De 90 a 80 km/h: la reducción de la velocidad que divide Francia

La medida parece anecdótica, una decisión tecnocrática que, mirada desde la distancia, podría ser un mero trámite. Pero la reducción de la velocidad máxima en las carreteras de Francia, de 90 a 80 km/h, se ha convertido en uno de estos asuntos en los que se proyectan diferencias ideológicas, geográficas y culturales más profundas. La medida, que entra en vigor este domingo con una mayoría de franceses en contra, probablemente ayudará a reducir la mortalidad, pero representa para muchos afectos una medida elitista y centralista que perjudica a la Francia de provincias y rural.

La reducción afecta a 400.000 kilómetros de carreteras nacionales y departamentales sin separador central. Es decir, aquellas con dos carriles separados por una línea. Son las más letales, donde se produce la mayoría de muertes en carretera. Una reducción de 10km/h en la velocidad máxima puede reducir entre 300 y 400 muertes anuales y hasta 5.000 heridos graves, según datos esgrimidos por el primer ministro Édouard Philippe, que en enero anunció la medida ante la oposición, incluso, de miembros de su Gobierno.

De la efectividad de la reducción de la velocidad parecen quedar pocas dudas. Pero la medida se cuestiona también por su simbolismo. Es un símbolo, para sus detractores, del carácter arbitrario de las decisiones adoptadas en París —por personas que se desplazan en transporte público o bicicleta, si no en coche oficial— y que afectan a todo el territorio. Y resume muchos de los malentendidos entre la Francia urbana, cosmopolita y global, y la llamada Francia periférica de las pequeñas ciudades y los pueblos.

El sociólogo Christophe Guilluy, que popularizó el término de la Francia periférica en un libro del mismo título, explica en un correo electrónico que esta es la Francia en la que se aplicará la medida, la Francia de los “territorios perdedores de la mundialización, donde el empleo desaparece, donde los servicios públicos desaparecen, donde el Estado tiende a apartarse”. “Sus habitantes”, añade, “creen que esta medida contribuirá todavía más a su descenso de ingresos, porque pagarán más multas, y correrán el riesgo de perder puntos y por tanto su carné de conducir. Porque son las categorías más modestas las que usan rutas secundarias, y no los habitantes de las metrópolis, y las que toman el coche para ir a trabajar o a sus actividades de ocio”. La medida, concluye Guilluy, “ahonda un poco más a fractura entre los territorios ganadores y los territorios perdedores, que son los de la Francia periférica”.

El primer ministro Philippe ha querido hacer de la reducción de la velocidad un emblema: cuando una medida es justa, y está justificada, hay que aceptarla. “Si para salvar vidas hay que ser impopular”, ha dicho, “acepto serlo”.