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Los seis ‘privilegios’ del funcionario portugués

El Gobierno aprueba para el empleado público un salario mínimo de 635 euros y de 600 euros para el privado

Una huelga reciente de funcionarios de la educación, en Portugal.
Una huelga reciente de funcionarios de la educación, en Portugal.

El Gobierno de Portugal ha aprobado dos varas de medir para los trabajadores: el salario mínimo del funcionario público pasa a ser de 635 euros y el del empleado privado, 35 euros menos.

La diferencia ha levantado dudas en el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha firmado la decisión del Gobierno de António Costa, aunque advirtiendo de su injusticia, “principalmente por el tratamiento similar de situaciones por ventura diversas [...] y en la comparación con el salario mínimo nacional”.

Hasta enero, el salario mínimo del funcionario era de 580 euros, cinco por debajo del salario mínimo interprofesional, pese a que aquellos lo tenían congelado desde 2009. Ahora el Gobierno actualiza y lo coloca por encima del privado.

No es la única ventaja del funcionario público. Hay cinco más, al menos: su salario medio es más elevado, de 1.460 euros frente a los 913 euros en el sector privado. Desde 2011, el salario público ha subido un 6% y en el privado un 3%.

A esta ventaja se le une un horario laboral de 35 horas, más días de vacaciones que los privados, varios puentes al año (como el próximo de Carnaval) y la posibilidad de jubilarse antes que los trabajadores privados. También tienen acceso a un régimen sanitario especial, el ADSE, que el resto de los trabajadores portugueses no tienen. Por una pequeña parte de su sueldo puede acceder a los servicios clínicos de los hospitales privados concertados.

El peso del sector público portugués está un punto por debajo de la media europea (16%), lejos de países ricos como Suecia (29%) o Dinamarca (28%), aunque por encima de Alemania (10%). Sin embargo, la bolsa del gasto público salarial no para de crecer. Cada año de esta legislatura el Estado ha aumentado plantilla. Comenzó con 659.000 empleados en 2015 y en 2018 llegaron a 683.000, según la Síntesis Estadística del Empleo Público (SIEP).

Diversas instituciones internacionales, públicas y privadas, comienzan a dar avisos de alarma por este crecimiento que se realiza a costa de las inversiones públicas. Presupuestos como el de salud, por ejemplo, se cumplen, pero destinando al pago de personal el dinero en principio planeado para inversión. Cuando al ministro de Finanzas, Mário Centeno, se le recrimina la falta de inversiones públicas, él replica que destinar miles de millones a salvar un banco también cuenta como inversión del Estado.

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