El Tribunal Constitucional portugués anula la ley de gestación subrogada

El Tribunal Constitucional de Portugal ha decidido este martes anular varios puntos de la norma que legaliza el uso de vientres de alquiler a las mujeres estériles, en vigor desde agosto de 2017, al considerar que violan principios y derechos constitucionales. El alto tribunal ha explicado en un comunicado que aunque la ley en sí misma "no viola la dignidad de la gestante ni del bebé nacido en consecuencia del procedimiento, ni el deber del Estado de protección de la infancia", hay puntos que violan "principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución". A pesar de la anulación, los jueces del tribunal han decidido que no tendrá efecto sobre los procesos de gestación subrogada ya autorizados por el Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida.

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Entre los puntos censurados, el alto tribunal ha criticado que no exista la posibilidad de que la gestante se arrepienta, lo que impide "el ejercicio pleno de su derecho fundamental al desarrollo de la personalidad". También ha apuntado a la " indeterminación excesiva" de la ley en los límites que se imponen a las partes del contrato, lo que en la práctica supone que se pueden realizar negociaciones sobre las condiciones del embarazo que podrían ser excesivas. El anonimato de los donantes de óvulos o espermatozoides y de la gestante para el futuro bebé también ha sido censurado por el Constitucional, que ha considerado que impone "una restricción innecesaria a los derechos de identidad personal y al desarrollo de la personalidad" de las personas nacidas por gestación subrogada.

Tras su entrada en vigor, la ley fue remitida al Tribunal Constitucional por los partidos conservadores lusos, el PSD (centro-derecha) y el democristiano CDS. La norma permitía el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de fertilidad que hayan nacido sin útero o tengan alguna lesión que les impida quedarse embarazadas y limitaba al "mínimo indispensable" el contacto del futuro bebé con la madre gestante, que no podría recibir ningún pago.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó en un primer momento la norma y acabó promulgando una segunda versión aprobada por el Parlamento que subsanaba los fallos apuntados por el jefe del Estado.