El campo brasileño, una vida cada vez más sangrienta

Vivir allí, o en cualquiera de los 3.524 quilombos que aún quedan por Brasil, implica estar en permanente lucha con fazendeiros (dueños de latifundios) y otros interesados en hacerse con ese terreno por la vía que sea. Podría haberse evitado las amenazas si hubiera seguido con su vida tras convertirse en la primera mujer de su familia en ir a la universidad. Pero en 2010 un fazendeiro quemó el quilombo que había sido hogar de los suyos desde que su tatarabuelo fuera liberado en 1888. Y entonces entendió que daba igual lo que se propusiese. Su vida iba a ser una pelea sí o sí. “No podía elegir no luchar. Construí mi identidad alrededor de la causa quilombola”, asegura. Se quedó a cuidar y proteger su tierra. Llegaron las amenazas. A su tío le dispararon mientras navegaba por un río.

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Pero es ahora cuando se siente menos segura. Gabriel Pacífico dos Santos era un quilombola del Estado de Bahía, y el pasado 19 de septiembre unos hombres bajaron de un coche blanco y le pegaron 10 tiros cuando iba a un entierro. Y algo parecido pasó con otros 12 quilombolas el año pasado, una cifra inédita de asesinatos para este tipo de activistas. “Antes vivíamos con miedo, ahora vivimos con más miedo”, lamenta Barros.

Y lo mismo le ocurre a todos sus vecinos. Las zonas rurales brasileñas siempre fueron lugares violentos, donde los problemas, territoriales sobre todo, se resuelven antes con pistolas, incendios y sangre que con una sentencia judicial. Pero hacía tiempo que no corría tanta sangre como ahora. En 2017 hubo 70 homicidios por conflictos de territorio: nueve más que en 2016 y más del doble que en 2013, según el observatorio de la Comisión Pastoral de la Tierra, una ONG que vigila el mundo rural brasileño. Hay que remontarse a 2003 para encontrar cifras similares. La violencia se ha disparado en general por todo el primer país latinoamericano, pero en pocos lugares como en el campo. No hay mucha esperanza para las cifras que dejará 2018. El 15 de abril se encontró, en el Estado de Pará, otro quilombola con tres tiros en la cabeza.

La Comisión calcula que las muertes que se han disparado son las de gente sin tierra que trabaja la de otros temporalmente, o indígenas, quilombolas, okupas de fincas abandonadas o pescadores. O sea, personas que llevan vidas tradicionales, generalmente al margen del progreso, la industrialización y la sociedad en general, y que un buen día se encuentran en sus terrenos un grupo de hombres armados —suele ser con armas de fuego, de ahí el apodo de pistoleros— contratados por alguien que valora esa tierra más que sus vidas. Algunos encuentros son auténticas carnicerías, como el asesinato de nueve hombres en Taquaruçu do Norte, un villarejo de Mato Grosso del Norte en plena selva amazónica, mientras trabajaban los cultivos: siete de ellos murieron a balazos y dos a puñaladas, incluido un pastor que fue decapitado. Fue en abril de 2017, al tiempo de la increíble batalla contra los indios Gamela en Viana (Estado de Maranhão), donde 13 acabaron heridos —cinco por heridas de bala— y a dos se les cortó la mano.

Este año, ese nivel de atrocidad parece haberse aumentado. La semana pasada, en Pará, unos campesinos sin tierra fueron atacados por pistoleros. Les quemaron sus pocas pertenencias y dispararon cerca de los oídos de sus hijos, dos gemelos de tres meses, a los que también pisotearon para intimidar a la madre. Luego subieron a todos a un camión y les soltaron a 70 kilómetros de donde estaban.

Poco a poco, los indefensos están aprendiendo a defenderse. La comunidad de Beatriz Souza —se le ha modificado el nombre a petición de su tribu—, una joven indígena de las orillas del río Arrojado (Bahía), descubrió una mañana hace poco que sus terrenos estaban ocupados por pistoleros. “Y fuimos 80 de los nuestros a plantarles cara”, recuerda Souza ahora. “Amenazaron con dispararnos y a un compañero le rompieron un brazo, pero no nos fuimos. Nos quedamos y les pegamos”, añade con toda naturalidad. “Casi todos huyeron, menos uno. A ese lo capturamos y lo amarramos a un poste. Cortamos las cercas que habían puesto y les quemamos los coches”.

Pistoleros

Pocos dudan del motivo por el que las tensiones se han disparado: el impopular Gobierno de Michel Temer, que solo aprueba el 6% del país, ha tenido que aliarse con el poderoso sector agropecuario brasileño para fortalecer su endeble músculo político. “Son el brazo más poderoso del Congreso ahora. Y han ido desarrollando proyectos de ley a favor de quien quiere nuestras tierras”, cuenta Barros. “Eso hace que estos fazendeiros se sientan protegidos y de ahí viene la violencia”.

Si en ciertas regiones del campo cuanto menos blanco y más pobre equivale a más posibilidades de llevarse los golpes, la lógica para denunciarlo es al revés: entonces los pobres de minorías étnicas lo tienen más difícil también. “La gente como yo no es bien atendida en hospitales”, lamenta Cristina, una de las pocas indígenas que quedan de la tribu Itay, de la etnia guaraní kaiowá de Douradina (Mato Grosso del Sur), que prefiere no decir su apellido.

Los kaiowá han tenido que retomar su propiedad de los pistoleros cuatro veces desde 2011. Aún tienen que lidiar con ellos de vez en cuando. Viven en un ciclo de violencia y amenazas del que sospechan que no saldrán. Podrían irse, tal vez si supieran adónde, pero eso sería para ellos una derrota. Perder la tierra quizá es salvar la vida, pero supone abandonar su historia.

“Esta lucha no es tanto por la tierra como por el respeto por el pasado”, ruge Fátima Barros. “El quilombo de São Vicente se lo dio a mi tatarabuelo su dueño, Vicente Bernardinho, porque era su esclavo favorito. Nos lo quitaron porque sí, en 2010, y lo hubiéramos perdido si no hubiéramos encontrado, de milagro, un papel que lo demostraba. La mayoría de los quilombos no tiene tanta suerte. ¿Y eso en qué lugar nos deja? Nuestra historia también importa. Brasil no quiere reconocerlo pero la vida de nuestros antepasados también importa”.