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Radiografías americanas
Columna
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Moción de censura a la mexicana

España dio una gran lección al mundo con el procedimiento en contra del Gobierno de Mariano Rajoy

La moción de censura —así reza la definición— es el procedimiento por el que los partidos con representación en la Cámara baja de un Parlamento bicameral o en un Parlamento unicameral de un país, pueden exigir responsabilidad política al poder Ejecutivo. Para estos efectos es imperativo no confundir la moción de censura con el procedimiento de juicio político (inspirado, a su vez, en el impeachment anglosajón), existente en casi todos los sistemas presidencialistas, como el único mecanismo legal para destituir al presidente de la República acusado de la comisión de actos violatorios de la Constitución o de las leyes.

Para que procediera la moción de censura en España, esta tuvo que ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados con la inclusión de un candidato a la presidencia del Gobierno. Si el Congreso expresa su desconfianza al Ejecutivo, da su respaldo a una opción alternativa y la moción de censura es aprobada por mayoría absoluta, el rey nombrará presidente al candidato incluido en la moción, previa renuncia del Gobierno anterior.

Resulta evidente que, tanto en el impeachment, en el contexto de un régimen presidencialista, como en la moción de censura, propia de una estructura parlamentaria, es obligatoria la concurrencia del poder Ejecutivo para proceder a la destitución del presidente de la República o del presidente del Consejo de Ministros, según sea el caso.

Los razonamientos políticos y jurídicos vienen a colación porque Andrés Manuel López Obrador, el candidato “izquierdista” mexicano, propuso reformar la Constitución hacia la mitad de su posible Administración para imponer la “revocación del mandato” cada tres años, sobre la base de someter a la consideración del “pueblo” —léase no del Congreso— la siguiente pregunta: ¿quieres que continúe el presidente o quieres que renuncie? Por supuesto que se trata de llevar a cabo una consulta ciudadana para someter su Gobierno a una especie amañada de referéndum para actuar de acuerdo a la opinión mayoritaria del “pueblo”, sobre la base de que López Obrador decidiría quiénes y cuántos integrarían las filas del “pueblo” para votar en consecuencia, es decir, un referéndum manipulado y dirigido.

Si de lo que se trata, por un lado, es de castigar al Gobierno por irregularidades o ineficiencia durante su gestión, para dichos efectos existen en México las elecciones intermedias, en las que la ciudadanía podría sancionar cada tres años al jefe de Estado de turno, reduciéndole su poder político en las Cámaras de representación popular. Por el otro, ¿López Obrador volvería a hacer costosas campañas electorales vigiladas por 1,4 millones de personas, en lugar de gobernar? Es mucho más conveniente el juicio político para proceder a la destitución, en lugar de recurrir a una consulta popular amafiada y populista.

Imposible olvidar cuando Hugo Chávez en 2004, propuso una consulta popular para que “el pueblo” (otra vez el pueblo) lo ratificara o no en el cargo. El dictador venezolano se había propuesto lograr una aprobación popular entre chavistas… Una gran farsa. El Congreso, también integrado mayoritariamente por chavistas, lo hubiera confirmado en el cargo en el marco de una estruendosa ovación.

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López Obrador, al igual que Chávez, tampoco recurriría al Congreso mexicano para que este, en votación abierta, resolviera la conveniencia o no de su permanencia en el poder. Organizaría un referéndum no contemplado por la Constitución, consultando al “pueblo” en términos desaseados sin la concurrencia de las instituciones de la República, a las que ha mandado “a diablo” (sic) tantas veces como lo ha sentido conveniente.

España dio una gran lección al mundo con el éxito de la moción de censura en contra del Gobierno de Mariano Rajoy. Tal vez muy pronto habremos de asistir a un nuevo proceso de destitución de un jefe de la Casa Blanca, mientras en México es improcedente el juicio político en contra de un presidente de la República. Sin embargo, puede operar “la declaración de procedencia” para exigirle responsabilidad penal. ¿Por qué en lugar de llevar a cabo consultas populares amañadas no se procede a una reforma constitucional para poder destituir y hasta encarcelar a los presidentes en el ejercicio de sus funciones como ocurre en Brasil, en Guatemala y en Perú?

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