Un muerto en Nicaragua tras el ataque a otra protesta opositora

La Policía Nacional de Nicaragua informó el domingo que una persona falleció tras la violencia desatada contra una manifestación que exigía la liberación de los presos encarcelados por el régimen del presidente Daniel Ortega en el marco de las protestas que exigen el fin de su mandato. El fallecido fue identificado como Max Andrés Romero y según la organización murió como “consecuencia de fuego cruzado”.

En un comunicado remitido por la vicepresidenta Rosario Murillo –también esposa del presidente Daniel Ortega–, la policía culpó de la violencia a los manifestantes, a quienes calificó de “grupos violentos” y “terroristas”, que “atacaron a familias y sus viviendas con armas de fuego, morteros (bombas artesanales) y piedras”. Los testigos consultados, sin embargo, informaron que la manifestación fue violentamente atacada por huestes del Frente Sandinista –el partido de Ortega–, oficiales antidisturbios y “paramilitares”, hombres encapuchados armados y leales al régimen.

Tras el ataque resultaron heridas al menos cuatro personas, entre ellos el periodista Winston Potosme reportero del programa de entrevistas Café con voz. Numerosos vídeos publicados en redes sociales muestran cómo hombres en motocicletas disparan a los manifestantes, que se refugiaron en casas y en una parroquia cercana a la zona donde avanzaba la manifestación, en barrios populares de Managua. Uno de esos vídeos muestra a un joven que es auxiliado después de recibir un disparo en el pecho.

La protesta había sido convocada desde el sábado para exigir la liberación de las personas apresadas por el Gobierno de Ortega, la mayoría de ellos acusados por “terrorismo” tras participar en manifestaciones o levantar barricadas, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Estos organismos aseguran que más de 300 nicaragüenses han sido encarcelados de forma ilegal, por expresar sus críticas contra el régimen. El Gobierno reconoció la pasada semana que habían sido apresadas al menos 204 personas, pero negó que se tratara de detenciones ilegales.

Joel Hernández, relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, denunció que el Gobierno no respondió a las solicitudes hechas la semana pasada para visitar las prisiones, por lo que no ha podido constatar el número exacto de detenidos. Hernández dejó Nicaragua el jueves rumbo a Ginebra, donde presentará un informe sobre lo que pudo constatar durante su visita a este país centroamericano.

“Hay muchos aspectos de preocupación”, dijo Hernández en una entrevista el jueves en Managua. “Hay testimonios en los que hemos observado que ha habido detenciones que han sido realizadas al margen de la ley y al margen de los estándares internacionales. Ha habido muchos testimonios que tienen que ver con condiciones de limitaciones al interior de los centros penitenciarios. Es una serie de testimonios que hemos recogido, cada uno plantea situaciones muy particulares, pero nos vamos con esta preocupación general sobre el estado que guardan estas personas”.

La CIDH ha exigido el cese de la represión en Nicaragua, el respeto al derecho de manifestación pacífica y el desarme de los grupos armados irregulares. Las manifestaciones comenzaron en abril y tras cinco meses de crisis se reportan más de 320 muertos y más de 2.000 heridos. Además, debido a la violencia unas 20.000 personas han salido del país, principalmente con rumbo a Costa Rica, donde unos 13.000 nicaragüenses han solicitado refugio.

La crisis ha golpeado gravemente a la economía nicaragüense y ha dejado ya 347.000 personas desempleadas, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), que además afirma que las pérdidas podrían superar los 1.000 millones de dólares al finalizar el año. El sector turismo ha sido el más afectado, con más de 68.000 empleos perdidos y unos 500 millones de dólares en pérdidas. Las empresas del sector informaron que más de 600.000 turistas han dejado de visitar Nicaragua “debido a que las alertas de viaje no se han suspendido”.

El presidente Ortega se refirió al deterioro económico la tarde del sábado en una manifestación en la que participaron miles de simpatizantes del Frente Sandinista. Dijo que la economía estaba “seriamente herida” y culpó de ello a los manifestantes y advirtió a los empresarios de que si se suman a un nuevo paro nacional, enviará a la policía a que mantengan “los negocios abiertos”.

La empresa privada se ha sumado ya a tres paros nacionales para exigir el fin de la crisis. Cada día de huelga, según economistas nicaragüenses, representa pérdidas superiores a los 20 millones de dólares. “Si están queriendo jugar ahora al terrorismo económico, entonces le vamos a ayudar a mantener abiertos los negocios”, advirtió Ortega. “Se han metido a jugar con la economía y jugar con la economía es jugar con fuego y eso tiene su limite”, sentenció el mandatario.