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COLUMNA i

Algo está podrido

En Colombia en los últimos 10 años van siete casos de interceptaciones y sus comunes denominadores no pueden más que plantear que existe un paraestado

El gran hermano te vigila. Tiene control sobre todos, ese sistema totalitario desde el cual hay alguien observando y que describió magistralmente George Orwell en 1984 vuelve una y otra vez a nuestra cotidianeidad tras el descubrimiento, cada año, de una nueva red de chuzadas, de interceptaciones sobre las cuales se teje inicialmente el anuncio grandilocuente hasta que va siendo enterrado en medio de la acostumbrada manera de aceptar que lo que un día nos llena de estupor, a los pocos, se normaliza, para daño eterno de las instituciones sobre las cuales se construyen los valores de las sociedades y los relatos de la historia.

En Colombia en los últimos 10 años van siete y sus comunes denominadores no pueden más que plantear que existe un paraestado, sin contar con las que estuvieron detrás de la información que permitió asesinar en los años ochenta a tantos inocentes defensores de derechos humanos.

Estas redes de interceptaciones han sido creadas por quienes siempre han ocupado u ocupan las más altas dignidades. Por eso, les es tan fácil determinar qué es cierto y qué es falso y con su discernimiento impartir justicia para dejar impune específicamente lo que le conviene al sistema sobre el cual se ha fundado la manía de escuchar al otro para vengar viejas rencillas, hundir al opositor, vulnerar la intimidad y hasta acabar con la reputación personal y empresarial.

¿Quién es el Winston Smith, el personaje orwelliano, en esta tierra nuestra? ¿Quién ocupa el lugar de Smith en el Ministerio de la Verdad, haciendo lo que hacen, editando, transcribiendo, inventando, denunciando para construir verdades sin que conozcamos los criterios de valoración de esa verdad y cuando los mecanismos para inducirla son siempre más tenebrosos que la verdad misma?

Y si Orwell se adelantó a nuestro tiempo, Yohan Noah Harari lo ha dicho de manera superior en su última obra, 21 lecciones para el siglo XXI: “La censura no funciona bloqueando el flujo de información, sino saturando a la gente de desinformación”. Obligatoria lectura para atravesar las que llama aguas pantanosas. Las aguas en las que los periodistas tenemos cada día un renovado papel para revelar y explicar todo lo que un día dicen y otro desdicen, en función solo de que los oyentes y lectores tengan herramientas para interpretar, no para interceptar.

Decía que todas las chuzadas tienen en Colombia comunes denominadores. Desde las de 2003, y especialmente las de 2007, hasta las últimas denunciadas por el actual fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, en el segundo semestre de 2018, ubicadas en la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño.

Oficiales en retiro

Quiénes las llevan a cabo o las ordenan siempre han sido oficiales en retiro del Ejército o de la Policía, o investigadores de la contrainteligencia, expresidentes, y más que se apoyan en las redes de investigadores corruptos de la propia Fiscalía, que tiene los equipos para espiar. Los espiados casi siempre son magistrados que terminan en el exilio, como Iván Velásquez, empresarios objeto del algún odio secreto, sindicatos que amenazan a un patrono, una mujer u hombre infiel, los periodistas y opinadores sin excepción. Y quien concentra la atención de los medios es el hacker, joven hombre o mujer, que siempre pierde los beneficios por no decir lo que sirve a los procesos.

En mayo de 2007, cayeron seis funcionarios de la Policía señalados por interceptaciones. Entre ellos, el general Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol). Los chuzados: integrantes del proceso de paz con los paramilitares: el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y Eduardo Pizarro León Gómez, miembro de la comisión de reparación a víctimas de las autodefensas. También Sergio Caramagna, delegado de la OEA, y Lucas Pineda, del Comité Internacional de la Cruz Roja; y hasta el obispo de Montería, Julio Cesar Vidal.

Objetivo: periodistas

Y entre los periodistas Lina María Correa, Claudia Gurisatti, María Alejandra Villamizar, Ricardo Calderón, Lewis Acuña, Julio Sánchez Cristo, Álvaro Sierra, Ernesto McCausland; ONG y además las excongresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias y Carlos Moreno de Caro. El escándalo fue tapado rápidamente por el Gobierno, que optó por hacer una barrida histórica en la Policía, sacando a toda la cúpula, al remover a once de los trece generales que tenía en ese momento la institución.

Dos años después, también durante el Gobierno de Álvaro Uribe, estalló el más grande escándalo: interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra periodistas, magistrados y líderes de la oposición de su Gobierno. Nuevamente: los chuzadores, altos funcionarios. La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, detenida por estos hechos, fue sindicada de haber dado la orden de hacer las grabaciones y los seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema.

La revista Semana conoció las pruebas sobre chuzadas a Darío Arizmendi, director de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio; de Alejandro Santos, director de Semana; Daniel Coronell, entonces director de Noticias Uno; Félix de Bedout, periodista de la W, y Ramiro Bejarano, entonces abogado del magistrado César Julio Valencia, quien llevaba un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe. Se metieron a la Corte, infiltraron una Matahari, usaron a la señora de los tintos, dañaron a cuanto empleado se les atravesó y pervirtieron todo. Aunque más de 25 personas terminaron condenadas y el DAS tuvo que ser cerrado después de 58 años de existencia, ante la magnitud del escándalo, muchos salieron impunes.

