Renuncia el principal aliado de Ortega en la Corte Suprema de Nicaragua

Renuncia “inmediata e irrevocable”. Con esas palabras el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, Rafael Solís, anunció que dejaba su cargo, a través de una carta enviada al presidente Daniel Ortega, en lo que se traduce como un duro golpe contra el régimen, al perder a su principal operador político en el sistema judicial: nada menos que el hombre que acomodó la Constitución para que el mandatario pudiera atrincherarse en el poder. Solís también anunció al caudillo nicaragüense que renunciaba a su afiliación al Frente Sandinista y acusó a Ortega de desatar un “estado de terror” e imponer una “dictadura monárquica” en este país que cumplirá nueve meses de una profunda crisis política que ha dejado 325 muertos y ha hundido su economía.

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“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes”, espeta Solís a Ortega y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. El jurista y hasta ahora miembro del Frente Sandinista les echa en cara el hecho de no haber cedido a una negociación política que permitiera adelantar las elecciones y pactar una salida pacífica a la crisis. “La realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente [hay] un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra; han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, afirma el ahora exmagistrado.

Solís ratifica en su misiva los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en diciembre presentó un amplio informe en el que señala que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad con la brutal represión desatada contra las manifestaciones que desde abril exigen el fin de 12 años de gobierno autoritario.

El político también responsabiliza a Ortega y Murillo del mal manejo de la crisis y de las consecuencias económicas que ha tenido para Nicaragua, con decenas de miles de desempleados por el cierre de empresas y con más de 40.000 nicaragüenses exiliados solo en Costa Rica. “La responsabilidad de estas dos Nicaraguas, la de antes del 18 de abril, que al menos tenía un crecimiento económico muy alto en alianza con el sector privado y en términos generales había un Estado de Derecho y un respeto a la Constitución Política, y la otra Nicaragua posterior al 18 de abril, por decisión de ustedes se acabó con todo esto y produjo también en mi persona, a pesar de mi participación en el FSLN por 43 años, una gran frustración y consideré mi renuncia dentro del país o en el exilio y si no lo hice antes es porque siempre creí que las cosas podrían cambiar y por eso fue que les envié en dos ocasiones diferentes, documentos sobre distintas alternativas para negociar bajo diferentes escenarios esa situación, y nunca fui tomado en cuenta en esas propuestas”, reclama Solís.

El exmagistrado también advierte en su carta del peligro de que en Nicaragua se desate una nueva guerra civil. “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua, pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, dijo.

Él fue el principal operador político de Ortega en la Corte Suprema y autor de los enrevesados alegatos legales que permitieron las reformas a la Constitución para garantizar la permanencia del sandinista en el poder. Solís es, además, una de las voces más pragmáticas dentro del círculo cercano a Ortega, quien aconsejaba al mandatario sobre asuntos legales y políticos. Con todo, es también uno de los principales autores del descalabro institucional en Nicaragua, cómplice en los desmanes cometidos desde el poder durante más de una década de Gobierno de Ortega. Su renuncia, sin embargo, genera un cisma dentro del FSLN que deberá tomar fuertes medidas para evitar nuevas deserciones.

“Es un terremoto político”, comenta a EL PAÍS el experto constitucional José Pallais. “La del doctor Solís es una renuncia políticamente motivada, y de mucho peso, porque él era el comisario político del orteguismo en el Poder Judicial, de los principales asesores y consultores, involucrado en todos los golpes a la Constitución. Esto tiene una relevancia muy importante dentro del sandinismo, es un resquebrajamiento con efecto desmoralizador en la estructura partidaria”, explica Pallais.

Para este jurista la renuncia de Solís debilita al régimen de Ortega y asegura que podría generar nuevas deserciones. “Deja clara la descomposición y fragmentación interna. El régimen va a potenciar sus mecanismos de control y de revancha para que la gente lo piense dos veces antes de tomar una decisión similar”.