Ricos y pobres

La dialéctica de ricos y pobres siempre triunfa, pero rara vez sirve para explicar realidades complejas. El ministro holandés de Economía, Wopke Hoekstra, considera “una catástrofe” que la Unión Europea esté perdiendo la capacidad de seducción entre sus miembros más ricos (entrevista en el Financial Times el pasado 7 de mayo). Con esta frase redonda, Hoekstra da a entender que el bloque comunitario se ha convertido en una especie de ONG intraeuropea que subsidia a los Estados pobres (en este esquema simplista, los del sur y los del este) mientras desatiende a los más prósperos. Y de ahí la desafección de esa élite económica.

Cualquiera que tenga la tentación de hacer esa lectura debería echar un vistazo a las cifras de comercio europeo, las más visibles —pero ni siquiera las más rotundas— para discernir a quién beneficia la UE. Descontado el intangible de tener paz en un territorio acostumbrado históricamente a guerrear, los datos de exportaciones resultan reveladores. Alemania, el coloso económico de la UE, encabeza la lista de ventas a sus socios europeos con 750.000 millones de euros al año. Esa cantidad equivale a toda la riqueza que genera Holanda en un año. Que es, a su vez, el segundo país más favorecido por los intercambios al vecindario comunitario, seguido de Francia y Bélgica. Países ricos que venden sin trabas gracias, principalmente, al mercado común.

Los últimos años de policrisis y desconcierto han instaurado una visión algo miope de las ventajas de integrar la UE. El presupuesto comunitario se ha consolidado casi como la única vara de medir, de forma que quienes aportan más de lo que reciben en este frío saldo sugieren que hay que limitar las transferencias. Pero las cuentas públicas de la UE representan un magro 1% del PIB europeo, mientras que el beneficio de comprar y vender sin restricciones, instaurar empresas en otros países miembros, acceder a licitaciones o participar de tratados comerciales con buena parte del mundo superan con creces ese testimonial 1%.

Se podrá argüir que los países industriosos obtendrían marcadores económicos similares por su cuenta, sin el corsé de la UE. Esa fue la retórica que cultivó Reino Unido y no parece que los resultados hayan sido brillantes. El propio Banco de Inglaterra cifró entre un 3,9% —con acuerdo— y un 9,3% —sin él— la posible caída del PIB en 15 años derivada del abandono del mercado único. Un indicio más de que conviene revisar datos antes de lanzar soflamas.

Puestos a explotar el binomio ricos-pobres, resulta más útil hacerlo tomando como referencia a quienes realmente detentan los recursos (empresas y personas, no territorios). Frente a las pasiones que levanta el debate del presupuesto comunitario, la inquietud es mucho menor con el dinero que la UE permite evadir legalmente. La casa europea de análisis Bruegel concluye en un reciente informe que el mercado único “facilita a las grandes compañías y a la riqueza privada reducir la tributación efectiva” y vaticina que será un asunto “de gran importancia en el futuro próximo”. El reputado Ivan Krastev recoge en su libro After Europe que, en lugar de redistribuir los ingresos fiscales de los ricos a los pobres, los Gobiernos europeos mantienen su salud financiera tomando dinero prestado (es decir, a través de deuda).

El ejemplo más revelador de esta paradoja es Luxemburgo. El Estado más rico de la UE en renta per cápita es solo el segundo por tamaño. Pero buena parte de esa prosperidad viene de drenar recursos fiscales a otros territorios. Las grandes empresas se afincan allí por sus ventajas tributarias y acaban pagando en el pequeño ducado por beneficios que generan en todos los rincones de Europa. Esa sí es una atrofia de la UE de la que se benefician, con distintos instrumentos, ricos como Luxemburgo o Irlanda (los dos países con la renta per cápita más elevada respecto a la media) y pobres como Malta (algo por debajo de la media). Los clichés no funcionan para resolver los problemas del siglo XXI.