El nacionalismo corso boicotea el último ‘gran debate’ de Macron
El presidente francés defiende una vaga "autonomía dentro de la República" para Córcega
Reconocimiento de la identidad corsa, sí. Autonomía, hasta cierto punto. Pero todo, siempre, dentro de la República. Este fue el mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, en una reunión el jueves con 160 alcaldes de Córcega, la región insular francesa gobernada con una amplia mayoría por los nacionalistas. La reunión era la última en la que participaba Macron en el marco del llamado gran debate nacional. Los dirigentes de la isla boicotearon el acto en protesta por la negativa del presidente a abordar sus demandas.
Era, seguramente, la más delicada de las quince reuniones en las que, por todo el país, Macron se ha sometido a las preguntas de alcaldes y ciudadanos en los últimos dos meses. El gran debate nacional, que comenzó en enero y oficialmente concluyó el 15 de marzo pero ha continuado unas semanas más, ha consistido, además de las reuniones con el presidente, en más de 10.000 encuentros locales en los que han participado medio millón de franceses.
En Córcega, los nacionalistas recibieron a Macron con hostilidad. Fue una jornada de semihuelga en la isla, tras varios incidentes, en las últimas semanas, con explosiones ante segundas residencias y artefactos desactivados ante edificios oficiales. Nadie ha reivindicado estos ataques y el nacionalismo se ha desmarcado de ellos.
La tensión es, sobre todo, política. Tanto el presidente del ejecutivo local, el autonomista Gilles Simeoni, como el presidente de la Asamblea corsa, el independentista Jean-Guy Talamoni, se negaron a asistir al gran debate con Macron en Cozzano, un pueblo de 250 habitantes en el centro de la isla. Tampoco acudieron alcaldes ni cargos pertenecientes a los partidos de la mayoría.
El resultado fue que las preguntas no fueron tan distintas de las que el presiente francés ha debido responder en otros debates con alcaldes en otros lugares del país. Aunque en Córcega el movimiento de los chalecos amarillos ha sido más débil que en el resto de Francia, algunos problemas son comunes. En Cozzano la falta de inversiones en las zonas rurales, la escasez de servicios públicos o la precariedad económica dominaron la discusión.
Durante la primera ronda de preguntas a Macron, una docena de ediles que intervinieron durante casi dos horas, sólo uno, Jean-Baptiste Luccioni, alcalde de Pietrosella, manifestó dudas sobre la política del presidente francés con Córcega. Luccioni criticó a los líderes nacionalistas por practicar la “política de la silla vacía”, pero también al presidente por su discurso hace un año en Bastia, la segunda ciudad de la isla. “Lo viví mal porque hubo palabras que no contribuyeron a construir el camino de la paz”, dijo.
Tras reforzar su mayoría en las elecciones regionales de diciembre de 2017 y alcanzar el 56% de votos, Simeoni y Talamoni reclamaban una autonomía parecida a la de las comunidades autónomas españolas. En el discurso de Bastia, Macron marcó los límites de su negociación. De las cuatro reivindicaciones centrales de los dirigentes corsos —la cooficialidad de la lengua, la amnistía de los presos por terrorismo, los límites a la compra de residencias por parte de foráneos y la mención de Córcega en la Constitución francesa— sólo aceptó hablar de esta última.
En paralelo a la intervención moderadamente crítica de Luccioni, otros alcaldes, como Paul-Marie Bartoli, de Propriano, y Jean-Charles Orsucci, de Bonifacio, animaron al presidente a mantener su línea. “Consideramos que la Constitución protege Córcega ante las derivas separatistas”, dijo Bartoli. “El marco actual nos parece suficiente”.
Macron explicó que el reconocimiento de la singularidad de la isla en la Constitución “es un camino hacia la posibilidad de adaptar normas en el marco de sus competencias”. “¿Y cómo se llama esto? Es la autonomía 'en' la República… Nunca he dicho que yo estuviese a favor de la autonomía 'sin' la República, que significaría decidir por sí mismo incluso fuera de las competencias propias sobre cosas que dependan de la República”, dijo. Y reprochó a los nacionalistas que no hayan condenado con suficiente claridad la violencia de grupos con el Frente de Liberación Nacional Corso, que abandonó las armas en 2014. Sin citarlos, también lamentó que Simeoni y Talamoni respondiesen a sus propuestas con "posturas", en alusión al boicot al debate.
"Los corsos", dijo, "merecen más que guerras de trincheras".
Revés al presidente francés en el Consejo Constitucional
Al declarar anticonstitucional el artículo principal de la nueva ley antidisturbios, el Consejo Constitucional francés desautorizó este jueves una de las iniciativas centrales del presidente Emmanuel Macron ante la revuelta de los chalecos amarillos.
La ley antidisturbios, aprobada en marzo por el Parlamento francés, dotaba al Gobierno de nuevas herramientas para impedir la repetición de actos de vandalismo. La violencia ha marcado varias de las protestas de este movimiento que surgió en otoño y lleva veinte fines de semana manifestándose.
Una de las medidas contempladas por la ley permitía a las autoridades administrativas prohibir participar en una manifestación a una persona que hubiese cometido actos violentos en protestas anteriores. También permitía prohibir a una persona participar durante un mes en cualquier protesta por todo Francia. La medida se inspiraba en las listas de hooligans que impiden a algunos hinchas violentos acudir a los estadios.
El Consejo Constitucional considera que “estas disposiciones confieren […] a la administración el poder de privar a una persona de su derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones” y permiten a la autoridad administrativa “un margen excesivo en la apreciación de los motivos para justificar la prohibición”.
La decisión del Consejo Constitucional representa una victoria para la oposición de izquierdas que había denunciado la ley y para el medio centenar de diputados de La República en marcha, el partido de Macron, que se abstuvieron. En todo caso, el propio presidente de la República llevó la ley ante el Consejo Constitucional, para asegurarse de que respetaba las libertades públicas, y esta institución ha validado el resto de los artículos de la ley.
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