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La cancelación exprés del pacto de inmigración cuestiona de nuevo el liderazgo de Netanyahu

El primer ministro israelí cede ante la presión de sus socios y deja sin efecto lo acordado con la ONU

Inmigrantes africanos se manifiestan frente a las oficinas del primer ministro Netanyahu, este martes en Jerusalén.
Inmigrantes africanos se manifiestan frente a las oficinas del primer ministro Netanyahu, este martes en Jerusalén. AFP

Ni 24 horas ha durado el acuerdo entre Israel y ACNUR, agencia de la ONU para los refugiados, para deportar a 16.250 inmigrantes africanos que se encuentran en situación ilegal en Israel. El calificado, el lunes, por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como “el mejor acuerdo posible”, no convenció a sus socios de gobierno. Concretamente, la segunda parte de la cacareada solución, por la que Israel se comprometía a dar asilo a un número similar de inmigrantes. “Por cada inmigrante irregular que se marche, nos comprometemos a dar la residencia temporal a otro”, llegó a explicar Netanyahu.

Los ministros Ayelet Shaked, Miri Regev, Yisrael Katz, Moshe Kahlon y Naftali Bennett plantaron cara al jefe del Ejecutivo y se manifestaron públicamente en contra de acoger a un número tan elevado de mistanenim (infiltrados) —como les llaman siempre en hebreo a los inmigrantes irregulares africanos—. “Es malo para Israel (...). Suspenderlo no es suficiente, hay que cancelarlo”, sentenció Bennett, el ministro de Educación. Y finalmente Netanyahu dio una espantada y cedió a las presiones.

Tras reunirse en Tel Aviv, junto con el ministro del Interior Arye Deri, con representantes de las comunidades más afectadas por el fenómeno de la inmigración irregular, colgó un comunicado, en las redes sociales Facebook y Twitter. “Tras sopesar de nuevo los pros y los contras, decidí cancelar el acuerdo”, escribió Netanyahu. Una decisión que deja de nuevo en el limbo a unos 38.000 africanos, de los cuales un 73% son eritreos y un 20% sudaneses. Este martes, decenas de irregulares se manifestaron frente a la sede del Likud y también frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén. Algunos se colocaron en fila, con el torso desnudo y encadenados, emulando la venta de esclavos, una forma simbólica de decirle al líder israelí que estaba traficando con ellos.

La única parte del acuerdo anunciado el lunes que se mantiene es la creación de una oficina dirigida por el político Avigdor Yitzhaki, que se encargará de rehabilitar el sur de Tel Aviv, el lugar donde se concentran la mayoría de los inmigrantes africanos y principal foco de enfrentamientos con los residentes israelíes.

La política zigzagueante del primer ministro israelí le ha acarreado no pocas críticas de los partidos de la oposición, que lo acusaron de falta de liderazgo y cobardía. Y una vez más, a golpe de Twitter —puesto que son días festivos en Israel y no hay actividad parlamentaria. “Israel necesita un primer ministro con capacidad para tomar decisiones y sobre todo para actuar (...) no uno con falta de liderazgo y cobardía que escapa de su responsabilidad”, escribía Avi Gabbay, líder del laborismo israelí, nada más conocer la cancelación del acuerdo. “No se preocupa por nada más que por la política” criticaba Yair Lapid, el líder de Yes Atid. “Netanyahu no tiene política, solo un encendedor y un extintor de incendios que utiliza según sus intereses”, sentenciaba Tamar Zandberg, recientemente elegida al frente de Meretz.

Desde el primer momento afloraron las grietas del acuerdo con la ONU. Netanyahu mencionó a Alemania, Italia y Canadá como los países de acogida pero los dos primeros se apresuraron a dejar claro que no tenían constancia de ello. Ni siquiera el ACNUR confirmó ese extremo. "No sé por qué Netanyahu ha mencionado a Italia y a Alemania", reconoció el lunes en conversación telefónica con EL PAÍS Sharon Harel, la responsable adjunta de la agencia de la ONU en Israel.

El primer ministro israelí tendrá que buscar ahora un nuevo consenso, que se ajuste a las directrices de la Corte Suprema israelí —que se espera le dé un nuevo plazo para presentar una solución al problema—, que no vulnere la legalidad internacional y que cubra las expectativas de sus socios de Gobierno que, este martes, demostraron que prefieren soluciones más contundentes que no hagan de Israel un “paraíso de la inmigración ilegal”, como advirtió Bennett.

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