Una periodista filipina crítica con Duterte lucha por evitar una condena de 10 años de cárcel

Las voces críticas en Filipinas llevan tiempo sin ser bienvenidas. El régimen de Rodrigo Duterte la ha emprendido contra senadores, medios de comunicación y, ahora, también periodistas. María Ressa, fundadora del medio independiente Rappler, muy crítico con la guerra antidrogas del presidente, ha sido acusada de evasión de impuestos y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de cárcel. Ressa, galardonada con varios premios internacionales, está dispuesta a combatir unas acusaciones que considera “ridículas”.

“Haré lo que sea necesario para enfrentarme a todo esto”, subrayó contundente Ressa a su llegada al aeropuerto de Manila la noche de este domingo, después de haber estado en Europa y EE UU, donde recibió el galardón Gwen Ifil a la libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y el Premio Knight de Periodismo Internacional.

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Ressa, que antes de fundar Rappler en 2012 dirigió la oficina de CNN en Filipinas, regresó a la capital filipina para enfrentarse al proceso judicial iniciado en su contra. Un tribunal de Manila emitió la pasada semana una orden de arresto contra ella después de admitir a trámite cinco demandas de evasión de impuestos interpuestas por el departamento de Justicia filipino. Ressa eludió inicialmente la detención al pagar el lunes una fianza de 1.140 dólares (1.000 euros) hasta que se celebre el juicio. “Voy a hacer que el Gobierno rinda cuentas por llamarme criminal”, dijo Ressa a varios reporteros que la esperaban en el aeropuerto el domingo, según un vídeo publicado por Rappler.

Los cargos contra Ressa están relacionados con una emisión de deuda en 2015 por parte de Rappler que aportó al medio digital beneficios de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros). Según el Gobierno, Rappler no pagó los impuestos correspondientes a esta operación financiera, pero no ha especificado cuánto debería al erario público. “Personalmente, siempre he pagado mis impuestos. Y obviamente la compañía que dirijo también paga los que le corresponden. No tengo ninguna duda de que ganaremos”, enfatizó Ressa en el aeropuerto.

Para Ressa y sus abogados los cargos son “motivados políticamente” y carecen de fundamento jurídico, pues alegan que se basan en calificar a Rappler, que es un medio de comunicación, como agente de valores. “Me he quedado sin sinónimos de la palabra ‘ridículo’. Obviamente no soy corredora de bolsa. Soy periodista y siempre lo he sido”, arguyó.

No se trata de la primera vez que Rappler tiene problemas con las autoridades filipinas, ni tampoco es el único medio del país hostigado por el Gobierno. A principios de año, la Comisión de Valores y Cambio retiró la licencia para operar a Rappler porque la compañía había violado, presuntamente, la norma constitucional que prohíbe a personas o entidades extranjeras poseer medios de comunicación. La decisión de la agencia estatal se fundamentaba en que este diario digital recibió en 2015 financiación de Omidyar Network (un fondo de Pierre Omidyar, fundador y presidente de eBay)

Entonces, Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron al Ejecutivo de vulnerar la libertad de prensa. Duterte también ha amenazado con bloquear la renovación de la licencia al gigante audiovisual ABS-CBN, crítico con sus políticas, y los ex dueños del independiente Philippine Dairy Inquirer fueron igualmente acusados de evasión de impuestos, provocando que el diario fuera vendido a un multimillonario cercano a Duterte.

“La prensa está siendo atacada. Es momento de luchar, de decirle al Gobierno: esta es la línea y no la podéis cruzar”, enfatizó Ressa al respecto. El Gobierno filipino, por su parte, niega la involucración directa de Duterte en el proceso contra la periodista y defiende que se trata de “una cuestión de evasión de impuestos”, según dijo el lunes el portavoz del presidente, Salvador Panelo. “Si violas las leyes fiscales, entonces eres procesado”, puntualizó.

Pero Duterte sí ha dirigido palabras hostiles tanto a Rappler como a Ressa en el pasado. El presidente ha acusado al medio de divulgar fake news (noticias falsas) y llegó a denunciar a Ressa como agente de la CIA. Ressa y otra periodista del medio fueron vetadas en los eventos celebrados en el palacio presidencial.

Desde que ganó las elecciones en 2016, Duterte ha sido especialmente combativo contra quienes han cuestionado su guerra antidrogas, que ha dejado miles de muertos en el país en los pasados dos años. A casos como el de Ressa se suman, por ejemplo, las detenciones de los senadores Antonio Trillanes y Leila de Lima, muy críticos con las políticas del presidente.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) ha urgido a las autoridades filipinas a que retire los cargos contra Ressa, que en un comunicado califica de “intento politizado de silenciar el periodismo independiente”. Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, ha subrayado que el caso “envía el escalofriante mensaje a los periodistas y activistas filipinos de que serán perseguidos si denuncian la sangrienta campaña (antidrogas)” de Duterte.