La Justicia mexicana suspende el recorte salarial a los funcionarios impuesto por López Obrador

La primera ley del Gobierno de López Obrador ha sido paralizada por el máximo tribunal mexicano. El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Alberto Pérez Dayán ha ordenado este viernes suspender temporalmente la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones que fija un techo salarial para los altos funcionarios de 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares), el nuevo sueldo del presidente. El dictamen del magistrado, que aún ha de ser discutido en el pleno del tribunal, supone un contratiempo para el plan de ajuste de gasto del Gobierno de Morena, que deberá afrontar el inminente debate parlamentario sobre los presupuestos –fijado para la próxima semana– sin el muro de contención que suponía el límite a los salarios públicos. El fallo final sobre la constitucionalidad de la medida podría postergarse hasta seis meses.

El recurso ha sido promovido por una minoría parlamentaria en el senado —Morena domina con mayoría absoluta ambas cámaras— liderada por pesos pesados del PRI —el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong— y del PAN —el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle—. El dictamen de este viernes concede que hay razones para entrar a valorar una posible vulneración del artículo 127 de la carta magna mexicana que establece una retribución para los servidores públicos proporcional a su cargo y responsabilidad. También reconoce un posible conflicto con el artículo 94, que prohíbe que los salarios de los magistrados puedan ser disminuidos durante su cargo.

Contrariado por la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este sábado que los jueces "se equivocan" y que no han entendido la nueva realidad. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre (...) deberían de quitar el retrato de Juárez de la Suprema Corte, porque Juárez decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía entonces, ¿para que tienen a Juárez ahí?”, se preguntó.

López Obrador insistió en que será "respetuoso" con  la decisión que tome el máximo tribunal, pero desafió a los Ministros de la Suprema Corte a que fallen a favor de su propuesta de austeridad. “Vamos a ser respetuosos del artículo 127 de la Constitución que establece que ningún funcionario puede percibir más que el Presidente. Nosotros nos vamos a ajustar a eso y creo que va a hacer lo mismo el Poder Legislativo”, dijo en Tuxtla Gutiérrez, donde asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador de Chiapas,

El plan de austeridad en la Administración, aprobado exprés en septiembre por la mayoría de Morena, había sido recibido por una fuerte ola de rechazo por parte diferentes estamentos públicos, en especial el poder judicial. Más de 2.000 empleados de la judicatura —entre ellos 600 magistrados— han promovido juicios de amparo contra una medida a la que acusan de minar su autonomía institucional. “El desarrollo de estos procesos es independiente aunque paralelo a la acción de inconstitucionalidad que ha motivado la suspensión de este viernes”, subrayan fuentes judiciales. El sueldo mensual —sin sumar prestaciones extra— de los ministros tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal supera los 269.000 pesos al mes, más del doble del techo fijado.

Las reacciones al fallo de la Corte han oscilado entre la crítica y la intrascendencia. "La abusiva e ilegal suspensión de dicha ley por parte de la SCJN no afecta en nada el proceso de aprobación de las remuneraciones presupuestales", manifestó en un tuit el diputado Pablo Gómez, redactor de ley impugnada. “Nunca —añadió— se ha querido aplicar la Ley de Remuneraciones para expedir el Presupuesto de 2019, sino el artículo 127 de la Constitución", precisamente el mismo artículo esgrimido para cuestionar la legalidad de la norma.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acusó por su parte al Poder Judicial haber inducido el propio recurso aprobado este viernes: “La acción de inconstitucionalidad contra la ley de Remuneraciones fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la SCJN. Jueces y parte. ¿Alguien duda como resolverán?”. El Gobierno de Morena y su mayoría parlamentaria se ha topado con el poder judicial como el primer gran muro.

A la espera de la resolución sobre el fondo del recuso y de la oleada de amparos, el órgano de gobierno de los jueces prepara en paralelo una tregua a la confrontación. Un acuerdo general de autorregulación en la que reconocen algunos de los vicios y deudas que tienen con la sociedad mexicana. Están dispuestos a dar un vuelco a su estructura. Pero por ellos mismos. Sin la imposición del Legislativo. El Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, en manos de este diario, pretende promover la meritocracia y erradicar el nepotismo.