Asesinado un reputado periodista defensor de la paz en Cachemira

Syed Shujaat Bukhari, editor del prestigioso diario Rising Kashmir, fue asesinado ayer jueves por la tarde junto a dos de sus escoltas. Bukhari, salía de su oficina en el centro de la ciudad de Srinagar, capital de Jammu y Cachemira, cuando fue abatido por tres asaltantes en motocicleta, según explicó a la agencia de noticias Reuters el superintendente de policía, Imtiyaz Ismail. Las fuerzas policiales de esta región, administrada por India, han distribuido dos fotografías de los supuestos asesinos captadas por una cámara de seguridad, y piden la colaboración ciudadana para su arresto.

El conocido periodista, que tenía protección policial desde hacía 18 años, formó parte de la delegación india que mantuvo un encuentro informal con representantes pakistaníes el año pasado, y era un firme defensor de la paz como solución a un conflicto que ha enfrentado a dos potencias nucleares desde hace décadas en una de las zonas más militarizadas del mundo. Su asesinato coincide con las conversaciones mantenidas para prolongar el alto el fuego declarado por India hace un mes.

A propuesta del ejecutivo de Jammu y Cachemira y tras un abril sangriento, la región vivía el cese unilateral de la violencia durante el ramadán; el primero en paz desde el 2000. En este contexto, la jefa del Gobierno regional, Mehbooba Mufti, calificó el asesinato de Bukhari de “noticia extremadamente sobrecogedora”, antes de romper a llorar delante de las cámaras.

El atentado ocurrió horas después de que la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicase el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en la región. El análisis de medio centenar de páginas enumera abusos tanto por parte de India como por parte de Pakistán en las zonas de Cachemira administradas por ambas potencias; aunque destaca que las violaciones cometidas por el último son "diferentes por su calibre y magnitud".

En lo referente a India, el estudio se centra en la “excesiva fuerza” utilizada por las autoridades desde julio de 2016, cuando la represión de continuas protestas causó medio centenar de muertes y decenas de miles de heridos. Desde aquel mes y hasta el pasado marzo, entre “130 y 145 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad”, según la oficina de la ONU. En respuesta, el Gobierno de India ha rechazado las alegaciones, tildando el informe de "falacia, motivado y tendencioso".

Junto a la represión, ACNUDH subraya la impunidad y la falta de justicia en la región. Su dosier describe que la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y la Ley de Seguridad Pública (PSA) “crean estructuras que obstaculizan el curso normal de la ley, impiden rendir cuentas [a las autoridades] y comprometen el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a pedir recurso y reparación”.

Algo que denuncian repetidamente diferentes organizaciones, que han criticado la reacción de India ante las acusaciones. “El Gobierno debería aceptar estas observaciones y apoyar una investigación internacional imparcial”, ha declarado Meenakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en el sur de Asia.