Descansaron unos años y apareció La sala gris. Una vergüenza, apéndice del sistema Esperanza de Interceptaciones de la Fiscalía General, que funcionaba en la Central de Inteligencia Militar del Ejército. Entre otras actividades irregulares, desde allí los militares vigilaban más de 100 correos electrónicos de periodistas, integrantes de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ONG y hasta funcionarios del propio Gobierno. Como si fuera poco, el fiscal encargado de controlar esa sala fue extraditado, porque se descubrió que interceptaba a agentes antidrogas y posteriormente vendía esa información a narcotraficantes.

Sabotear los acuerdos

En 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscalía descubrió y allanó en un barrio de Bogotá, un centro de inteligencia al interior de un restaurante. Ya no era Gris, se llamó Andrómeda, y allí chuzaban a los miembros del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las FARC en Cuba. Simultáneamente se dio la captura de Andrés Sepúlveda Ardila, quien fue señalado de hackear y efectuar interceptaciones ilegales que tendría como uno de sus objetivos sabotear el proceso de paz que el Gobierno adelantaba con las FARC. A principios del presente año (2018), la Procuraduría finalmente formuló pliego de cargos contra tres miembros del Ejército, vinculados a la Operación Andrómeda, por presuntas irregularidades con la supuesta venta de información de carácter secreto al hacker Andrés Sepúlveda.

No han dejado de oír y oír o de inventar e inventar según las nuevas realidades. Hace poco el periodista Ricardo Calderón reveló los casos de corrupción en el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (CGFM) y cómo millones de pesos terminaron en los bolsillos de oficiales, incluso generales, y otros tantos resultaron destinados irregularmente para adquirir equipos de monitoreo, por medio de los cuales obtenían información con diferentes objetivos diferentes a la seguridad nacional. Por cuenta de las denuncias, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se vio obligado a cerrar definitivamente las dos centrales de inteligencia involucradas.

Y la última, la de Nariño. Con fachada de empresa de seguridad, que lograba obtener información de diferentes personalidades del país. Se trataba de una red de interceptaciones ilegales que ofrecía información privada de empresas, políticos, integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios judiciales, con el propósito de venderla a terceros y al que mejor pagara.

El cerebro de esta investigación resultó ser María Alicia Pinzón, la hacker que desarrolló un software conocido como el Programa Fénix. Pinzón habló sobre los oficiales involucrados en esta red: el coronel en retiro del Ejército, Jorge Humberto Salinas, testigo ya capturado, y el general retirado de la policía, Humberto Guatibonza. En los computadores, la Fiscalía dijo que encontró 175 carpetas en donde, dice, aparecen los nombres de clientes y sus víctimas, reconocidas empresas como Pepsico, Avianca, Goodyear, Argos y Servientrega, entre otras.

Además de una vieja rencilla entre un abogado y un congresista. La carpeta la titularon con el nombre de Barbas porque, según el testigo, así es como conocían al senador en cuestión, uno de los presuntos clientes de la oficina de interceptaciones, a quien se le acusa de chuzar al abogado de sus odios y quien siente por él la misma repulsión.

Paralelamente aparece el nombre de Laudé Fernández y todo por otros dos corruptos: Luis Carlos Gómez y Roberto Montenegro, miembros del CTI, el primero jefe del segundo, fueron, según las declaraciones de los testigos en el caso quienes sirvieron de enlace entre el contratista de Avianca, Laudé José Fernández, y la red de interceptaciones ilegales con sede en Nariño.

Las declaraciones de los coroneles en retiro del Ejército Jorge Humberto Salinas y Luis Mesías Quiroga, ubican principalmente a Montenegro en reiteradas comunicaciones para compartir información encargada, al parecer, por el contratista de Avianca, el señor Laude.

Un mal que se repite

Ya en 2015 en otra columna en este mismo diario, había planteado que las denuncias de hoy son el reflejo de un mal que se repite y se reproduce sin consecuencias. Especialmente las de las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales realizadas desde el ya desaparecido Departamento de Seguridad (DAS), pasando por Andrómeda y el caso Hacker y llegando empresas privadas de exmilitares.

No es nuevo. Lleva dos décadas. Uno de los casos imposible de olvidar es el del general Mauricio Santoyo, quien fue encontrado culpable de 1.449 interceptaciones ilegales en el 2000 contra defensores de derechos humanos y sin embargo, eso no fue impedimento para que poco tiempo después fuera nombrado como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos, tras confesar posteriormente sus relaciones con una temida oficina de sicarios al servicio del narcotráfico.

Y esta vez, algo aún más podrido se estaría descubriendo. ¿Alguien paga por fabricar conversaciones incriminatorias? ¿Qué papel juegan los más importantes hombres del Estado en las mismas? ¿Cómo algo puede ser verdad y mentira al mismo tiempo dentro de un mismo expediente? O ¿todo es la verdad de siempre y nuestras vidas y las de los otros seguirán siendo escuchadas y vigiladas para luego intimidarnos y, ahí sí, demandarnos por hacer lo que nos toca? 

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