El Gobierno de Trump fracasa en frenar la legalización de la marihuana

La rutina no se ha alterado en la tienda Wash Hydro, en Washington. A cambio de comprar una camiseta por 42 dólares, el cliente puede escoger entre cuatro “regalos” con marihuana: un cogollo de hierba, un chocolate, un parche o una sustancia para inhalar. La transacción es posible gracias a una ingeniosa explotación de los resquicios legales. En la capital de Estados Unidos, la compraventa y el consumo público de marihuana siguen estando prohibidos, pero está autorizada la plantación y posesión. Eso hace que dar un obsequio con la droga no sea punible.

“Ya no me preocupa romper la ley”, cuenta Peter, de 35 años, en la puerta de la tienda, en el barrio de Adams Morgan y rodeada de bares y restaurantes. Antes compraba marihuana a través de un amigo. Ahora, ironiza, tiene un sinfín de camisetas adquiridas en el establecimiento -al que acude una o dos veces al mes- a cambio de cogollos de marihuana. Sostiene que el referéndum de 2014, que permitió la legalización parcial en Washington, ha cambiado “toda la dinámica” de la compraventa de cannabis y ha hecho que se “respete más” el consumo.

La tienda ilustra la oleada de despenalización de la marihuana en los últimos años en EE UU. Ahora, sin embargo, vive bajo una amenaza latente. El Gobierno del republicano Donald Trump fulminó en enero la política amigable de la anterior Administración demócrata de Barack Obama. El Departamento de Justicia acabó con la doctrina que desde 2013 desalentaba a los fiscales a perseguir delitos relacionados con la marihuana en los Estados -actualmente son nueve- que la han legalizado.

Quedaba en jaque el viraje social que ha disparado la aceptación de la droga, espoleado por un menor temor a sus riesgos, y después de que décadas de mano dura no hayan rebajado drásticamente el consumo y el llenar las cárceles de personas con delitos menores por drogas haya golpeado sobre todo a minorías raciales.

Tres meses después del aviso lanzado por el Departamento de Justicia, la revolución social no se ha frenado. Si el objetivo de Trump y de su fiscal general, Jeff Sessions, era paralizar el dominó de despenalización, han fracasado. Más Estados, incluidos feudos conservadores, han dado pasos para legalizar el uso recreativo o medicinal de la marihuana. Y las autoridades farmacéuticas estadounidenses dieron la semana pasada su primera revisión positiva a una medicina elaborada con extractos de cannabis e ideada para el tratamiento de niños con epilepsia. Sería la primera vez que se aprueba en EE UU un fármaco originario de la marihuana.

Como epítome del nuevo paradigma, la creciente tolerancia a la droga empieza a vislumbrarse entre destacadas voces conservadoras. El republicano John Boehner, que fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2015 y que se había declarado un “opositor inalterable” a la legalización de la marihuana, ha cambiado de opinión. Boehner se incorporó a principios de abril a la junta de asesores de Acreage Holdings, una empresa de cannabis presente en 11 Estados, y dijo que ha llegado el “momento de una consideración seria sobre un giro en la política federal de marihuana”.

Y el pasado miércoles un destacado congresista republicano -Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes- anunció que sería el coautor de una propuesta de ley para facilitar la investigación médica del cannabis, lo que dispara las posibilidades de aprobación de la norma. Parte del giro se explica por la promoción de la marihuana como un analgésico contra los dolores de soldados retirados y como sustituto de opiáceos, responsables de una feroz epidemia de adicción y muerte en EE UU.

Un 64% de los estadounidenses apoya legalizar la marihuana, según una encuesta de Gallup a finales de 2017. Es el porcentaje más alto desde el inicio de la serie estadística. El sondeo también indicó que por primera vez también es mayoritario el respaldo entre republicanos: es del 51% frente al 42% de un año antes. Entre los votantes demócratas, un 72% son partidarios de la legalización.

La marihuana es ilegal bajo la ley federal. EE UU continúa considerándola una droga de alto riesgo que no puede usarse con fines médicos, como la heroína o el LSD. Con la nueva hoja de ruta del Departamento de Justicia, cualquier establecimiento o consumidor de cannabis puede ser objeto de denuncias, aunque de momento no se ha percibido un giro significativo de los fiscales. EE UU es el segundo mayor consumidor mundial de marihuana por habitante, según datos de la ONU.

Ecos del pasado

Hay ecos del pasado. En los años ochenta, el presidente republicano Ronald Reagan describía la marihuana como “probablemente la droga más peligrosa en Estados Unidos”. El fiscal general Sessions bebe de ese discurso. Ultraconservador y partidario de endurecer los castigos por el uso de drogas, es el arquitecto de la nueva política. “Es la misión del Departamento de Justicia aplicar las leyes y la anterior directriz socava la ley”, argumentó al dar carta blanca a sus fiscales. Defendió que es la mejor vía de luchar contra el narcotráfico y el crimen violento. En cambio, Trump se ha quedado en un segundo plano. Como candidato electoral se mostró ambivalente: dijo que podía entender el uso medicinal de la marihuana, sugirió que cada Estado debía poder decidir sobre la legalización pero también advirtió del riesgo de fomentar un comercio ilegal.

Tras la amenaza de Sessions, destacados republicanos criticaron la nueva política y varios Estados no se amendrentaron. Vermont se convirtió en el noveno Estado en legalizar la posesión de marihuana con fines recreativos (la venta sigue vetada). Y lo hizo con dos matices relevantes: bajo el apoyo de su gobernador republicano y siendo el primer Estado que aprueba la legalización en el Congreso y no mediante un referéndum.

Al margen de la ciudad de Washington, los otros Estados que han legalizado el uso recreativo del cannabis son Washington, Oregón, Nevada, California, Alaska, Colorado, Massachusetts y Maine. En paralelo, Carolina del Sur, Utah y Oklahoma, de dominio republicano, también han avanzado en las últimas semanas hacia la autorización del uso medicinal de la marihuana, permitida en 29 de los 50 Estados de EE UU.

Kate M. Bell, responsable legislativa de Marijuana Policy Project, una organización que promueve la legalización de la marihuana en EE UU, cree que la nueva política de Justicia puede acabar limitándose a endurecer aquellos principios que ya podían perseguir los fiscales durante el Gobierno de Obama, como por ejemplo evitar que la marihuana que se produce legalmente en un Estado se transporte a otro Estado donde no está permitida la venta.

Su tesis es que la ola de despenalización del cannabis no tiene marcha atrás porque sostiene que los argumentos de los críticos no se han cumplido. “Las estadísticas demuestran que la legalización no lleva a un aumento del uso por parte de adolescentes o de las muertes en accidentes de tráfico, tampoco a utilizar otras drogas”, asegura. “También existen los enormes beneficios de no atrapar a gente en el sistema judicial porque crea todo tipo de consecuencias colaterales para ellos, como dificultades para encontrar una vivienda o empleo”.