Pérez Molina y entre 2016 y 2017 se puso contra las cuerdas al sistema de corrupción e impunidad.

La victoria de la reinstauración del régimen tuvo tres aciertos: 1) Las conspiraciones fraguadas desde la cárcel VIP que llegaron a compartir 500 actores de poder. 2) Un lobby en Washington pagado por narcopolíticos y empresarios guatemaltecos que convenció a la Casa Blanca de suspender el 40% del financiamiento a la CICIG. 3) Y la pleitesía para Sandra Torres desde el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, allanaron el camino para esta victoria electoral.

No obstante, hubo dos sorpresas agradables para la democracia en las elecciones generales de ayer. En las presidenciales, el voto de protesta alcanzó un 11% con Edmond Mulet, un exjefe de gabinete de Ban-Ki-Moon, y un 10.4% para Thelma Cabrera, una campesina maya mam, de izquierda, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). La sorpresa fue que en un país históricamente racista, obtuvo prácticamente la misma cantidad de votos en el Altiplano indígena que en la capital mestiza.

Y la segunda es que en el Congreso, los partidos del ‘sistema’ se redujeron del 92% que obtuvieron en 2015, a un 56% de la jornada de ayer. Esto según datos preliminares, pero ya casi irreversibles. Hay partidos nuevos, como el Giammattei o el de la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, que podrían aliarse con ellos, que suman un 23%. Las fuerzas reformistas, a pesar de los obstáculos del sistema, lograron subir del 8% a un 21%.

Esto será insuficiente para cambiar la realidad de un país que solo en los primeros cuatro meses de 2019 expulsó al menos a un 1% de sus 17 millones de habitantes, que fueron capturados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. México, por si fuera poco, anunció que a partir de mañana empezará a desplegar a la Guardia Nacional para evitar que más guatemaltecos, que viven en un 60% en pobreza, continúen escapando de sus país.

La democracia en Guatemala necesitará, más que nunca, del concurso internacional.

Martín Rodríguez Pellecer es director del medio de investigación nómada.gt